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La Comunitat Valenciana y Canarias, a la cabeza de los divorcios en España

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Las 119.859 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados españoles durante el año pasado suponen una disminución del 7,8 % respecto a las registradas en 2015, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 114.019, lo que representa un 7,6 % menos que el año anterior- como al de demandas de separación -5.840, una disminución del 11,5 % respecto a 2015-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016, 67.189 fueron de consensuadas, con una disminución interanual del 8,5 %; y 46.830 contenciosas, un 6,3 % menos que el año anterior.

En cuando a las demandas de separación, 3.912 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo –un 15,3 % menos que en 2015- y 1.928 no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 2,6 %.

Además, en 2016 se registraron 159 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 216 del año anterior.

Datos del cuarto trimestre de 2016

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado se presentaron en los juzgados españoles 31.989 demandas de disolución matrimonial, un 6,3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2015.

De ellas, 30.436 fueron demandas de divorcio: 17.641 de mutuo acuerdo, lo que supone un 6,9 % menos que en el cuarto trimestre del año anterior; y 12.795 no consensuadas, con una disminución interanual del 5,3 por ciento.

Las demandas de separación registradas fueron 1.553, de las que 1.018 eran consensuadas –lo que representa un descenso interanual del 10,5 %- y las otras 535 contenciosas, un 2,7 % más que en el mismo periodo de 2015.

En el cuarto trimestre de 2016 se presentaron 44 demandas de nulidad.

Canarias y la Comunidad Valenciana, a la cabeza en demandas de disolución matrimonial

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2016, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2,9), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (1,9). La media de demandas en España fue de 2,6 por cada mil habitantes.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

El año pasado se presentaron 10.214 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 4,2 por ciento más que en 2015; y 34.017 demandas de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 0,7 por ciento.

En cuanto a las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 18.225 demandas de medidas consensuadas, un 1,6 por ciento más que en 2015; y 28.398 de medidas no consensuadas, lo que representa un incremento interanual del 1 por ciento.

Datos del cuarto trimestre de 2016

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 2.744 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 6,1 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; y 9.017 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, con una disminución interanual del 0,7 por ciento.

Además, se registraron 4.753 procedimientos de modificación de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 1,7 por ciento más que en el último trimestre de 2015; y otros 7.864 procedimientos sobre medidas no consensuadas, lo que supone un incremento interanual del 3,3 por ciento.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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