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Valencia

Los flamencos llevan 2 meses destrozando campos enteros de arroz en l’Albufera

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Valencia, 11 ago (EFE).- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado que en los últimos años ha aumentado la presencial de flamencos en la zona de l’Albufera, desde el lago hasta las zonas productoras de arroz próximas a las poblaciones, lo que ha provocado grandes pérdidas económicas a los agricultores.

La organización agraria ha informado que los flamencos se han unido recientemente a otras poblaciones de fauna salvaje, sobre todo especies de patos, que causan graves perjuicios en los arrozales del parque y según sus estimaciones, las pérdidas económicas provocadas por la avifauna en el cultivo del arroz ha alcanzado los 400.000 euros en campañas anteriores.

El delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en Sollana, José Felip, es uno de los numerosos arroceros afectados y ha contado que desde que sembró el arroz, «hay bandadas de flamencos que continuamente pisotean y destrozan las plantas».

«Tengo parcelas con daños desde el 30 % hasta incluso toda la producción de arroz perdida a causa de estos animales y me he cansado de replantar porque sé que van a volver», ha resaltado.

Felip ha lamentado que «en estos dos meses de campaña solo he recibido la visita de técnicos de Agroseguro, que tomaron nota pero no me confirmarán hasta la siega si los daños estarán cubiertos por el seguro».

«Hasta ahora todo han sido pegas y nunca me han pagado ninguna indemnización por este tipo de riesgo, y en cuanto a la gente del parque natural o de las administraciones con competencias en este paraje protegido, nadie se ha preocupado por el problema», ha criticado.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha explicado al respecto que «toda la sociedad, empezando por los propios agricultores, defendemos la preservación de los flamencos y el resto de la fauna y flora en esta joya medioambiental que es la Albufera, situada además a las puertas de València».

«Lo que ponemos en duda, sin embargo, es que sean los arroceros afectados los que paguen de su bolsillo el cuidado de estas especies que disfrutamos todos. ¿Por qué el agricultor ha de hacerse cargo económicamente de esta responsabilidad social? ¿Por qué ha de perder su cosecha sin que se le compense por ello?», ha añadido Aguado.

En este sentido, AVA-ASAJA ha exigido una profunda revisión del seguro agrario con el objeto de que la cobertura del mismo incluya todos los siniestros causados por la fauna salvaje, ya que en la mayoría de los casos las limitaciones establecidas no permiten acceder a ningún tipo de indemnización económica por el estado fenológico de la planta y la superficie afectada.

Asimismo, la asociación ha reclamado a las administraciones responsables del mantenimiento del parque natural de La Albufera compensaciones para los agricultores afectados en función de los daños sufridos.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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