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GÜRTEL| Crespo acusa a Costa y reconoce que el PP de Valencia pagó en negro a la trama

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A preguntas de la fiscal Myriam Segura durante la vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Crespo ha explicado que esta proposición la hizo Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, en una reunión mantenida en su despacho en la que estuvo presente el también investigado Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, responsable de Orange Market.

El empresario ha explicado que Costa les confesó que no había dinero para saldar la deuda y que «la única solución» era facturar «a determinados empresarios» para cobrar. Estos últimos, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, ratificaron en la primera sesión de juicio que financiaron de forma irregular al Partido Popular Valenciano presidido en esos momentos por Francisco Camps.

La respuesta de Crespo fue que no les gustaba la proposición, pero le respondieron que no había otra alternativa. «Era hacerlo así o no cobrar», ha explicado el investigado a preguntas del magistrado José María Vázquez Honrubia.

«Cuando supe de esta reunión llamé a (Francisco) Correa para explicarle exactamente lo que había sucedido y aceptamos hacerlo así porque sino tendríamos que haber hecho un concurso de acreedores y el cierre de la compañía porque en ese momento teníamos deuda vencida en los proveedores y teníamos que pagar a los empleados. No era una cuestión solo de beneficio», ha explicado Crespo.

Crespo es el segundo de los investigados que señala a Costa como la persona del PP valenciano desde la cual saldría la orden de pagar en ‘b’ a las empresas de la trama. En su declaración del pasado martes, Correa explicó que fue éste quien indicó a una de las empresas de la trama, Orange Market, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si «querían cobrar».

El ‘número’ dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha reconocido este viernes que el PPCV, liderado por Francisco Camps, pagó con dinero en negro los eventos y actos electorales de las campañas municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 que contrataron con la empresa Orange Market.

Durante su declaración en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, Crespo –que se enfrenta a 22 años de prisión– ha corroborado lo que ya confesó el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. A preguntas de la fiscal Myriam Segura ha explicado que parte de los eventos que realizó Orange Market para los ‘populares’ valencianos fueron pagados en «efectivo» y que fue un dinero que «no se declaró», pues fue integrada en su totalidad a la «caja ‘b’ del señor Correa».

«La otra parte de trabajos para el PP fueron pagados por los empresarios que prestaron aquí declaración», ha añadido. Estos empresarios han alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que sufragaron de forma ilegal los actos de la formación política.

Crespo finalmente ha contestado a las preguntas de todas las partes, aunque en un principio sólo iba a contestar a su abogado, Miguel Durán, con la promesa de la «absoluta expresión de la verdad», según ha dicho el letrado.

Por otro lado, el ‘número dos’ de la Gürtel ha enfatizado que ha podido «haber facturación cruzada pero por trabajos efectivamente realizados», al igual que ya hizo Correa durante su declaración.

La declaración de Crespo estaba prevista para este miércoles, pero tras la confesión de Correa su letrado y el de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ solicitaron al juez José Manuel Vázquez Honrubia suspender el juicio durante 48 horas para poder estudiar la estrategia de defensa a seguir. Durán ha afirmado antes del inicio del juicio que no se ha alcanzado ningún pacto con la Fiscalía Anticorrupción, pero que aún así contará la verdad.

(((Habrá ampliación)))

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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