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La Policía Nacional impulsa la búsqueda internacional de Antonio Anglés

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La Policía Nacional impulsa la búsqueda internacional de Antonio Anglés

València, 4 nov (EFE).- La Sección de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial ha pedido permiso al juzgado que dirige la investigación del triple crimen de Alcàsser (Valencia) para iniciar una campaña divulgativa a nivel europeo que solicite la colaboración ciudadana para localizar al prófugo Antonio Anglés.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), al que ha tenido acceso EFE, el grupo segundo de Fugitivos de la Policía Nacional pide a la instructora que comunique “si existe algún impedimento para el uso del perfil de Anglés de modo público, ya que se tiene previsto llevar a cabo dicha campaña en las próximas semanas” tanto por la Policía española como por Europol.

En el mismo escrito, los agentes exponen que este fugitivo, del que se perdió la pista en 1993, es “una persona de gran interés policial” sobre el que, “tras diversas gestiones, no ha podido establecerse su localización”.

La instructora ha respondido en una providencia -un día después de que la Policía pidiese permiso- que “por parte de este Juzgado no hay inconveniente en la utilización del perfil de Antonio Anglés Martins de modo público» en la referida campaña.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FUGA

Sobre esta petición de la Policía Nacional, una de las acusaciones personadas en la causa, la Asociación Laxshmi para la Lucha Contra el Crimen y la Prevención, ha presentado al juzgado varias alegaciones y ha informado a la jueza de la inminente presentación de un informe criminológico sobre la fuga de Antonio Anglés.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado Diego Costa, en representación de Laxshmi, manifiesta la total conformidad con “cualquier iniciativa destinada a averiguar o confirmar el paradero de Anglés”, al tiempo que anuncia la presentación del referido informe.

El texto, que se encuentra en fase de redacción, incluye un análisis de todas las actuaciones practicadas respecto a la fuga de Anglés, desde 1993 hasta la fecha, elaborado por el criminólogo Félix Ríos y su equipo, en el que se recomienda el cotejo del ADN de Anglés con muestras no identificadas en los años 90 en la costa oriental irlandesa y la occidental de Inglaterra.

Se incide en la conveniencia, además, de contactar con las autoridades irlandesas a fin de localizar la documentación que se decomisó a un polizón del buque «City of Plymouth» -en el que se sospecha que Anglés pudo huir de España- y que, según declaraciones de la tripulación, contenía una foto del prófugo.

También se apunta la necesidad de establecer contacto con la prensa portuguesa, a fin de localizar a un supuesto periodista que pudo hablar por radioteléfono con el polizón del «City of Plymouth» el 24 de marzo de 1993.

EL TRIPLE CRIMEN DE LAS NIÑAS DE ALCÀSSER

El secuestro y asesinato en noviembre de 1992 de Miriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013, veintiún años después de ingresar en la cárcel tras ser condenado por la Audiencia de Valencia a 170 años de prisión-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.

Las tres niñas fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían desde Alcàsser, donde residían, a la discoteca Color de la vecina Picassent, adonde nunca llegaron.

Su desaparición dio paso a una intensa búsqueda que concluyó el 27 de enero de 1993 cuando dos apicultores hallaron los cadáveres semienterrados de las adolescentes en un paraje de difícil acceso conocido como La Romana, cerca de la presa de Tous, todo ello en medio de una cobertura mediática tan exhaustiva como polémica.

Las autopsias confirmaron que Miriam, Toñi y Desirée fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo.

Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Dublín.

Jordi Ferrer

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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