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La mujer que ayudó a morir a su marido enfermo acepta cinco de cárcel

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València, 10 may (OFFICIAL PRESS – EFE).- La mujer de 77 años acusada de un delito de auxilio al suicidio por inyectar, previo acuerdo, una dosis elevada de morfina a su marido de 95 y enfermo crónico, ha aceptado la pena de cinco meses de prisión que pedía la Fiscalía de Valencia, aunque con suspensión de pena y, por tanto, sin consecuencias para ella.

La mujer que ayudó a morir a su marido

En el juicio, que ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, se juzgaba a la mujer por un delito de auxilio al suicidio, con la eximente incompleta de alteración psíquica y la agravante de parentesco.
Según el escrito de conformidad, al marido, de 95 años y aquejado de numerosas patologías crónicas, estas dolencias «le provocaban padecimientos permanentes» y, según el abogado de la acusada, Constantino Marín, «sufría un deterioro físico y cognitivo global» y «no se regía por sí mismo, sino que necesitaba ayuda, incluso mecánica, para cualquier acto».

De hecho, la víctima había redactado conforme a la legislación vigente un documento de voluntades anticipadas en las que manifestaba su deseo expreso de que, cuando llegara el momento terminal de su enfermedad, se le administrara sedación para acabar con su vida de forma indolora.

«La acusada, conocedora de la voluntad de su marido, tras haber observado el deterioro progresivo del mismo, su sufrimiento por la situación descrita y la reciente epidemia de COVID-19 que había empeorado su estado, en cumplimiento de la voluntad expresa de este y con la finalidad de paliar su sufrimiento, el 9 de diciembre de 2020, en el domicilio familiar y estando ambos de acuerdo, le administró por vía intramuscular una dosis elevada de morfina con la finalidad de acabar con su vida de forma indolora», según el relato de los hechos.

Ella padece alteración psíquica

La acusada padecía un trastorno generado por la situación vivida por su marido durante los años anteriores a los hechos, y por ello se considera que concurre la eximente incompleta de alteración psíquica.

Este trastorno, en los momentos previos a los hechos, «le produjo una intensa alteración de su estado mental que le mermó de forma severa su capacidad de entender y querer, modificando sin llegar a anular sus facultades cognoscitivas e intelectivas», según las conclusiones del escrito de conformidad.

Cinco meses de condena

Por todo ello, la acusada ha aceptado una condena de cinco meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y costas.

El abogado de la acusada ha asegurado que se han conformado para «evitar a la acusada el trance de tener que pasar por el juicio» y ha resaltado que la condena es «a cinco meses de prisión pero con suspensión y, por lo tanto, sin ningún tipo de consecuencia».

«Inicialmente se abría un procedimiento de jurado, y la tesitura de tener que ir al juicio, con lo que implica un tribunal con nueve jurados, pruebas testificales, interrogatorios y pruebas testificales, iba a suponer un sufrimiento enorme para la acusada», ha señalado después, en declaraciones a los medios.

Así ha explicado el acuerdo de conformidad, si bien ha considerado que, si se hubiera producido el juicio, «a buen seguro, al 100 %, habría sido absuelta» debido a las «circunstancias» del caso: «El hecho de que fuera en plena pandemia, con las circunstancias de la persona fallecida y de la persona acusada y con la manifestación por escrito de la voluntad de evitarse cualquier sufrimiento».

Asimismo, ha recordado que entre los hechos y el juicio se aprobó la ley de Eutanasia, que no se aplica por ser posterior y a la que no cabría acogerse en cualquier caso porque no se siguió el procedimiento reglado.
«Pero la acusada ha actuado, como dicen los informes periciales, por un acto de amor máximo al materializar la voluntad de su esposo para acabar con su sufrimiento», ha concluido.

 

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Detenido un exconvicto por el presunto homicidio de un empresario desaparecido de Bocairent

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La Guardia Civil arresta a Antonio C. B., condenado previamente por asesinato, tras hallar pruebas biológicas en el vehículo y en la casa rural de la víctima

4 de julio de 2025 — La Guardia Civil ha detenido a Antonio C. B., un expresidiario con antecedentes por homicidio, como presunto autor de la muerte de un empresario desaparecido el pasado 29 de mayo en circunstancias sospechosas. Aunque el cuerpo aún no ha sido localizado, los investigadores han reunido pruebas concluyentes que apuntan a una muerte violenta.

La detención se ha llevado a cabo tras días de vigilancia discreta por parte del Grupo de Homicidios, que esperaba el resultado de pruebas de ADN para proceder al arresto con todas las garantías judiciales. La investigación apunta a que el empresario, Enrique G., de 77 años, pudo ser asesinado el mismo día de su desaparición.

Pruebas biológicas y una escena del crimen clara

La clave para esclarecer el caso ha sido el trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que analizó tanto el vehículo de la víctima como su casa rural, donde se localizaron salpicaduras de sangre por proyección. El estudio detallado de esas manchas permitió deducir la trayectoria del arma blanca empleada, la dirección del ataque y la violencia del mismo.

Además, se hallaron vestigios biológicos del detenido en el coche, un Volkswagen Golf, presuntamente utilizado para transportar el cadáver. El análisis de estas pruebas, junto con el cotejo de ADN, fue decisivo para vincular al sospechoso con el crimen.

Una fuga sospechosa y antecedentes por asesinato

Según fuentes de la investigación, el día de la desaparición, una patrulla local observó maniobras extrañas en el vehículo de Enrique G. al entrar en una localidad próxima. El conductor, que no fue identificado en ese momento, huyó a gran velocidad, lo que generó sospechas. Todo apunta a que Antonio C. B. trasladaba el cuerpo sin vida del empresario en ese momento.

El arrestado ya fue condenado en 2006 por otro homicidio, cuando mató a cuchilladas al propietario de un establecimiento nocturno tras una discusión. Aquel crimen fue reconocido por el propio Antonio durante el juicio, tras pagar una indemnización a la familia de la víctima.

Hipótesis principal: venganza o robo

Los agentes investigan el móvil del crimen, ya que ambos hombres mantenían desavenencias tras una denuncia por intento de robo interpuesta por Enrique G. La víctima solía dormir en su casa rural en venta, donde realizaba labores de mantenimiento y mostraba la propiedad a posibles compradores.

Todo apunta a que Antonio C. B. entró en la vivienda con intención de robar o ajustar cuentas, y que, tras cometer el homicidio, trató de ocultar el cadáver sin éxito.

La investigación sigue abierta y la prioridad ahora es localizar el cuerpo del empresario para esclarecer completamente lo ocurrido.

 

 

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