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Las pruebas periciales señalan que la empleada despedida en EMT València no era consciente del fraude

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VALÈNCIA, 24 Oct. – Un informe pericial de Telefónica sobre el ordenador que utilizaba la empleada despedida de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València a causa del fraude de cuatro millones no ha «hallado pruebas» de que «haya sido consciente del fraude que se estaba llevando a cabo» durante sus interacciones con el presunto estafador.

Así lo indica este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el perito asegura que tampoco se han encontrado pruebas de que la cuenta de correo de la empleada se hubiese visto comprometida –al menos en este equipo– al no haber constancia de la presencia de ningún ‘malware’ en él.

Según las conclusiones del informe pericial, del análisis de los correos entre la empleada y el estafador se desprende que la trabajadora «ha sido inducida a colaborar en el fraude mediante técnicas de ingeniería social habituales en este tipo de ataques».

Así lo entiende la pericial a partir del análisis del intercambio, que incluye un correo con un anexo en blanco enviado por el estafador, algo que «humaniza al atacante» o un par de correos «supuestamente de una persona de mucha autoridad, dando instrucciones para realizar una serie de pagos y apelando a la discreción». Este sería el caso del correo electrónico remitido por alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Según detalla el informe, el intercambio de correos comenzó el 3 de septiembre por la mañana, cuando la empleada recibe un mensaje de una persona que se identificaba como Javier Parada, abogado de una conocida consultora. En él «se hace referencia a una conversación telefónica y se menciona a Giuseppe Grezzi».

Se da la circunstancia de que en la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude, la trabajadora menciona que ese mismo día recibió una llamada de teléfono de una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, en la que le explicaba que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

Es en este correo donde el estafador remite a la empleada un archivo adjunto en blanco, que sería el documento de confidencialidad, lo que provoca que la empleada le haga notar en un correo de respuesta que no ha recibido el documento.

Tras este correo, la empleada recibe otro mensaje de una persona que se identifica como Giuseppe Grezzi en la que se le pregunta si el señor Parada había contactado con ella. En ese correo, se adjunta el anexo del documento de confidencialidad, ya con contenido.

La empleada entonces responde al correo del supuesto Grezzi y este responde «exponiéndole la confidencialidad del asunto y ordenando que lo trate con discreción».

CORREOS ENVIADOS DESDE ÁFRICA
El informe pericial destaca que los correos tanto de la persona que se identifica como Javier Parada, como de la que se identifica como Giuseppe Grezzi, tienen un mismo remitente: la cuenta ‘respuesta@cnmv.pw’. Según el informe, el estafador realizó un «falseamiento voluntario» del remitente.

Asimismo, según el informe, la localización del equipo desde el que se remitió el mail pertenecería a algún país del África francófona. Se da la circunstancia de que en el segundo correo del supuesto Grezzi, aparece citada la respuesta de la empleada con una frase en francés.

De hecho, en esa misma frase se dice que la empleada remitió el correo en una hora «anterior» a la que lo hizo realmente, lo que indica que el ordenador que se utilizó para hacerse pasar por Grezzi se encontraba en un país con un huso horario diferente al de España.

También destaca el informe que la dirección IP desde la que se remitieron los correos está registrada en Israel.

«GRAN PARTE» DE LAS COMUNICACIONES DEL ESTAFADOR FUERON POR TELÉFONO
El informe también destaca que «extraña la abundancia de correos» enviados desde la cuenta de la trabajadora hacia la del estafador «en comparación con los que hay en sentido contrario». Esto indica, siempre según el informe, que «gran parte» de las comunicaciones del estafador hacia la empleada se realizaron por teléfono.

Según la declaración jurada de la empleada, una vez se produjo la firma del supuesto documento de confidencialidad, el estafador y ella hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

En los correos que se remiten ese mismo 3 de septiembre y en días sucesivos, la empleada remite al estafador dos documentos que datan de 2017 en los que se incluyen las firmas del gerente de la empresa y la jefa de Gestión.

Estos serían utilizados por el estafador para falsificar las firmas de ambos en las órdenes de transferencias: en el caso del gerente, el informe considera que la firma fue copiada y pegada, mientras que en el de la jefa de Gestión, fue falsificada, ya que en el documento que remite la empleada hay un sello encima. El perito destaca que existe «gran diferencia» entre la firma que figura en la primera orden de transferencia y la de la jefa de Gestión.

Esta primera orden de transferencia, por valor de 343.419,07 euros se la remite el estafador a la empleada el mismo día que contactan por primera vez, y ya cuenta con las dos firmas falsificadas.

Dos días más tarde, la empleada «respondiendo según el cuerpo del mail a una previa solicitud telefónica, envía los DNI escaneados» del gerente y la jefa de Gestión.

Varios días después, el estafador dice a la empleada que le aporta su dirección de correo personal «de acuerdo con la CNMV» (siglas con las que se conoce a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son las mismas con las que se registró el dominio ‘.pw’ –perteneciente al estado de Palaos, en Oceanía– desde el que se remitían los correos). La empleada y el estafador intercambian correos con esa supuesta cuenta personal del señor Parada –un correo de Gmail– durante un día.

El 10 de septiembre, el estafador reclama a la empleada una copia de su DNI, y la trabajadora lo adjunta en un correo sucesivo.

LA TRABAJADORA PIDE HABLAR POR TELÉFONO EL DÍA QUE SE DESCUBRE EL FRAUDE
Según el informe pericial, la trabajadora remitió un correo al estafador el 23 de septiembre, el mismo día en que se destapó el fraude dentro de la compañía pública y la empleada firmó su declaración jurada. En él, le preguntaba si podían hablar por teléfono, lo que, según el perito, «puede indicar que no tenía el número de teléfono del supuesto Javier Parada».

Según la declaración jurada de la trabajadora, ese mismo día mantiene una conversación telefónica con el estafador en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que «no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad», en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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