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OPOSICIONES | El Consell aprueba 6.790 plazas para Sanidad en 2017

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Las claves para aprobar la selectividad

El Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2017 para personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.El total de esta oferta asciende a 6.790 plazas, que se detallan por categorías profesionales. El número de plazas de personal estatutario es de 6.432 y funcionarial 358. De ellas, 6.358 son de turno libre (6.008 plazas de estatutario, el resto funcionarial) y 429 de promoción interna (424 plazas de estaturario).

Por categorías, la oferta contempla 1.387 puestos para médicos en el apartado de oferta de plazas estatutarias, entre las que se encuentran 310 puestos ofertados para Medicina Familiar de Equipo de Atención Primaria o 808 plazas para facultativos especialistas.

En este apartado destacan las 58 de Anestesiología y Reanimación; 29 para Medicina Física y Rehabilitación; 26 para Neumología; 49 para Obstetricia y Ginecología; 46 Oftalmología; 35 para Urología y 40 para Pediatría.

En el área de Salud Pública, dentro de las plazas funcionariales, hay 30 plazas para médicos de Salud Pública y 20 plazas para inspector médico de servicios sanitarios.

Respecto a Enfermería, se ha destinado un total de 2.250 entre las que se encuentran 2.209 plazas de personal estatutario de Enfermería, 90 de ellas en Enfermería especialista en Obstetricia y Ginecología o 40 de SAMU. En el apartado de plazas funcionariales, hay 21 puestos para Enfermería de Salud Pública.

En lo referente a otras áreas sanitarias, la OPE contempla la oferta de plazas para farmecéuticos (45), veterinarios (62) y fisioterapeutas (100). En el campo técnico, se oferta un total de 1.447 plazas de diversa índole, como por ejemplo los 1.025 puestos para técnico de cuidados de auxiliar de enfermería, los 166 de técnico especialista de laboratorio y 150 de técnico especialista en radiodiagnóstico.A ello se suma 638 puestos para auxiliar de administrativo, 421 para celadores y 50 para administrativos.

OPE de 2014, 2015 y 2016 y futuras ofertas de 2018 y 2019

La aprobación de las 6.790 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2017 tiene lugar después de que se hayan publicado en las pasadas semanas en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV) las últimas convocatorias que quedaban pendientes de las OPE de 2014, 2015 y 2016, un total de 3.608 plazas que se han agrupado por categorías.

La Conselleria de Sanitad Universal y Salud Pública se ha comprometido a aprobar una OPE anual, tal y como recoge el Pacto por la Estabilidad en el Empleo suscrito por unanimidad entre la conselleria y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial en julio de 2016.De esta forma, junto a las 6.790 plazas aprobadas de la OPE de 2017, está previsto que se apruebe una OPE en 2018 y otra en 2019 con unas 8.000 plazas conjuntas.

Así, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública hará en tres años el mayor esfuerzo realizado nunca en la convocatoria de plazas de Sanidad y en la apuesta por la estabilidad de empleo. Con la convocatoria de 14.790 plazas correspondientes a las OPE de 2017, 2018 y 2019, junto con las 3.608 plazas de las convocatorias de las OPE de 2014, 2015 y 2016, se pondrá fin a la precariedad laboral de casi 18.400 empleados públicos a lo largo de esta legislatura.Con ello, se reducirá la tasa de temporalidad en el sistema sanitario público valenciano del 37,5%, que había en junio de 2015, a una tasa técnica del 8% en 2019.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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