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Valencia

Los casos de gripe se disparan en la Comunitat

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Un niño recibe la vacuna contra la covid. EFE/Víctor Lerena/Archivo
València, 25 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).-Sigue desde Official Press la incidencia de covid y gripe en la Comunitat Valenciana.

La incidencia de la gripe en la Comunitat Valenciana casi se duplicó en la tercera semana del año y se situó en 100,2 casos por cien mil habitantes, mientras que tanto la de covid-19 como la del virus respiratorio sincitial (VRS) disminuyó hasta los 98 y 54,9 casos, respectivamente.

Así lo señala el último Boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) de la Comunitat Valenciana, correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero, publicado este miércoles en la web de la Conselleria de Sanidad.

La incidencia de gripe casi se duplica en la tercera semana y baja la de covid

La incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas -la suma de los tres virus- se situó en la tercera semana en 1.075,7 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 1.120,9 casos de la semana anterior, y sigue por encima de la media nacional, situada en la tercera semana en 751 casos.

Estas infecciones afectaron especialmente a los menores de entre cero y cuatro años, que presentaron una incidencia de 4.123 casos por cada cien mil habitantes, mientras en la segunda semana del año era de 3.002,4 casos.

La covid redujo su incidencia respecto a la segunda semana del año, con 98 casos por cien mil habitantes frente a los 142,3 de la semana dos de 2023; el virus respiratorio sincitial (VRS) también se redujo (54,9 la tercera semana y 133,3 la segunda); y la gripe casi se duplicó desde la tasa de 54,9 casos en la segunda semana a 100,2 en la tercera.

En el caso de la incidencia de Infecciones Respiratorias graves en los hospitales de la Comunitat Valenciana, fueron 14,9 casos en la tercera semana (frente a los 29,2 casos de la segunda), por debajo de la media nacional, de 21 casos.

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Valencia

Caturla niega la influencia de Rus en Ciegsa y dice que no había «zombis»

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EFE/Kai Försterling
El ex consejero delegado de la empresa pública Ciegsa -dedicada a la construcción de centros educativos- Máximo Caturla, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia donde declara como acusado en el juicio del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en empresas públicas. El fiscal pide para él una condena de 12 años de prisión por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad. EFE/ Manuel Bruque

València, 31 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de la empresa pública dedicada a la construcción de colegios Ciegsa, Máximo Caturla, ha negado la influencia del entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, en las contrataciones de la compañía y la existencia de “zombis” en la empresa.

Además, Caturla ha afirmado que entendía que los contratos de alta dirección eran legales porque los diseñó el abogado Manuel Broseta, que fue secretario de Ciegsa.

El exdirigente del PP ha declarado este martes en el juicio de la pieza el caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en el que el fiscal reclama para él una condena de seis años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros e inhabilitación especial por seis años.

Caturla ha declarado que la designación de algunos de los puestos directivos en la compañía dependía del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, que fue consejero delegado de la empresa y presidente antes que él, y que la contratación de trabajadores y directivos acusados de ser “zombis” dependía de los responsables de la división económica y de recursos humanos.

En una declaración que se ha retrasado por la no comparecencia a la hora de inicio del juicio del exgerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, que finalmente ha llegado sobre las 11.25 horas, Caturla ha asegurado que su relación con Rus era “cordial, de partido, normal” y ha dicho conocerlo “desde 1995, porque en política conoces a muchísimas personas, alcaldes, a mucha gente”.

A preguntas del letrado del expresidente de la Diputación, ha asegurado que Rus “no tenía absolutamente nada que ver con Ciegsa, ni con la contratación ni con nada” y que tan solo “era alcalde de su pueblo”, en alusión a Xàtiva.

Sobre Marcos Benavent, ha dicho que no lo conoció hasta que lo nombraron secretario autonómico de Educación, alrededor de 2004 o 2005, y ha afirmado haber tenido “una relación normal” con el jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, hasta su llegada a la Diputación, cuando lo conoció “con más profundidad”.

En cuanto a la posibilidad de que hubiera “zombis”, trabajadores que cobraban de Ciegsa pero trabajaban en el Partido Popular, ha afirmado: “Que yo sepa, no, y no lo habría consentido”.

Caturla, sin embargo, ha dicho entender que algunos de ellos se hayan conformado durante el juicio y reconocido los hechos, porque “estas cosas desgastan mucho y destrozan a muchas familias”.

Sobre las contrataciones, ha afirmado que la de la jefa de relaciones entre la sociedad y la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, Clara Sáez, la hizo Esteban González Pons en julio de 2004, porque en ese momento era consejero delegado y presidente de Ciegsa, y ha dicho que “debe haber algún error” porque es la firma de Caturla la que está en el contrato.

“Es lo que yo veo que no entiendo, ya me gustaría a mí entenderlo”, ha defendido, y ha añadido que le da la “sensación” de que “hasta puede que no sea” su firma, ya que no tenía siquiera poderes en esa época.

Sí ha reconocido haber contratado a Antonio Gil Monteagudo como jefe de planificación, seguimiento y coordinación del nuevo programa de infraestructuras educativas, pero ha afirmado que el puesto de jefe de planificación, seguimiento y coordinación de las infraestructuras y actuaciones excepcionales dependía de otro consejero, Carlos Precioso.

El organigrama de la entidad, ha añadido, lo trabajaron el asesor del presidente y él mismo y lo propusieron en 2004, si bien ha asegurado que el hecho de que los contratos que se investigan fueran de alta dirección “lo diseñó Manuel Broseta”, abogado y secretario de la empresa pública, al que se le dio esta función por su “mayor conocimiento” del ámbito jurídico.

Fue él, ha asegurado, quien tipificó los contratos y quien decidió que, como la ley -hasta 2007- lo permitía, no se iba a dar poderes a los contratados como altos directivos.

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