El Tribunal Supremo ratifica prácticamente todas las condenas de la pieza del caso Taula por la contratación irregular de trabajadores en empresas públicas valencianas. Solo absuelve a una de las trabajadoras condenadas y deja a Rus y al conocido como ‘yonqui del dinero’ a las puertas de prisión.
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de cinco años de prisión impuestas al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, conocido como el ‘yonqui del dinero’, por la trama de los contratos zombis en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa. El Alto Tribunal ha ratificado prácticamente en su totalidad la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en noviembre de 2023, aunque ha absuelto a una de las trabajadoras que también había sido condenada.
La resolución supone un nuevo revés judicial para los antiguos responsables del Partido Popular valenciano implicados en el caso Taula, una de las principales investigaciones sobre presunta corrupción política en la Comunitat Valenciana.
La sentencia analiza el sistema de contratación de personas afines a través de empresas públicas, que, pese a figurar como trabajadores, no desempeñaban realmente las funciones por las que cobraban.
Cinco años de prisión para Alfonso Rus y Marcos Benavent
La resolución del Supremo confirma las penas impuestas a Alfonso Rus y Marcos Benavent por su participación en el entramado de contrataciones irregulares.
La Audiencia de Valencia consideró acreditado que se utilizaron empresas públicas como Ciegsa e Imelsa para favorecer mediante contratos a personas vinculadas al entorno político y personal de los responsables de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que estas contrataciones respondían a una dinámica de clientelismo político y personal, con el uso de recursos públicos para repartir favores entre personas afines.
El fallo también afecta a Máximo Caturla, exalto cargo de la Conselleria de Educación y antiguo gerente de Ciegsa, cuya condena queda igualmente prácticamente ratificada.
¿Qué eran los contratos zombis de Ciegsa e Imelsa?
El caso de los contratos zombis investigó la incorporación de trabajadores a las plantillas de empresas públicas valencianas que, pese a cobrar un salario, no acudían a sus puestos de trabajo ni desarrollaban las funciones correspondientes.
La investigación judicial puso el foco en el uso de Ciegsa, la empresa pública encargada de infraestructuras educativas, e Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, para mantener estas contrataciones.
El sistema habría permitido beneficiar a personas del entorno de los responsables políticos mediante el pago de nóminas con dinero público sin una contraprestación laboral efectiva.
La sentencia de la Audiencia Provincial consideró probado que estas prácticas respondían a un mecanismo de favoritismo y utilización irregular de los recursos de las empresas públicas.
El Supremo absuelve a una de las trabajadoras
Aunque el Alto Tribunal confirma prácticamente todas las condenas, introduce una modificación en el fallo: absuelve a una de las trabajadoras que había sido condenada por su participación en los hechos.
La resolución mantiene, sin embargo, el núcleo de la sentencia contra los principales responsables de la trama, por lo que las condenas de Rus, Benavent y Caturla quedan sustancialmente confirmadas.
La sentencia cuenta además con un voto particular del magistrado ponente, Pedro A. Casas Cobo, que discrepa de parte de la decisión y considera que existían argumentos para absolver a Marcos Benavent en relación con el cobro que se le atribuía.
Marcos Benavent ya está en prisión por otra pieza del caso Taula
La situación penitenciaria de los principales condenados también vuelve a situar el caso Taula en primer plano.
Marcos Benavent ya se encuentra en prisión por la pieza relativa a Themativa Events, también vinculada a la investigación de Imelsa. La confirmación de esta nueva condena abre la posibilidad de que Alfonso Rus y Máximo Caturla tengan que ingresar igualmente en prisión, una vez se ejecuten las penas conforme a los trámites judiciales correspondientes.
La resolución del Supremo supone así un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más relevantes de la corrupción política valenciana, que durante años investigó el uso de empresas públicas para favorecer intereses particulares y partidistas.
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