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La deuda de la Comunitat Valenciana alcanza los 47.894 millones de euros

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VALÈNCIA/MADRID, 30 Sep.- La deuda de la Comunitat Valenciana alcanzó los 47.894 millones de euros en el segundo trimestre del año, siendo la segunda autonomía con mayor volumen de deuda, tras Cataluña. Además, esa cifra supone el 42,2% del PIB valenciano, con lo que se sitúa como la región con mayor deuda en relación a su riqueza.

En el conjunto de las administraciones públicas españolas, la deuda alcanzó en el segundo trimestre del año los 1.210.915 millones de euros, con lo que marcó nuevo máximo histórico al elevarse en 10.470 millones de euros (+0,9%) respecto al anterior trimestre, con lo que se situó en el 99% del PIB, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

En concreto, utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio de deuda sobre PIB se situó en el 99% en el segundo trimestre del año, en línea con el trimestre anterior, pero cuatro décimas por encima del mismo periodo del año pasado (98,6% del PIB), además de estar alejado del objetivo marcado por el Gobierno para este año, del 95,8% del PIB.

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto de la historia, con 1,21 billones de euros, por encima del ejercicio 2018 (1,173 billones de euros), 2017 (1,145 billones de euros), 2016 (1,104 billones de euros) y 2015 (1,07 billones de euros). De hecho, el saldo de deuda se elevó un 3,8% en términos interanuales y un 0,9% en términos trimestrales.

SUBE EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES
Por administraciones, la deuda se incrementó a nivel interanual tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social.

En concreto, la deuda de la Administración Central del Estado se elevó a 1.075.480 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone un incremento interanual del 3,9% y del 0,5% a nivel trimestral. La cifra representa el 88,8% del PIB, el máximo histórico alcanzado por el Estado.

Por su parte, el endeudamiento de las comunidades autónomas creció hasta los 300.587 millones de euros, el 24,6 del PIB, con un aumento del 2,5% interanual y del 1,2% trimestral.

Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales se situó en 26.233 millones de euros, lo que supone un 10,7% menos que hace un año pero un 1% más que el trimestre previo, representando la deuda de los ayuntamientos el 2,1% del PIB.

De su lado, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social marcó también nuevo máximo histórico, al alcanzar los 48.693 millones de euros, un 39,6% más a nivel interanual por los préstamos y un alza del 18,2% trimestral. En términos de PIB, marca también récord al superar el 4% del PIB.

LAS COMUNIDADES SIGUEN ELEVANDO SU DEUDA
Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (79.243 millones de euros), Comunitat Valenciana (47.894 millones), Andalucía (36.356 millones) y Madrid (34.584 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre, con aumentos en todos los casos, salvo en la Comunidad de Madrid, que descendió.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.998 millones), Castilla y León (12.708 millones), Galicia (11.685 millones), País Vasco (10.752 millones), Murcia (9.699 millones) e Islas Baleares (9.364 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.467 millones), Canarias (6.623millones), Asturias (4.873 millones), Extremadura (4.970 millones), Navarra (3.475 millones), Cantabria (3.179 millones) y La Rioja (1.717 millones).

En porcentaje del PIB, la Comunitat Valenciana, con un endeudamiento que supone el 42,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,3%, y Cataluña con el 33,9%.

En cambio, País Vasco (14,3%), la Comunidad de Madrid (14,9% del PIB) y Canarias (14,2%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

MADRID Y BARCELONA SIGUEN REDUCIENDO SU DEUDA
Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 500.000 habitantes acumularon una deuda de 5.405 millones de euros, mientras que aquellos con más de 300.000 y menos de 500.000 la mantuvieron en 794 millones, en tanto que la del resto de capitales permaneció en 2.590 millones.

Entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 2.689 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Zaragoza (830 millones) y Barcelona (800 millones). No obstante, las tres han reducido su endeudamiento respecto al año pasado y al trimestre anterior.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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