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Oltra avisa: «Seis comunidades estamos absorbiendo el fenómeno migratorio y los sistemas de protección no dan abasto»

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VALÈNCIA, Ago 2018. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este lunes que es necesario que el Gobierno central coordine la solidaridad entre comunidades autónomas en materia de inmigración y ha subrayado que, en el caso de los menores, en este momento «seis comunidades estamos absorbiendo este fenómeno y los sistemas de protección que tenemos no dan abasto».

Oltra, que asistirá en la tarde de este lunes a la IX Conferencia Sectorial de Inmigración, que se celebra en Madrid y donde se analizarán la situación migratoria en España y sus líneas de actuación, ha destacado ante los medios de comunicado la importancia de esta reunión –no se ha hecho en los últimos tres años–, «cuando los fenómenos migratorios en Europa exigen que haya una coordinación y un liderazgo en las políticas de migraciones».

La vicepresidenta ha asegurado que en la reunión plantearán la necesidad de coordinación en las migraciones de personas adultas, ya que, aunque es competencia del Gobierno central, las comunidades tienen que «proveer de sanidad, proveer de recursos de inclusión, de integración y de viviendas». «El hecho de que haya esa descoordinación entre ambos gobiernos es algo que nos ha lastrado durante estos años», ha expresado.

Oltra ha asegurado que necesitan recursos del Estado también para «los niños y adolescentes que migran solos», dado que los gobiernos autonómicos tienen la competencia para escolarizarlos. «En este momento seis comunidades estamos absorbiendo este fenómeno migratorio y los sistemas de protección que tenemos no dan abasto», ha expresado, y ha añadido: «Necesitamos solidaridad entre comunidades a la hora de dar acogida y protección, de darles una nueva vida a estos niños que ya han sufrido bastante en su vida».

Asimismo, la consellera ha asegurado que entre enero y mayo de este año las llegadas de menores no acompañados «se han multiplicado por once» con respecto al mismo periodo de 2017. Además, también ha incidido en que estas llegadas se han incrementado en un 327% respecto a 2016.

Por esta razón, ha indicado que la reunión de este lunes es «una buena noticia» y ha explicado que espera poder dar «una respuesta democrática, decente, acogedora y dentro del marco del cumplimiento de los Derechos Humanos a los fenómenos migratorios».

«DELITOS DE ODIO» DESDE PARTIDOS «COMO EL PP»
Por otra parte, Oltra ha comentado que desde «determinados partidos» como el PP se está llevando a cabo «la imposición del delito de odio» y ha aludido a declaraciones como las del vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, «diciendo que tiene que haber deportaciones masivas, alineándose con la derecha más extrema de este mundo como puede ser Trump».

«Todas estas barbaridades que son contrarias a los derechos humanos también es algo que queremos plantear en la reunión de hoy», ha indicado la consellera, quien ha asegurado que hay que ver la inmigración «como una oportunidad tanto para ellos como para nosotros porque muchas veces nos estamos quejando de nuestro problema demográfico y estas personas vienen a paliar situaciones de despoblación, de no encontrar personas que trabajen en determinadas áreas o en determinados ámbitos laborales».

OTROS ‘AQUARIUS’

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que un nuevo barco de la ONG Proactiva Open Arms –que rescató a más de 80 personas la semana pasada y ha solicitado una autorización al Estado para atracar en España– desembarque en València, Oltra ha recordado que es «competencia del Gobierno», pero ha asegurado que tanto València como la Comunitat han demostrado ser «ciudad y comunidad de acogida».

«València está ofrecida como puerto, el alcalde lo dijo ya con el ‘Aquarius'», ha expresado. «Entiendo que el ofrecimiento está hecho no solo para un barco, sino que está hecho para todas esas personas que van a la deriva y para aquellas ONG que lo que hacen es salvar vidas en el Mediterráneo», ha concluido.

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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