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Arranca el curso escolar: todas las novedades
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 3 añosen
Valencia, 11 sep (OFFICIAL PRESS – EFE).- Más de 800.000 alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana tienen una cita este lunes, día en el que da inicio el curso escolar 2023-2024, en el que se estrenan trece centros educativos y habrá más profesores que el curso pasado (un aumento del 3,91 %).
En total, el nuevo curso contará con 802.198 alumnos en segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional (408.130 en Valencia, 298.070 en Alicante y 95.998 en Castellón), que suponen 4.030 más y un aumento del 0,50 % respecto al curso pasado.
Entre el alumnado de este curso, ha bajado ligeramente el de segundo ciclo de Infantil y Primaria, mientras que han aumentado los alumnos de ESO, Bachillerato y, de forma significativa, los de Formación Profesional, que pasan de 101.662 a 107.675 y quienes disponen este año de ocho ciclos nuevos.
Las aulas contarán en total con 81.736 docentes, que son 3.077 más que el curso anterior, algunos de los cuales han sufrido los retrasos en un proceso de adjudicación de plazas que se ha prolongado hasta bien avanzado agosto y con errores que según la Conselleria de Educación ya se han solucionado.
La Comunitat Valenciana cuenta desde este mes de septiembre con 13 nuevos colegios: dos en la provincia de Castellón (Morella y Almassora); cuatro en Valencia (Sagunto, Gilet, Picassent y Alcàsser) y siete en Alicante (Castalla, Dénia, Monóvar, Torrevieja, Cocentaina, Pilar de la Horadada y Mutxamel), a los que se sumarán 9 mas durante el curso.
Por lo que respecta a las ayudas, las becas al comedor escolar cuentan con 75,4 millones de euros, para beneficiar a más de 150.000 alumnos, de los que el 53,33 % recibirá la ayuda al 100 % (4,25 euros por comensal y día en Infantil, Primaria y ESO; 5,44 euros en Educación Especial, y hasta 12,25 euros para el alumnado de alguna Escuela-Hogar).
Al banco de libros accederán 470.000 alumnos, gracias un presupuesto de 72 millones de euros (12 millones más que el curso pasado, un aumento del 20 %, ya que se amplía este año a Bachillerato), y el bono infantil, para la escolarización de la franja de 0 a 3 años, tendrá 39.900 beneficiarios, con un presupuesto de 87,5 millones de euros.
En el transporte escolar, comienza la ejecución del nuevo contrato que incluye al alumnado de Bachillerato como beneficiario de este servicio gratuito, al que se destinan 72,5 millones de euros y beneficiará a 43.700 alumnos, mientras que las ayudas individuales al transporte suponen otros 2,03 millones de euros.
La planificación de este curso escolar la dejó hecha el anterior equipo de la Conselleria, mientras que el nuevo afirma que sus prioridades para los próximos meses serán «el refuerzo de la calidad educativa, sacar la ideología de las aulas y recuperar la libertad educativa, y la prevención y el cuidado de la salud mental del alumnado».
Desde la oposición, el ex secretario autonómico de Educación y miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha afirmado que este va a ser «el peor» inicio de los últimos años debido a «la incompetencia del Gobierno de Mazón y la ultraderecha», y ha instado a Rovira a «dejar de acusar al profesorado y de buscar excusas».
Otra de las novedades de este curso es la resolución que ha dictado la Conselleria para que en la ESO se destinen a Matemáticas e Inglés las dos horas que anteriormente eran para la asignatura de proyectos interdisciplinares (anulada por una sentencia judicial), lo que han recurrido en los tribunales sindicatos como UGT o STEPV.
La Conselleria ha garantizado que el curso empezará «con normalidad», mientras que los sindicatos educativos critican que el proceso de adjudicaciones de plazas de docentes ha sido «nefasto», que la modificación de horarios de la ESO «cercena la libertad de los centros», y que las clases se inician con «carencias y problemas».
Publicado
hace 2 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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