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Las extraescolares de pago tendrán un coste máximo de 18€ al mes y no podrán excluir por motivos económicos

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VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –

Las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos de la Comunitat Valenciana durante la jornada escolar fuera del horario lectivo serán gratuitas «con carácter general», aunque se podrán ofrecer algunas de pago con un coste máximo de 18 euros mensuales.

Así figura en las instrucciones para el curso 2018-19 publicadas este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte sobre el procedimiento de solicitud y autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos.

Una de las novedades de cara al curso que viene es la posibilidad de ofertar algunas actividades extraescolares con coste económico. Al respecto, las instrucciones establecen que las extraescolares «posibilitarán la participación de todo el alumnado aunque no se quede al comedor escolar y promoverán la inclusión y la no discriminación».

Asimismo, señala que estas actividades –que se realizarán en un período de por lo menos 1.30 h, tiempo en el que el centro permanecerá abierto– deberán ser, «con carácter general», gratuitas. No obstante, apunta que los centros podrán ofrecer algunas actividades que tengan un coste máximo por alumno y actividad de 18 euros mensuales. Cada una de ellas deberá desarrollarse durante por lo menos dos días a la semana.

La realización de actividades de pago, siempre dentro del límite máximo establecido en el punto anterior, deberá contar con la aprobación del consejo escolar del centro.

Para garantizar que ningún alumno quede excluido por motivos económicos, el alumnado que sea beneficiario directo o con carácter asistencial de las ayudas de comedor podrá realizar hasta un máximo de dos actividades de las ofrecidas por el centro que tengan coste económico, de manera totalmente gratuita.

Además, el consejo escolar de cada centro estudiará los posibles
casos del alumnado que, no cumpliendo el requisito anterior, esté en
unas condiciones socioeconómicas desfavorables que hagan necesario
que la medida anterior también les sea de aplicación.

El pago de las actividades extraescolares correspondiente al
alumnado incluido en el apartado anterior se realizará directamente por
el centro a la entidad que las realice, con cargo a los recursos económicos de que disponga el centro para su funcionamiento, y siempre que queden cubiertas las necesidades ordinarias para el normal funcionamiento del centro.

Los centros que no dispongan de recursos económicos para hacer
frente a los gastos generados por estas actividades –detallan las instrucciones–, lo comunicarán, con anterioridad al 30 de octubre de 2018, a la Dirección General de Centros y Personal Docente a través de la oficina virtual para los centros educativos. La administración realizará, cuando sea necesario, la correspondiente dotación de recursos económicos extraordinarios, con cargo al capítulo II del programa económico 422.20 de los presupuestos de la Generalitat.

Desde la Conselleria de Educación han incidido en que «por regla general las actividades extraescolares son gratuitas y que solo en aquellos casos en que lo apruebe el consejo escolar del centro, por decisión de sus miembros, entre los que están representados los padres y madres, se podrá ofertar alguna actividad extraescolar de pago, no lucrativa».

Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà han asegurado a Europa Press que «las condiciones que se han establecido garantizan al cien por cien la inclusión de todo el alumnado que desee realizar actividades extraescolares de pago si se ofertan en su centro».

«Con esto –prosiguen– se atiende a las reivindicaciones de las AMPA que solicitaban la posibilidad de ofertar actividades extraescolares de pago. Cabe destacar que las actividades de pago son opcionales, no son ninguna obligación, y dentro de la opcionalidad se detallan todos los pasos a seguir para garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado de cada centro».

Por tanto, «se mejora la normativa atendiendo a la comunidad educativa sin excluir a los alumnos por razones económicas», asevera la Conselleria, que recuerda que estas medidas también se aplicarán en aquellos centros que tienen jornada partida el próximo curso.

LAS FAMILIAS VOTAN EL 25 DE ABRIL
Por otra parte, el texto precisa el calendario para solicitar la modificación de la jornada escolar. Hasta el 7 de febrero, los centros enviarán la solicitud con toda la documentación requerida y hasta el 28 de marzo se remitirán a los colegios los informes de la Dirección General de Política Educativa, para proceder, en su caso, a la
consulta a las familias.

El 11 de abril se publicará el censo provisional, el día 16 de ese mes el definitivo y el 25 de abril se realizará la consulta a las familias. El 26 de abril se producirá la remisión de los resultados del escrutinio de la consulta a las familias sobre la adopción del Plan específico de organización de la jornada escolar a la Dirección General de Política Educativa.

Antes del inicio del período de admisión del alumnado, la Dirección
General de Política Educativa enviará, si es procedente, la autorización
a los centros del plan específico de organización de la jornada escolar.

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Guerra en Irán: cómo puede afectar a España

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Guerra en Oriente Próximo
EE.UU. e Israel atacan Irán en una ofensiva aérea para "aniquilar" al régimen de los ayatolás

Sigue la última hora sobre la guerra en Oriente Próximo:

La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tensionado los mercados energéticos y financieros internacionales. El foco está en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor de un tercio del comercio global de gas natural licuado.

Cualquier alteración en esta ruta clave impacta de forma directa en Europa y, por extensión, en España. Estos son los cinco efectos que pueden influir en el día a día de hogares y empresas.


1. Gasolina y diésel más caros

El primer reflejo del conflicto se ha visto en el petróleo. El barril de Brent —referencia en Europa— ha superado con fuerza los 70 dólares y llegó a aproximarse a los 80 tras repuntes superiores al 8%, con previsiones que apuntan a posibles escaladas adicionales si la crisis se agrava.

Irán concentra cerca del 10% de las reservas mundiales y es uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un recorte de suministro o un bloqueo parcial en Ormuz tensionaría aún más el mercado.

En España, las estaciones de servicio ya anticipan subidas en el precio del combustible, con incrementos más acusados en el gasóleo que en la gasolina. Esto repercute directamente en el transporte, la logística y el coste final de muchos productos.


2. Electricidad y gas bajo presión

El gas natural también se ha encarecido en los mercados europeos, especialmente tras los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. Desde la guerra en Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia del gas ruso y aumentó las importaciones de gas natural licuado desde otras regiones, incluidas las del Golfo.

Aunque España cuenta con un suministro diversificado (Argelia, Estados Unidos y varios países africanos), el mercado energético es global. Si el gas sube en Europa, el precio mayorista de la electricidad puede verse arrastrado al alza, lo que terminaría notándose en la factura de hogares e industrias.


3. Caídas en bolsa y riesgo para los tipos de interés

La incertidumbre geopolítica también ha golpeado a la renta variable. El IBEX 35 ha registrado descensos relevantes, penalizado por su elevada exposición al sector bancario y al turismo.

Entidades como Banco Santander, BBVA o CaixaBank han sufrido retrocesos, mientras que aerolíneas como IAG —matriz de Iberia y British Airways— han acusado el doble impacto del encarecimiento del combustible y la cancelación de rutas.

En el lado opuesto, compañías energéticas como Repsol se han visto beneficiadas por el repunte del crudo, y firmas tecnológicas y de defensa como Indra han reaccionado al alza ante el previsible aumento del gasto militar.

Si la inflación repunta por el encarecimiento energético, el Banco Central Europeo podría frenar futuras bajadas de tipos o retrasar su hoja de ruta monetaria, lo que afectaría a hipotecas y financiación empresarial.


4. Problemas logísticos y transporte más caro

El transporte marítimo afronta un escenario complejo. Grandes navieras han optado por modificar rutas o suspender escalas en la zona. Evitar el Estrecho de Ormuz implica rodear África para conectar Asia y Europa, lo que supone más días de tránsito, mayor consumo de combustible y primas adicionales de seguros por riesgo bélico.

Este sobrecoste logístico termina trasladándose al precio final de bienes tecnológicos, textiles e industriales importados.

En el ámbito aéreo, varias compañías han cancelado o reprogramado vuelos hacia Oriente Medio. El encarecimiento del queroseno y los desvíos para evitar zonas de riesgo pueden derivar en billetes más caros si la situación se prolonga.


5. Impacto en la cesta de la compra

El efecto no se limita a la energía. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes —como amoníaco y azufre— atraviesa el Estrecho de Ormuz. Además, la región produce una parte relevante del polietileno, esencial para envases y embalajes.

La agricultura española depende de estos insumos, cuyos precios están ligados al gas y al petróleo. Si el barril supera los 100 dólares y la interrupción comercial se mantiene, el encarecimiento podría trasladarse a frutas, verduras y productos básicos, alimentando un nuevo ciclo inflacionista.


Posición del Gobierno español

En el plano político, el Ejecutivo ha negado que Estados Unidos esté utilizando las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones contra Irán.

El presidente Pedro Sánchez ha llamado a la desescalada diplomática, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han insistido en que cualquier uso de instalaciones españolas se rige por el derecho internacional y la soberanía nacional.

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