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IMELSA | El juez abre una nueva pieza con Rus y Caturla e investiga el pago de comisiones ilegales

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(EUROPA PRESS)-El Juzgado de Instrucción 18 de València ha abierto una nueva pieza separada en el caso Imelsa con el expresidente de la Diputación Alfonso Rus y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla e investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat.

Junto a Rus y Caturla, en esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, considerado el ‘recaudador’; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Por el momento el magistrado rechaza investigar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps. Al respecto, indica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas pero «constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación» y, por tanto, «no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas».

En relación con Camps, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostenía que el exjefe del Consell «tendría en gran parte conocimiento de los hechos» relacionados con una presunta financiación irregular tanto del PPCV como del PP provincial.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de «favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva», según consta en el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una «finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa», Marcos Benavent.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes «sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación» para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

INFORMES Y DECLARACIONES

El juez, dentro de esta pieza separada, ordena que se cite a declarar como investigados a Benavent y a Caturla los próximos días 6 y 8 de marzo, respectivamente, a las 12 horas.

Así mismo, requiere a Ciegsa que mande al juzgado diversa documentación, entre ella, estatutos de la entidad vigentes durante el periodo 2004-2007; normas internas de contratación; relación del personal técnico que prestaban servicio interno en la empresa durante el mismo periodo; composición del Consejo de Administración de la entidad; y copia íntegra y certificada de los expedientes de adjudicación de los cinco centro educativos investigados.

También solicita a la Intervención General de la Generalitat informe de fiscalización de los expedientes administrativos y de supervisión económica de los proyectos técnicos indicando, de modo especial, si las posibles desviaciones en el coste final se explican y se justifican, o no, por razones de carácter técnico.

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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