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Valencia

Peligran las viviendas en primera línea de playa de Denia

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Peligran las viviendas en primera línea de playa de Denia

Generalitat y propietarios en primera línea de playa presentarán alegaciones para evitar que los inmuebles pasen a ser de titularidad pública

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio se ha personado en el acto de apeo que marca el deslinde del subtramo Norte de la playa de Dénia (Alicante), convocado por el Ministerio, para “poner de manifiesto que la Generalitat está al lado de los vecinos afectados» y se va «a oponer a estos deslindes» al considerarlos «injustos».

Así lo ha expuesto el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus, quien ha comparecido en el acto de apeo celebrado en Dénia para manifestar en el acta la disconformidad de la Generalitat al deslinde y aportar las alegaciones que hasta este momento se tienen al proyecto, según un comunicado del Gobierno valenciano.

Martínez Mus ha explicado que desde la Generalitat comparten «el sentimiento de indignación y el enfado de los vecinos de la playa de Dénia, que están viendo cómo, con esos expedientes de deslinde que ha iniciado el Ministerio de Transición Ecológica, están siendo desposeídos de sus propiedades y condicionando el futuro de su patrimonio y el de sus herederos”.

Se trata de unas normas «injustas y arbitrarias», ha subrayado Martínez Mus, quien ha añadido que la Conselleria “no va a participar en un procedimiento totalmente injustificado e innecesario”.

Así, ha reiterado, la Generalitat “está requiriendo al Gobierno desde hace mucho tiempo para regenerar y proteger el dominio público, luchando contra la regresión, no contra los vecinos”.

Ha recordado que el acto de apeo es «un procedimiento administrativo por el que se traza una línea y todo lo que queda dentro pasa a ser propiedad estatal, de dominio público marítimo terrestre, y cualquier vivienda o construcción que esté dentro ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura”

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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