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Oltra avisa: «Seis comunidades estamos absorbiendo el fenómeno migratorio y los sistemas de protección no dan abasto»

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VALÈNCIA, Ago 2018. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este lunes que es necesario que el Gobierno central coordine la solidaridad entre comunidades autónomas en materia de inmigración y ha subrayado que, en el caso de los menores, en este momento «seis comunidades estamos absorbiendo este fenómeno y los sistemas de protección que tenemos no dan abasto».

Oltra, que asistirá en la tarde de este lunes a la IX Conferencia Sectorial de Inmigración, que se celebra en Madrid y donde se analizarán la situación migratoria en España y sus líneas de actuación, ha destacado ante los medios de comunicado la importancia de esta reunión –no se ha hecho en los últimos tres años–, «cuando los fenómenos migratorios en Europa exigen que haya una coordinación y un liderazgo en las políticas de migraciones».

La vicepresidenta ha asegurado que en la reunión plantearán la necesidad de coordinación en las migraciones de personas adultas, ya que, aunque es competencia del Gobierno central, las comunidades tienen que «proveer de sanidad, proveer de recursos de inclusión, de integración y de viviendas». «El hecho de que haya esa descoordinación entre ambos gobiernos es algo que nos ha lastrado durante estos años», ha expresado.

Oltra ha asegurado que necesitan recursos del Estado también para «los niños y adolescentes que migran solos», dado que los gobiernos autonómicos tienen la competencia para escolarizarlos. «En este momento seis comunidades estamos absorbiendo este fenómeno migratorio y los sistemas de protección que tenemos no dan abasto», ha expresado, y ha añadido: «Necesitamos solidaridad entre comunidades a la hora de dar acogida y protección, de darles una nueva vida a estos niños que ya han sufrido bastante en su vida».

Asimismo, la consellera ha asegurado que entre enero y mayo de este año las llegadas de menores no acompañados «se han multiplicado por once» con respecto al mismo periodo de 2017. Además, también ha incidido en que estas llegadas se han incrementado en un 327% respecto a 2016.

Por esta razón, ha indicado que la reunión de este lunes es «una buena noticia» y ha explicado que espera poder dar «una respuesta democrática, decente, acogedora y dentro del marco del cumplimiento de los Derechos Humanos a los fenómenos migratorios».

«DELITOS DE ODIO» DESDE PARTIDOS «COMO EL PP»
Por otra parte, Oltra ha comentado que desde «determinados partidos» como el PP se está llevando a cabo «la imposición del delito de odio» y ha aludido a declaraciones como las del vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, «diciendo que tiene que haber deportaciones masivas, alineándose con la derecha más extrema de este mundo como puede ser Trump».

«Todas estas barbaridades que son contrarias a los derechos humanos también es algo que queremos plantear en la reunión de hoy», ha indicado la consellera, quien ha asegurado que hay que ver la inmigración «como una oportunidad tanto para ellos como para nosotros porque muchas veces nos estamos quejando de nuestro problema demográfico y estas personas vienen a paliar situaciones de despoblación, de no encontrar personas que trabajen en determinadas áreas o en determinados ámbitos laborales».

OTROS ‘AQUARIUS’

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que un nuevo barco de la ONG Proactiva Open Arms –que rescató a más de 80 personas la semana pasada y ha solicitado una autorización al Estado para atracar en España– desembarque en València, Oltra ha recordado que es «competencia del Gobierno», pero ha asegurado que tanto València como la Comunitat han demostrado ser «ciudad y comunidad de acogida».

«València está ofrecida como puerto, el alcalde lo dijo ya con el ‘Aquarius'», ha expresado. «Entiendo que el ofrecimiento está hecho no solo para un barco, sino que está hecho para todas esas personas que van a la deriva y para aquellas ONG que lo que hacen es salvar vidas en el Mediterráneo», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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