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Valencia

Sanidad tendrá que pagar 10.000€ a la víctima del ex de Oltra

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indemnización víctima ex Oltra

València, 12 jul (OFFICIAL PRESS – EFE). El Juzgado de lo Social 1 de Elche (Alicante) ha ordenado a la Conselleria de Sanidad que abone la indemnización por despido improcedente acordada en marzo para la joven que fue víctima de abusos por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, al no readmitir a la joven y su expareja en la plantilla del Hospital de Torrevieja tras su reversión a la sanidad pública.

Ordenan a Sanidad pagar 10.000 euros a la víctima del ex de Oltra por despido improcedente

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado entiende que esa cantidad se tendrá que abonar de inmediato, a expensas de ver si prospera el recurso presentado por la defensa de esta joven, que reclama que la indemnización aumente hasta los 25.000 euros.

El pasado marzo este mismo juzgado condenó a la Conselleria de Sanidad a pagar 10.000 euros a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra y la misma cantidad a su entonces pareja, al declarar nulo el despido de ambos como trabajadores del Hospital de Torrevieja tras la reversión a la sanidad pública de este centro.

La Generalitat recurrió la sentencia que estimó parcialmente la demanda de este caso interpuesta por ambos, al considerar la «existencia de vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad», al tiempo que declaró «la nulidad radical del despido tácito impugnado» y dispuso la readmisión laboral de los dos con abono de los salarios.

Hecho probado

El juzgado consideró hecho probado que, con carácter previo a producirse la reversión del citado servicio sanitario, la demandante interpuso una denuncia frente al exmarido de la que fue vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por «abusos sexuales sufridos durante el tiempo que, siendo menor de edad, estuvo bajo la tutela de la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño Jesús».

Señala que «fruto de dicha denuncia se abrieron diversos procesos penales, uno frente» al exmarido de Oltra, que «resultó condenado», y otro frente a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano.

La sentencia indica que la demandante trabajaba como auxiliar administrativa, con antigüedad desde el 1 de septiembre de 2021 y un salario mensual neto de 1.592 euros, incluida la parte proporcional de las pagas extras, en virtud de un contrato de interinidad a jornada completa.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dirige la investigación a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otros altos cargos, en una causa abierta por maniobrar supuestamente para ocultar este caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que se condenó a su exmarido, en una sentencia que se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo.

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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