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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha desvelado este martes que la Generalitat ha detectado más de 2.000 defraudadores y ha recuperado entorno a 10 millones de euros en lo que va de legislatura.

Así lo ha manifestado durante su conferencia ‘Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro’ en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

La también portavoz socialista en el Consistorio valenciano ha definido al conseller como uno de los «arquitectos» de la Generalitat, símbolo de «una forma de hacer política eficiente, competente, valiente y justa» que ha logrado «hitos casi milagrosos». Soler, emocionado por sus palabras, ha asegurado que Gómez «refleja muy bien la socialdemocracia del siglo XXI».

Durante su intervención, el titular de Hacienda y Modelo Económico ha reivindicado una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva la infrafinanciación valenciana, un problema «absolutamente inmoral», ha dicho, aunque ha aprovechado también para desgranar las medidas que la Generalitat está llevando a cabo para mejorar las cuentas y transformar el modelo productivo.

En este sentido, Soler ha destacado la que las campañas de inspección de las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio han aflorado más de 2.000 defraudadores y han recuperado 10 millones de euros.

En la persecución del fraude fiscal, ha agregado, «el Instituto Valenciano de Administración Tributaria creado pero dejado en el congelador por el anterior gobierno del PP es ya una realidad operativa», con su plantilla seleccionada por oposición.

Además, ha hecho un repaso de los cambios fiscales introducidos por el actual Consell, especialmente en el IRPF, donde se han rebajado los tipos impositivos de las rentas medias y bajas, aumentado ligeramente los de las altas; ha culminado la elaboración de la nueva Ley de Tasas y se ha aprobado una nueva Ley del Juego.

Desde el punto de vista del gasto, Soler ha resaltado «medidas de racionalización y control del sector público instrumental»: reducción del número de miembros en los consejos de administración, limitación y publicidad de retribuciones de los altos cargos y de la masa salarial de cada entidad, obligación de publicidad de las contrataciones de personal o puesta en orden de las plantillas.

En este punto, ha subrayado que «están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de una veintena de entidades, mientras el anterior Gobierno solo tenía una».

Asimismo, ha señalado que se está «racionalizando la estructura del sector público» para hacer desaparecer los «chiringuitos» opacos creados en el pasado y se está redactado el borrador del anteproyecto de Ley para la Reforma del Sector Público Empresarial y Fundacional.

Soler ha querido también poner de relieve la reducción de los gastos de las cajas fijas de las consellerias y las reformas en materia de contratación para favorecer un baremo que considera aspectos de responsabilidad social.

Además, se está trabajando en un inventario para tener «geolocalizados» los bienes patrimoniales inmobiliarios de la Generalitat y se está actuando para optimizar los fondos europeos, ha destacado.

«MOVILIZACIÓN SILENCIOSA» PARA CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO

En la misma línea, Vicent Soler ha asegurado que se está trabajando para transformar el modelo económico valenciano y ha defendido que «necesitamos una movilización social, silenciosa, desde el trabajo conjunto y bien hecho» para revertir la situación actual de precariedad, endeudamiento, dificultades y malestar. Esta responsabilidad, ha señalado, es compartida con la Agencia Valenciana de la Innovación.

En este camino, ha destacado los cambios en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que se ha «retornado» la capacidad de otorgar crédito al sector privado y se ha configurado como un «banco público» equiparable con entidades similares en otros países europeos.

Asimismo, ha destacado los trabajos emprendidos en las tecnologías de la información para incrementar la competencia digital y aumentar la eficiencia de la administración.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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