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Sucesos

Maje confesó a otro amante que había pensado en acabar con su marido: «Quiero que se muera, le deseo un mal»

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(EUROPA PRESS)-María Jesús, conocida como Maje en su círculo de amigos, confesó a uno de sus amantes, Tomás, que había pensado en acabar con la vida de su esposo dos meses antes del crimen, ocurrido en agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix. Por el asesinato de Antonio, Maje está detenida junto con el autor confeso del asesinato, Salvador, un compañero de trabajo con el que también había tenido una relación sentimental. «Quiero que se muera, le deseo un mal, esto lo va a pagar caro», afirma en mensajes de Telegram a Tomás, fechados el 4 de junio de 2017.

Según la declaración de Tomás ante la Policía, a la que ha tenido acceso Europa Press, ambos mantuvieron una relación estable como pareja desde mayo de 2016 hasta marzo de 2017, cuando ella le dijo que no iba a separarse de Antonio, sobre el que además se inventó la farsa de que tenía cáncer.

A partir de marzo de 2017, la pareja de amantes siguió viéndose y manteniendo relaciones sexuales hasta octubre de ese año, momento en que dejaron de verse porque ella le decía que tenía mucho trabajo con las guardias en el hospital en el que trabajaba y con las «monjitas» que lo gestionaban.

En la conversación de junio de Telegram, que inició la propia Maje, la mujer le dice que había tenido «follón» con Antonio, que «no puede más», que le «agobia», que piensa que es «de su propiedad», que «le odia», «quiere que se muera», que «ojalá» lo haga» y que le desea un «mal». La detenida le dijo que había pensado «en acabar con su vida» y hace referencia a que sufre malos tratos.

Tomás explica a la Policía que, ante estas manifestaciones, él confesó que si se cruzaba con Antonio «le mataría», aunque precisó que ahora se «arrepentía» y que hizo esta declaración «porque se calentó» y pensaba que la víctima «maltrataba» a su amante. No obstante, puntualizó que en la misma conversación le instó a denunciar y que él la apoyaría porque «no merecía la pena destrozarse la vida por una rata como Antonio».

«ECHARLE UN GUANTE»

Tras enterarse de todo lo ocurrido con Salva, Tomás cree, según trasladó a los investigadores, que lo que ‘Maje’ estaba haciendo, al decirle que sufría malos tratos y que había pensado en acabar con la vida de Antonio, era «echarle un guante» a él mismo «para ver si aceptaba el envite y que fuese precisamente él quien matase a Antonio, como acabó haciendo Salva».

De acuerdo con su declaración, cuando supo a través de un mensaje de Telegram de Maje de la muerte del marido, el 16 de agosto de 2017, ella no le dijo la causa, por lo que se imaginó que el motivo del fallecimiento era el cáncer. De hecho, el 26 de junio de ese año ya le había dicho que Antonio iba a morirse y incluso el 30 le comunicó que había ingresado en el hospital.

Cinco días después, hablaron por teléfono y Maje le contó que lo habían matado por un robo obra de «terroristas islamistas», que suelen robar el tipo de coches que tenía su marido, un todoterreno de alta gama, según le describió.

Maje llegó a pasar con Tomás y los padres de él en un apartamento de Daimús (Valencia) el fin de semana anterior a la boda con la víctima, que tuvo lugar en septiembre de 2016. Ese mismo verano, también usó la excusa del supuesto cáncer de Antonio cuando le invitó a pasar otro fin de semana con él y otras parejas, aunque acabó yendo.

Cuando finalmente ella se casó, le dijo que no iban de viaje de novios por la presunta enfermedad, si bien luego se enteró de que sí había habido luna de miel en México.

DE FIESTA, A LA TRES SEMANAS DEL ASESINATO

Ante la Policía también declaró la mejor amiga de Maje, quien aseguró que Antonio no la controlaba nunca por teléfono y por eso no se enteraba de la relación que mantenía con José, un publicista con el que pasó la noche del crimen y con el que se fue a vivir poco después, según consta en el sumario.

A las tres semanas del crimen, el 8 de septiembre de 2017, ambas salieron de fiesta en Alicante y vio «muy bien de ánimo» a su amiga, lo que a ella le extrañó dadas las circunstancias.

Fue en ese momento cuando, según consta en el sumario, Maje conoció y mantuvo relaciones sexuales con un guardia urbano de Barcelona. Este hecho también extrañó a su amiga, que de Tomás no sabía nada, porque pensaba que quería a José y «pese a ello se acostó con este chico».

En el sumario también consta la declaración de una amiga y compañera de trabajo de Maje y Salva, de la que se desprende que ella la utilizó «para ganarse su confianza» y que le ayudara como testigo en la declaración de herederos. De acuerdo con esta versión, la detenida hablaba «muy mal» de la familia de su marido y advertía de que la «última palabra» en la herencia la tendría ella «y no iba a firmar nada hasta que no lo tuviera todo claro».

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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