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Miles de catalanes apoyan a Artur Mas en el inicio del juicio por la consulta del 9N

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Los tres han llegado a las 9:25, con casi media hora de retraso, a las puertas de la sede del TSJC, acompañados de Carles Puigdemont y su Govern.

Sobre las 8:20 horas, los tres acusados han salido del Palau de la Generalitat, arropados por el Govern en pleno y cargos electos de las fuerzas soberanistas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como «Ni un paso atrás», «No estáis solos» o «Independencia».


Fotos: Twitter

Mas, Ortega y Rigau encabezaban la comitiva, al lado de Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, seguidos de cargos de Junts pel Sí, la CUP y los ‘comunes’ y apoyados a lo largo del trayecto por personas que han acudido a mostrar su rechazo al juicio por la consulta del 9-N, que hacían ondear banderas ‘estelades’ y cantaban «L’estaca» de Lluís Llach o «Els Segadors».

A la altura del Fossar de les Moreres, en el barrio del Born de Barcelona, la comitiva se ha detenido para cantar el himno catalán, acompañados por miembros de La Coronela, agrupación que recrea una histórica milicia encargada de la defensa de la ciudad de Barcelona en 1714 frente a las tropas borbónicas. Sobre las 9.05, la cabecera de la marcha ha pasado por debajo del Arco de Triunfo, en el Paseo de Lluís Companys, decorado con un gran cartel con el lema «Love democracy» (Ama la democracia) colgado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios, entidades convocantes de la movilización soberanista.

Este último tramo hasta las escalinatas del Palacio de Justicia, en el mismo Paseo de Lluís Companys, lo han recorrido lentamente, entre los vítores y los gritos de «Independencia» de los miles de congregados que han respondido a la convocatoria de las entidades soberanistas, muchos de los cuales exhibían ‘estelades’ y carteles con lemas como «Las urnas no se juzgan» o «Votar es democracia».

Antes de entrar en la sede del TSJC, Mas, Ortega y Rigau han subido a una tarima para saludar a los asistentes a la concentración y expresarles su agradecimiento, aunque no han tomado la palabra. Los tres encausados, que estaban citados a las 9:00 horas, han llegado pues con cerca de media hora de retraso al TSJC, donde hasta el viernes serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9-N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9-N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes. Según el ministerio público, los encausados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de la consulta del 9-N acordada por el TC, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento» de las órdenes del Constitucional.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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