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El juzgado reanuda y amplía la investigación de la Fórmula 1

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El juzgado de Instrucción número 2 de València retomará próximamente la investigación sobre las posibles irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en València y la asunción de la deuda de la empresa organizadora (Valmor) por parte de la Generalitat.

El próximo 27 de enero deberán comparecer en calidad de testigos una empleada de la firma Box 55, propiedad de Jorge Martínez «Aspar», el responsable de Broseta Abogados, Manuel Broseta, y la exsubsecretaria de Presidencia Isabel Villalonga.

Este despacho de abogados intervino en la redacción del contrato que Valmor y Circuito del Motor suscribieron el 26 de marzo de 2008 por el que la primera firma designaba a la segunda organizadora de la carrera, a cambio de una contraprestación que no fue determinada, y también redactó un informe sobre los aspectos administrativos y mercantiles de la compra de Valmor por parte de la Generalitat, en diciembre de 2011.

Además, el próximo 24 de enero han sido citados a declarar en calidad de investigados el expresident de la Generalita Francisco Camps y el expiloto y empresario Jorge Martínez «Aspar», ambos acusados de los delitos de prevaricación y malversación en la organización de los cinco grandes premios de Europa de Fórmula 1 que tuvieron lugar en València entre 2008 y 2012.

Desde que en diciembre de 2014 la Fiscalía Anticorrupción interpusiese una querella (basada en una denuncia previa de EU y el PSPV) por estos mismos hechos los únicos investigados han sido Camps, «Aspar» y la exconsellera de Deportes Dolores Johnson, si bien recientemente se ha ampliado la nómina de imputados a cinco con los exdirectivos de Proyectos Temáticos Belén Reyero y Nicolás Figueras, llamados a declarar el 26 de enero.

Reyero, que ya declaró como testigo, actuó como traductora en varios encuentros entre Camps y el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, y admitió que recibió órdenes de Presidencia de la Generalitat (sin aludir a Camps) para que se firmase urgentemente el contrato para la prórroga de la Fórmula 1 -por el cual la Generalitat se convertía además en avalista de Valmor- el 19 de julio de 2012, un día antes de la dimisión de Camps.

Dicho contrato, según explicó Reyero, se remitió a las empresas de Ecclestone tras ser rubricado por la entonces consellera Lola Johnson, el entonces responsable de Proyectos Temáticos Eusebio Monzó (actual portavoz del PP en València) y el ex secretario autonómico Luis Lobón, entre otros, a quienes también se había telefoneado desde Presidencia para advertirles de la urgencia del asunto.

La defensa del expresident sostiene que dicho contrato nunca llegó a ser efectivo porque Camps dimitió un día después y la otra parte, las empresas de Ecclestone, no lo habían rubricado antes de dicha dimisión, motivo por el cual fue archivado y no existió aval alguno.

Inicialmente, sólo estuvieron bajo la lupa del fiscal las gestiones previas para la organización, si bien en los últimos meses la investigación se ha ampliado a la adquisición, por parte del Consell, de la empresa que creó Aspar (Valmor) y que fue «rescatada» hasta en tres ocasiones por el Ejecutivo regional (Camps y Alberto Fabra), con una condonación de deuda de 14 millones y una asunción de deuda de 31 millones, según Anticorrupción.

El juzgado que instruye este caso separó la investigación en dos piezas separadas; en la primera se investigarán las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio de Fórmula 1 y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports, y en la segunda la absorción de Valmor por la empresa pública Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

La instructora se inhibió -para que sea otro juzgado quien decida si prosigue con la investigación- respecto de una tercera pieza solicitada por la Fiscalía para que se analicen los contratos entre Circuito del Motor y varias empresas proveedoras para el montaje de los grandes premios, por orden de Valmor, entre ellas una vinculada al exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki» del dinero, Marcos Benavent.

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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