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José Guirao, nuevo ministro de Cultura y Deportes tras la renuncia de Màxim Huerta

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Momentos después de que Màxim Huerta oficializara su renuncia a liderar el ministerio de Cultura y Deporte, el nuevo ejecutivo ha dado a conocer el nombre del nuevo ministro. José Guirao, gestor cultural y experto en arte, ha estado relacionado con la escena vanguardista española desde los años noventa. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2001, y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014.

Guirao, natural de Almería, es licenciado en filología hispánica, rama Literatura Española. Fue responsable del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería entre 1983 y 1987. En 1988 marchó a Sevilla, donde ocupó el cargo de director general de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía. Hasta 1993 desarrolla proyectos de peso, como el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía, el proyecto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la creación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Desde Sevilla pasó a Madrid, donde durante un año fue director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Fue nombrado en 1994 director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cuya colección permanente remodeló. Fue además el encargado de licitar la ampliación del museo, proyecto que ganó el arquitecto francés Jean Nouvel.1​

Desde el 2001 estuvo al frente de La Casa Encendida,2​ espacio social y cultural de referencia en Madrid perteneciente a la extinta Caja Madrid y, tras su transformación en 2013, a la Fundación Montemadrid. Es entonces nombrado Director General de esta Fundación, cuya actividad se dirige hacia la mejora de la calidad de vida y la inclusión de personas en dificultad social, al tiempo que se fomenta una ciudadanía participativa con un mayor acceso a la cultura y a la educación, así como la protección del medio ambiente y conservación del patrimonio histórico.

José Guirao es patrono de la Fundación Federico García Lorca, de la Fundación Antonio Gala y de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Además, es profesor invitado del Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fuente: Wikipedia

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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