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Valencia

Los precios subieron en 2024 un 2,8 % en la Comunitat, lo mismo que la media española

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inflacion comunitat valenciana

 15 ene (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) cerró 2024 con subidas anuales en todas las comunidades autónomas, entre el 2,2 % de Canarias y el 3,6 % de País Vasco, y en la Comunitat Valenciana fue del 2,8 %, igual que la media española, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por encima de la media, que el INE confirmó hoy en el 2,8 %, los precios aumentaron, además de en Euskadi, en Baleares (3,4 %), Aragón y Asturias (3,1 % en ambas) y Cantabria, Cataluña y Madrid (2,9 % en los tres casos).

Igual que la media terminaron el año Comunitat Valenciana, Extremadura y La Rioja y por debajo Andalucía, Castilla y León, Galicia y Navarra (las cuatro en el 2,7 %), Murcia (2,6 %) y Castilla-La Mancha (2,5 %), además de Canarias.

En Melilla subió el IPC un 2,6 % anual y en Ceuta un 2,2 %.

Todas las comunidades registraron subidas también en el mes de diciembre, mayores en Asturias y País Vasco (0,6 %) y menor en Canarias (0,1 %).

Entre ambos extremos, los precios subieron en diciembre medio punto, igual que la media, en Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra y cuatro décimas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia, Murcia y La Rioja.

Por grupos, todos ellos subieron en las 17 comunidades en 2024 excepto Vestido y calzado en Canarias, La Rioja, Murcia, Extremadura y Madrid; Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar en Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja; Comunicaciones en la Comunitat Valenciana y Navarra; y Enseñanza en Castilla y León.

El que más se encareció, el que agrupa Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, creció más en 2024 en Extremadura (9,9 %), Andalucía (9,0 %) y Comunitat valenciana (8,5 %) y menos en Canarias y Madrid (en las dos un 6,3 %) y en Navarra (6,7 %)

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió más en País Vasco (3,6 %), Aragón (2,9 %) y Baleares (2,5 %) y menos en Murcia (1,1 %) y Canarias y Extremadura (1,2 % en ambas).

Sanidad aumentó más sus precios en La Rioja (3,6 %), Comunitat Valenciana (3,0 %) y Murcia y Baleares (2,6 % las dos); Enseñanza en Aragón (4,2 %) y Comunitat Valenciana y Navarra (3,4 % en ambas); y Transporte en Murcia (1,7 %), Extremadura (1,5 %) y Baleares (1,3 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas y en porcentaje, la tasa de inflación del pasado mes de diciembre y la acumulada en 12 meses y la anual, que en este caso coinciden, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE):

  MENSUAL ACUMULADA ANUAL
ANDALUCÍA 0,5 2,7 2,7
ARAGÓN 0,5 3,1 3,1
ASTURIAS 0,6 3,1 3,1
BALEARES 0,5 3,4 3,4
CANARIAS 0,1 2,2 2,2
CANTABRIA 0,5 2,9 2,9
CASTILLA Y LEÓN 0,5 2,7 2,7
CASTILLA-LA MANCHA 0,5 2,5 2,5
CATALUÑA 0,4 2,9 2,9
COMUNITAT VALENCIANA 0,4 2,8 2,8
EXTREMADURA 0,5 2,8 2,8
GALICIA 0,4 2,7 2,7
MADRID 0,5 2,9 2,9
MURCIA 0,4 2,6 2,6
NAVARRA 0,5 2,7 2,7
PAÍS VASCO 0,6 3,6 3,6
RIOJA, LA 0,4 2,8 2,8
CEUTA 0,6 2,2 2,2
MELILLA 0,5 2,6 2,6
NACIONAL 0,5 2,8 2,8

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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