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La deuda de la Comunitat Valenciana alcanza los 47.894 millones de euros

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VALÈNCIA/MADRID, 30 Sep.- La deuda de la Comunitat Valenciana alcanzó los 47.894 millones de euros en el segundo trimestre del año, siendo la segunda autonomía con mayor volumen de deuda, tras Cataluña. Además, esa cifra supone el 42,2% del PIB valenciano, con lo que se sitúa como la región con mayor deuda en relación a su riqueza.

En el conjunto de las administraciones públicas españolas, la deuda alcanzó en el segundo trimestre del año los 1.210.915 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico al elevarse en 10.470 millones de euros (+0,9%) respecto al anterior trimestre, con lo que se situó en el 99% del PIB, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

En concreto, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 99% en el segundo trimestre del año, en línea con el trimestre anterior, pero cuatro décimas por encima del mismo periodo del año pasado (98,6% del PIB), además de estar alejado del objetivo marcado por el Gobierno para este año, del 95,8% del PIB.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,21 billones de euros, por encima del ejercicio 2018 (1,173 billones de euros), 2017 (1,145 billones de euros), 2016 (1,104 billones de euros) y 2015 (1,07 billones de euros). De hecho, el saldo de deuda se elevó un 3,8% en términos interanuales y un 0,9% en términos trimestrales.

SUBE EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES
Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social.

En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.075.480 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone un incremento interanual del 3,9% y del 0,5% a nivel trimestral. La cifra representa el 88,8% del PIB, el máximo histórico alcanzado por el Estado.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 300.587 millones de euros, el 24,6 del PIB, con un aumento del 2,5% interanual y del 1,2% trimestral.

Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 26.233 millones de euros, lo que supone un 10,7% menos que hace un año pero un 1% más que el trimestre previo, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1% del PIB.

De su lado, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social marcó también nuevo máximo histórico, al alcanzar los 48.693 millones de euros, un 39,6% más a nivel interanual por los préstamos y un alza del 18,2% trimestral. En términos de PIB, marca también récord al superar el 4% del PIB.

LAS COMUNIDADES SIGUEN ELEVANDO SU DEUDA
Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (79.243 millones de euros), Comunitat Valenciana (47.894 millones), Andalucía (36.356 millones) y Madrid (34.584 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre, con aumentos en todos los casos, salvo en la Comunidad de Madrid, que descendió.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.998 millones), Castilla y León (12.708 millones), Galicia (11.685 millones), País Vasco (10.752 millones), Murcia (9.699 millones) e Islas Baleares (9.364 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.467 millones), Canarias (6.623millones), Asturias (4.873 millones), Extremadura (4.970 millones), Navarra (3.475 millones), Cantabria (3.179 millones) y La Rioja (1.717 millones).

En porcentaje del PIB, la Comunitat Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,3%, y Cataluña con el 33,9%.

En cambio, País Vasco (14,3%), la Comunidad de Madrid (14,9% del PIB) y Canarias (14,2%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

MADRID Y BARCELONA SIGUEN REDUCIENDO SU DEUDA
Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 5.405 millones de euros, mientras que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la mantuvieron en 794 millones, en tanto que la del resto de capitales permaneció en 2.590 millones.

Entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.689 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza (830 millones) y Barcelona (800 millones). No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al año pasado y al trimestre anterior.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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