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La sobrina de Paesa asegura que Juan Cotino le llevó más de 600.000€ a Luxemburgo de supuestos sobornos a Zaplana

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VALÈNCIA, 13 Mar.- Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, aseguró en su declaración en el juzgado que investiga el caso Erial que el exdirector de la Policía Nacional y exconseller del Gobierno valenciano del PP Juan Cotino le llevó personalmente unos 640.000 euros en metálico a Luxemburgo para la constitución de dos sociedades. Estas habrían ingresado dinero de presuntos sobornos recibidos por el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por parte de empresas de la familia Cotino en relación con adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las ITV.

Así lo afirmó García Paesa, abogada de servicios de decomiso y estructuras societarias en Luxemburgo, en su declaración como testigo el pasado 18 de enero en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye el caso Erial, en el que se encuentra investigado el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

La letrada, afincada en el país luxemburgués, habría estado gestionando cantidades dinerarias en cuentas bancarias de este país por importe cercano a los ocho millones de euros, que además contarían con inversiones inmobiliarias en España a través de dos mercantiles españolas por valor de 2,9 millones.

Todas estas cantidades se habrían conformado a través de transferencias ordenadas desde España y el Principado de Andorra y se investigan por su relación con el presunto pago de sobornos y la malversación de fondos públicos, según consta en un escrito de Fiscalía Anticorrupción incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

La principal sociedad de esta supuesta red establecida en Luxemburgo y gestionada por esta presunta testaferro, Imison International, acabó liquidándose para transferir estos activos progresivamente a sociedades uruguayas –previo paso por una firma holandesa considerada sociedad intermedia– hacia dos mercantiles uruguayas gestionadas por el fiduciario Fernando Belhot, quien en su declaración como testigo afirmó que esta decisión habría sido tomada por Zaplana.

Vicente Cotino «iba con frecuencia» a Luxemburgo

En su declaración, García Paesa explicó a la instructora del caso que conoce a Vicente Cotino, sobrino del también expresidente de Les Corts Juan Cotino, por temas profesionales, ya que «iba con frecuencia a Luxemburgo» al objeto de mantener reuniones relacionadas con la empresa Imison Internacional. También dijo conocer a Juan Cotino, aunque solo lo vio en una ocasión.

Sobre Vicente Cotino, la abogada explicó que ya había trabajado previamente en Luxemburgo y que quería constituir una sociedad en este país para «operaciones societarias que hacía en España». Así, en 2001, se constituyeron Imison Internacional y Fenix Investments SA, cuyo socio único era el sobrino del exdirector de la Policía. De la segunda sociedad, además, aparecía como beneficiario económico Juan Francisco García, quien fuera director del gabinete de Presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana.

En cuanto a Juan Cotino, indicó que la ocasión en la que ambos se vieron fue porque este le llevó en efectivo alrededor de 640.000 euros para constituir el capital social de estas dos firmas –que nunca tuvieron ninguna actividad, agregó– y, al respecto, sostuvo que en Luxemburgo no se preocupan del origen del dinero porque parten de que «si ha salido de un país, habrá sido de forma legal».

La sobrina del espía Francisco Paesa contó también en su comparecencia, a modo de anécdota, que ella misma sugirió los nombres de las sociedades que se constituyeron, como el de Impega, que procede de una marca de archivadores. También recordó que, en una primera época, Vicente Cotino daba las órdenes por escrito personalmente en Luxemburgo, debido a que no hablaba francés.

Reunión con Grau y Barceló

García Paesa también señaló que en el año 2006 conoció a dos de los investigados en la causa, el presunto testaferro de Zaplana Joaquín Barceló y el asesor fiscal del expresidente Francisco Grau, en una reunión en Madrid. Previamente, Vicente Cotino le llamó para decirle que las acciones de Imision Internacional iban a pasar a manos de Barceló y las de Fenix, a cargo de Grau. A partir de ese momento pasó a tener contacto con este último en una relación que se prolongó durante años y de quien fue recibiendo órdenes, añadió.

Posteriormente, según consta en su testificación, recibió la orden de que las sociedades luxemburguesas iban a ser liquidadas, de modo que su capital iba a ser trasladado, previo paso por sociedades intermedias, a dos mercantiles ubicadas en Uruguay. A partir de ese momento fue el supuesto testaferro de Zaplana en este país, Fernando Belhot, quien se encargó de «la gestión de todo el dinero».

«Se mueve todo con la confianza»

García Paesa también explicó en su declaración que todas las relaciones con sus clientes «se basan en la confianza», dado que los poderes que se le conceden en la gestión de los activos y sociedades son «absolutos». «Se mueve todo con la confianza y con una simple llamada de teléfono del cliente tengo capacidad para hacer cualquier gestión. Y eso es lo que se paga», relató.

Fuente: Europa Press

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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