Síguenos

Valencia

Sanidad tendrá que pagar 10.000€ a la víctima del ex de Oltra

Publicado

en

indemnización víctima ex Oltra

València, 12 jul (OFFICIAL PRESS – EFE). El Juzgado de lo Social 1 de Elche (Alicante) ha ordenado a la Conselleria de Sanidad que abone la indemnización por despido improcedente acordada en marzo para la joven que fue víctima de abusos por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, al no readmitir a la joven y su expareja en la plantilla del Hospital de Torrevieja tras su reversión a la sanidad pública.

Ordenan a Sanidad pagar 10.000 euros a la víctima del ex de Oltra por despido improcedente

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado entiende que esa cantidad se tendrá que abonar de inmediato, a expensas de ver si prospera el recurso presentado por la defensa de esta joven, que reclama que la indemnización aumente hasta los 25.000 euros.

El pasado marzo este mismo juzgado condenó a la Conselleria de Sanidad a pagar 10.000 euros a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra y la misma cantidad a su entonces pareja, al declarar nulo el despido de ambos como trabajadores del Hospital de Torrevieja tras la reversión a la sanidad pública de este centro.

La Generalitat recurrió la sentencia que estimó parcialmente la demanda de este caso interpuesta por ambos, al considerar la «existencia de vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad», al tiempo que declaró «la nulidad radical del despido tácito impugnado» y dispuso la readmisión laboral de los dos con abono de los salarios.

Hecho probado

El juzgado consideró hecho probado que, con carácter previo a producirse la reversión del citado servicio sanitario, la demandante interpuso una denuncia frente al exmarido de la que fue vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por «abusos sexuales sufridos durante el tiempo que, siendo menor de edad, estuvo bajo la tutela de la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño Jesús».

Señala que «fruto de dicha denuncia se abrieron diversos procesos penales, uno frente» al exmarido de Oltra, que «resultó condenado», y otro frente a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano.

La sentencia indica que la demandante trabajaba como auxiliar administrativa, con antigüedad desde el 1 de septiembre de 2021 y un salario mensual neto de 1.592 euros, incluida la parte proporcional de las pagas extras, en virtud de un contrato de interinidad a jornada completa.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dirige la investigación a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y otros altos cargos, en una causa abierta por maniobrar supuestamente para ocultar este caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que se condenó a su exmarido, en una sentencia que se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo.

 

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

Publicado

en

Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo