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Las personas afectadas por un ERTE cobrarán entre el 2 y el 4 de mayo

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Puig remodela Presidencia: Estos son los ceses y nombramientos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno le ha trasladado que entre el 2 y el 4 de mayo abonará las prestaciones al 80% de las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunitat Valenciana, unas 300.000.

El president, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida por videoconferencia con responsables de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha explicado que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico va a mantener conversaciones con las entidades bancarias para que el 20% restante de trabajadores y trabajadoras puedan también recibir esta ayuda a principios de mes.

En total, son aproximadamente 300 millones de euros los que se van a a destinar a personas afectadas por ERTE en la Comunitat Valenciana, según ha precisado el president, que ha recordado que la urgencia de dar seguridad a estas familias era una de las reivindicaciones que había trasladado en las reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de responsables de las comunidades autónomas.

Estos pagos permitirán dar «cierta tranquilidad» a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo «en unos momentos tan extraordinariamente difíciles», ha señalado el president, que ha expresado su confianza en que, a partir de junio, la situación esté ya normalizada y los desembolsos se efectúen a principios de mes.

Supresión de trabas burocráticas

El president ha agradecido, por otro lado, la voluntad que le ha manifestado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) de participar en los acuerdos de recuperación, reconstrucción y renacimiento de la Comunitat, y ha destacado que uno de los elementos que han puesto sobre la mesa, como es la supresión de trabas burocráticas para impulsar la inversión y la economía, será un «vector claro» de estos pactos.

Tal y como ha explicado Puig, las propuestas empresariales se trasladarán a la Mesa de Diálogo Social y se pondrán encima de la mesa para el acuerdo político.

Ximo Puig ha subrayado que la creación de empleo ha sido siempre y lo va seguir siendo «más que nunca» en los próximos meses una «obsesión» para el Consell. Por ello, la Administración «ha de propiciar un marco que facilite las inversiones», de acuerdo con una «alianza social» entre sindicatos y empresariado, ha indicado.

En este sentido, el responsable del Consell ha subrayado que la Generalitat, al igual que el conjunto de administraciones, debe ofrecer «seguridad jurídica y agilidad máxima en todos los ámbitos», con el fin de favorecer la generación de puestos de trabajo. Dentro de este objetivo, entre otras medidas, reforzará el plan Agiliza para facilitar las inversiones.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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