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Miles de catalanes apoyan a Artur Mas en el inicio del juicio por la consulta del 9N

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Los tres han llegado a las 9:25, con casi media hora de retraso, a las puertas de la sede del TSJC, acompañados de Carles Puigdemont y su Govern.

Sobre las 8:20 horas, los tres acusados han salido del Palau de la Generalitat, arropados por el Govern en pleno y cargos electos de las fuerzas soberanistas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como «Ni un paso atrás», «No estáis solos» o «Independencia».


Fotos: Twitter

Mas, Ortega y Rigau encabezaban la comitiva, al lado de Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, seguidos de cargos de Junts pel Sí, la CUP y los ‘comunes’ y apoyados a lo largo del trayecto por personas que han acudido a mostrar su rechazo al juicio por la consulta del 9-N, que hacían ondear banderas ‘estelades’ y cantaban «L’estaca» de Lluís Llach o «Els Segadors».

A la altura del Fossar de les Moreres, en el barrio del Born de Barcelona, la comitiva se ha detenido para cantar el himno catalán, acompañados por miembros de La Coronela, agrupación que recrea una histórica milicia encargada de la defensa de la ciudad de Barcelona en 1714 frente a las tropas borbónicas. Sobre las 9.05, la cabecera de la marcha ha pasado por debajo del Arco de Triunfo, en el Paseo de Lluís Companys, decorado con un gran cartel con el lema «Love democracy» (Ama la democracia) colgado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios, entidades convocantes de la movilización soberanista.

Este último tramo hasta las escalinatas del Palacio de Justicia, en el mismo Paseo de Lluís Companys, lo han recorrido lentamente, entre los vítores y los gritos de «Independencia» de los miles de congregados que han respondido a la convocatoria de las entidades soberanistas, muchos de los cuales exhibían ‘estelades’ y carteles con lemas como «Las urnas no se juzgan» o «Votar es democracia».

Antes de entrar en la sede del TSJC, Mas, Ortega y Rigau han subido a una tarima para saludar a los asistentes a la concentración y expresarles su agradecimiento, aunque no han tomado la palabra. Los tres encausados, que estaban citados a las 9:00 horas, han llegado pues con cerca de media hora de retraso al TSJC, donde hasta el viernes serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9-N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9-N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes. Según el ministerio público, los encausados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de la consulta del 9-N acordada por el TC, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento» de las órdenes del Constitucional.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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