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Puig avanza que se tomarán medidas en algunas localidades los próximos días para «encapsular los brotes»

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que existe preocupación por la evolución de la pandemia en algunas zonas de la Comunitat Valenciana y que en los próximos días se tomarán medidas en distintas ciudades para «encapsular los brotes».

Puig, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado, al ser preguntado si se van a ampliar las restricciones por la covid, que se está evaluando y en algunos lugares «probablemente se tomarán medidas en los próximos días».

El president ha hecho hincapié en que siempre se toman las decisiones tras escuchar a los expertos y técnicos de Salud Pública y ha recalcado que la situación en la Comunitat es «más favorable» que en otros lugares e España o en países en los que antes «nos habíamos mirado», como Austria.

Pero también ha advertido de que no se puede caer «en el triunfalismo» y ha recordado que hoy mismo ha anunciado más rastreadores porque «ahí donde nos la jugamos. Se trata de persistir en la encapsulación de los brotes. Tomaremos todas las medidas necesarias», ha asegurado el ‘president’, que ha apuntado que en esos casos se hará «con una actitud dinámica, sin confrontación y sin estigmatizacion», puesto que «una ciudad que hoy está muy bien, igual mañana tiene problemas».

Puig anuncia la contratación de 260 MIR sin plaza para reforzar el rastreo de COVID-19 y la puesta en marcha del plan para atender consultas por las tardes
El president de la Generalitat, Ximo Puig, también ha anunciado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública reforzará la labor de rastreo de casos de coronavirus con la contratación de 260 personas licenciadas en Medicina que han realizado el examen MIR, pero no han tenido plaza, y ha avanzado también que el pleno del Consell aprobará este viernes el programa de autoconcierto para los equipos de Atención Primaria, que empezará a ponerse en marcha la próxima semana y permitirá incrementar las consultas por las tardes en los centros de salud.

Ximo Puig, que ha comparecido en la sesión de control de Les Corts, ha subrayado que «es el momento de parar la pandemia», lo que, tal y como ha señalado, requiere de un refuerzo de las personas rastreadoras para intensificar las tareas de vigilancia, seguimiento y detección de casos y también de actuaciones para reforzar la Atención Primaria, una «vieja reivindicación» con la que fortalecer la labor asistencial que se da en este ámbito, fundamental para actuar contra los brotes de COVID-19.

«El sistema público de salud está absolutamente blindado», ha manifestado el president, que ha recordado que la inversión en Sanidad ha aumentado en más de 1.000 millones de euros en los últimos años. Además, atendiendo a la tasa de incidencia de coronavirus en la Comunitat Valenciana en relación con otros territorios, ha revindicado tanto la labor de los y las profesionales de la Sanidad como los resultados de la dirección política que se está realizando de la gestión de la lucha contra la pandemia, siempre guiada por criterios de carácter técnico.

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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