El juzgado de Instrucción número 2 de València retomará próximamente la investigación sobre las posibles irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en València y la asunción de la deuda de la empresa organizadora (Valmor) por parte de la Generalitat.
El próximo 27 de enero deberán comparecer en calidad de testigos una empleada de la firma Box 55, propiedad de Jorge Martínez «Aspar», el responsable de Broseta Abogados, Manuel Broseta, y la exsubsecretaria de Presidencia Isabel Villalonga.
Este despacho de abogados intervino en la redacción del contrato que Valmor y Circuito del Motor suscribieron el 26 de marzo de 2008 por el que la primera firma designaba a la segunda organizadora de la carrera, a cambio de una contraprestación que no fue determinada, y también redactó un informe sobre los aspectos administrativos y mercantiles de la compra de Valmor por parte de la Generalitat, en diciembre de 2011.
Además, el próximo 24 de enero han sido citados a declarar en calidad de investigados el expresident de la Generalita Francisco Camps y el expiloto y empresario Jorge Martínez «Aspar», ambos acusados de los delitos de prevaricación y malversación en la organización de los cinco grandes premios de Europa de Fórmula 1 que tuvieron lugar en València entre 2008 y 2012.
Desde que en diciembre de 2014 la Fiscalía Anticorrupción interpusiese una querella (basada en una denuncia previa de EU y el PSPV) por estos mismos hechos los únicos investigados han sido Camps, «Aspar» y la exconsellera de Deportes Dolores Johnson, si bien recientemente se ha ampliado la nómina de imputados a cinco con los exdirectivos de Proyectos Temáticos Belén Reyero y Nicolás Figueras, llamados a declarar el 26 de enero.
Reyero, que ya declaró como testigo, actuó como traductora en varios encuentros entre Camps y el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, y admitió que recibió órdenes de Presidencia de la Generalitat (sin aludir a Camps) para que se firmase urgentemente el contrato para la prórroga de la Fórmula 1 -por el cual la Generalitat se convertía además en avalista de Valmor- el 19 de julio de 2012, un día antes de la dimisión de Camps.
Dicho contrato, según explicó Reyero, se remitió a las empresas de Ecclestone tras ser rubricado por la entonces consellera Lola Johnson, el entonces responsable de Proyectos Temáticos Eusebio Monzó (actual portavoz del PP en València) y el ex secretario autonómico Luis Lobón, entre otros, a quienes también se había telefoneado desde Presidencia para advertirles de la urgencia del asunto.
La defensa del expresident sostiene que dicho contrato nunca llegó a ser efectivo porque Camps dimitió un día después y la otra parte, las empresas de Ecclestone, no lo habían rubricado antes de dicha dimisión, motivo por el cual fue archivado y no existió aval alguno.
Inicialmente, sólo estuvieron bajo la lupa del fiscal las gestiones previas para la organización, si bien en los últimos meses la investigación se ha ampliado a la adquisición, por parte del Consell, de la empresa que creó Aspar (Valmor) y que fue «rescatada» hasta en tres ocasiones por el Ejecutivo regional (Camps y Alberto Fabra), con una condonación de deuda de 14 millones y una asunción de deuda de 31 millones, según Anticorrupción.
El juzgado que instruye este caso separó la investigación en dos piezas separadas; en la primera se investigarán las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio de Fórmula 1 y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports, y en la segunda la absorción de Valmor por la empresa pública Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.
La instructora se inhibió -para que sea otro juzgado quien decida si prosigue con la investigación- respecto de una tercera pieza solicitada por la Fiscalía para que se analicen los contratos entre Circuito del Motor y varias empresas proveedoras para el montaje de los grandes premios, por orden de Valmor, entre ellas una vinculada al exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki» del dinero, Marcos Benavent.
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