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El paso a paso de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

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MADRID, 24 Oct. – El director operativo de la exhumación del dictador Francisco Franco, Humberto Sepúlveda, ha coordinado este jueves a un grupo de entre 16 y 20 personas para retirar la lápida de 1.500 kilos que cubre la tumba de la basílica del Valle de los Caídos, sacar el féretro del dictador y trasladarlo durante 50 kilómetros hasta el cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo, donde reposarán sus restos definitivamente.

Detector de metales para evitar imágenes
El Gobierno ha previsto el comienzo de la exhumación este jueves 24 de octubre a las 10.30 horas. En el interior de la basílica, se ha instalado un escáner y un detector de metales para evitar la grabación de la exhumación de los restos del dictador. Con esta medida, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez quiere garantizar que no existan imágenes del momento en el que salgan los restos de Franco del lugar en el que permanecen sepultados.

Sobre la tumba de Franco en la basílica se ha instalado también una carpa como medida adicional de seguridad a la que sólo han tenido acceso dos nietos del dictador, los operarios de la empresa funeraria de Humberto Sepúlveda, un forense y las autoridades del Estado, entre ellas la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino, que tenía el cometido de levantar acta de la exhumación.

El dueño de la funeraria Alba asume con naturalidad el encargo de la exhumación de Franco. «Nosotros somos una empresa funeraria y no tenemos ningún problema, hacemos un trabajo y ya está», afirma Sepúlveda.

¿Traslado en helicóptero?
Finalmente el traslado del féretro de Franco desde el Valle de los Caídos, en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, al noroeste de Madrid, hasta el cementerio de Migorrubio, que se encuentra en las afueras de la capital. Según Sepúlveda, se ha realizado helicóptero Puma del Gobierno.

La propia familia ha decidido que el traslado se realice con el mismo féretro con el que se enterró al dictador. Una vez en Mingorrubio, el hijo de Antonio Tejero ha oficiado una misa por el dictador con la presencia de la familia Franco.

La exhumación en cifras:

– Carpa sobre la tumba del dictador para evitar la filtración de imágenes
– Escáner para evitar la entrada de cámaras al interior del reciento. Tampoco se ha permitido el acceso de teléfonos móviles.
– Un féretro por si al abrir la tumba el actual estaba inservible
– Dos helicópteros para el traslado de los restos al cementerio de Mingorrubio donde ha sido enterrado junto a su mujer Carmen Polo.
– 22 familiares, entre nietos y bisnietos de la familia Franco, se han desplazado hasta el Valle de los Caídos en dos minibuses dispuestos por el Gobierno.
– Coste total: 63.061 euros

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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