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Valencia

La semana fallera vacía las aulas y da vida a las calles pero no al comercio

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València, 16 mar (EFE).- La que debía haber sido la semana grande de las Fallas ha llegado sin monumentos en las calles, sin clases en los colegios, con un mayor movimiento de actividad en la ciudad pero sin que se traduzca en una reactivación de la venta para los pequeños comercios.

Decenas de miles de escolares están sin clase, al haberse mantenido los días no lectivos de la fallida semana de Fallas, y aunque no pueden tirar petardos en la calle ni juntarse en los casales, sí pueden acudir a las zonas de juego y parques infantiles ya reabiertos.

Los escolares de la Comunitat Valenciana cuyos colegios tuvieran ya programados como festivos los días 16, 17 y 18 de marzo -o algunos de estos días- comienzan este martes sus vacaciones falleras, aunque las Fallas están suspendidas, a causa del coronavirus, por segundo año consecutivo.

Son más de 125.000 en la propia ciudad de València, cuna emblemática de las fiestas josefinas, aunque hay otros muchos municipios de la provincia de Valencia, e incluso de Alicante y Castellón, que celebran la fiesta, por lo que sus menores también están sin clase estos días.

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de València no han previsto actividades extraescolares especiales para estos días, aunque la mejora de la situación de la pandemia ya permitió la reapertura de las zonas de juego y los parques infantiles, que aumentan su uso estos días aprovechando, además, el buen tiempo.

El concejal de Ecología Urbana de València, Sergi Campillo, ha asegurado a EFE que la reapertura de las zonas de columpios era un «deseo de muchos niños» pero ha advertido que hay que mantener «la prudencia» ante las medidas de seguridad de Sanidad.

Por eso, estos espacios recuerdan con señales que hay que mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y desinfectar las manos de los niños antes y después de usarlos.

«Estamos contentos de haber reabierto los parques infantiles pero ahora que vienen unos días en los que no hay clase y que sabemos que estas zonas serán más usadas, queremos hacer una llamada a la responsabilidad de los adultos para ayudar a cumplir las recomendaciones sanitarias», ha añadido.

Durante esta semana de Fallas sin fiesta, desde la Confederación del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) han indicado a EFE que no han detectado una reactivación de venta para los pequeños comercios.

«El consumo todavía se encuentra en índices muy bajos, muy débiles -advierten-, por lo que se hace necesario poner en marcha cuanto antes los bonos comercio, aprobados por Les Corts para potenciar la demanda en un momento en el que nos encontramos crucial ante el parón económico».

Desde la Concejalía de Protección Ciudadana de València, su concejal, Aarón Cano, ha explicado que Efe que esta semana «se ha detectado más movimiento» en la ciudad.

No obstante, ha apuntado que desconocen si está relacionado con la relajación de las medidas de restricción por el coronavirus, por la semana fallera, por «la necesidad de buscar otros espacios, una vez no hay cierre perimetral y ha abierto la hostelería, o porque la primavera está a la vuelta de la esquina».

«Tendremos que ver a qué se debe en un balance posterior», ha apuntado para recordar que durante la semana está prohibido tirar petardos porque no han bando fallero que lo permita como excepción durante la semana de Fallas.

Cano ha afirmado que estarán «muy vigilantes» ante los que lo incumplan, especialmente con artilugios pirotécnicos de gran calibre, y ha recordado que las sanciones van desde los 200 euros en adelante.

«Hay que buscar un equilibro entre el cumplimiento de la norma y tener una visión de conjunto. Actos falleros no se permiten pero las fallas no han sido un problema desde el 14 de marzo del año pasado y no esperamos tener problemas».

Ha deseado que la cuarta ola por el aumento de contagios que prevén los expertos tras Fallas y Semana Santa «nos llegue a los tobillos y no al cuello».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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