El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado una entrevista urgente con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para acabar con «el maltrato de inversiones» a la Comunitat Valenciana que recoge, según Puig, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

Como ha explicado Puig, la inversión contemplada en las cuentas del Gobierno central es de 509 millones de euros representa un 7,4% del total distribuido en todo el territorio nacional, un porcentaje «muy por debajo» del PIB y del porcentaje poblacional de la Comunitat Valenciana. Esto ha provocado, tal y como ha remarcado Puig, una «profunda desafección» de la Comunitat Valenciana hacia el Gobierno de España y es, además, «la gota que colma el vaso» en materia de financiación e inversiones estatales.

«Durante los últimos cinco años el maltrato del Gobierno de Rajoy ha sido evidente», ha denunciado Puig que, a su vez, ha criticado que los presupuestos en los últimos años «nunca alcanzaron más allá de la mitad de lo que nos correspondía» en inversiones en infraestructuras. En concreto, desde 2012 y hasta 2017, el apartado destinado a inversiones en fomento ha supuesto una media del 7,6%, dos puntos por debajo del PIB valenciano y, aproximadamente, un 3% menos de lo que corresponde por el peso poblacional a la Comunitat Valenciana.

Así se ha expresado el jefe del Consell después de mantener una reunión con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, en la que han analizado las consecuencias del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Este encuentro del jefe del Ejecutivo valenciano con todo el equipo de la Conselleria de Infraestructuras se ha convocado después de que la junta de síndics de Les Corts Valencianes acordara instar al Consell a buscar «el máximo consenso político» para conseguir unos PGE «decentes y dignos» para el pueblo valenciano, tal y como ha señalado el President.

En este sentido, el Gobierno valenciano ha acordado iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos para reivindicar las prioridades que ya se reflejaron en 2016 en la Agenda Valenciana de Infraestructuras. Puig ha indicado que la Generalitat espera que esta iniciativa sirva para elaborar un conjunto de propuestas con el objetivo de que sean «avaladas a través de enmiendas por todos los grupos valencianos» en el Congreso de los Diputados.

«Exigimos a todos los diputados valencianos que cumplan con aquello que les exige el pueblo valenciano» ha reivindicado Puig. A cambio, ha afirmado que el Ejecutivo valenciano está dispuesto a «compartir con todos los grupos políticos la agenda de infraestructuras y las prioridades que expone para intentar que, de verdad, este sea un punto de inflexión» para la Comunitat Valenciana.

Puig ha avanzado que el objetivo del Consell es buscar las medidas que generen «el máximo consenso político» y evitar, a su vez, cualquier tipo de «confrontación artificial». «No entendemos por qué se está teniendo una actitud tan negativa y discriminatoria que margina a la Comunitat Valenciana, porque con las infraestructuras necesarias podemos ayudar al conjunto del país a mejorar las expectativas de crecimiento y empleo», ha explicado.

Por otro lado, Ximo Puig también ha incidido en que el Consell no renuncia a la deuda histórica de la Comunitat Valenciana, una deuda que también, como ha señalado, afecta a las infraestructuras y las inversiones. «No es victimismo, simplemente se trata de poner la realidad delante de todos; el problema valenciano existe», ha reiterado el jefe del Consell.

Como consecuencia de esta falta de recursos económicos, Puig ha mostrado que se produce una situación «absolutamente insoportable para la economía y para la sociedad valenciana». «La falta de infraestructuras e inversión publica provoca que los valencianos y las valencianas tengan un 11% menos de renta per cápita que la media española, además de unos salarios y unas pensiones inferiores a las del resto de españoles».

En contraposición, ha expuesto que los habitantes de la Comunitat Valenciana «no se merecen este trato discriminatorio», ya que, como ha recordado, el territorio valenciano ha sido el que más ha crecido en términos económicos durante 2016. «No se corresponde el esfuerzo que hacen cotidianamente empresas, trabajadores y trabajadoras valencianos, con lo que finalmente se recibe por parte del Estado», ha recriminado Puig.

Inversiones pendientes en el Corredor Mediterráneo

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha coincidido con el President en que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 suponen «un punto de involución y retroceso». Como ha explicado, el actual proyecto sitúa a la Comunitat Valenciana prácticamente en el mismo nivel de inversión que los presupuestos de «los perores años de la crisis económica», en 2013 y 2014, cuando se invirtieron 521 millones y 539 millones, frente a los 509 millones de euros previstos para 2017.

Además, ha hecho hincapié en que este documento prevé tan solo una inversión de 189 millones de euros para el Corredor Mediterráneo, una cifra que demuestra, según la consellera, que esta infraestructura «no tiene ningún tipo de prioridad» para el Gobierno central. Con esta asignación de recursos por parte del Estado, quedaría pendiente el 70% de la inversión necesaria para acabar los tres tramos «fundamentales» a su paso por la Comunitat Valenciana.

Como ya explicó Salvador en un desayuno informativo en el que también estuvo presente el jefe del Consell, la inversión para estos tramos estaba estimada en 614 millones de euros, frente a los 189 millones presupuestados. Dentro de esta partida está incluido el tramo Castellón- Vandellós, con valor de 58,6 millones, el de Valencia- La Encina, por 55 millones, y el de Monforte del Cid- Murcia, por un total de 77 millones de euros. Todas estas partidas, según Salvador, están por debajo de las «necesidades reales» para acabar las actuaciones.

Asimismo, ha destacado la importancia de hacer una comparativa entre lo que se invierte en otras comunidades autónomas y en otros corredores, porque, como ha indicado, el Gobierno justifica estas inversiones basándose en «un discurso de limitaciones presupuestarias y de inversiones». Por ejemplo, ha indicado que si sumamos las cantidades del eje central y que pasando por Madrid se dirige al Noroeste, Norte y Nordeste, la cifra llega a 1.364 millones frente los 189 millones de Corredor Mediterráneo.

Cercanías y transporte metropolitano

Por otro lado, tras la reunión, Puig y Salvador también han expuesto la «escasa» inversión que el Gobierno de España ha destinado a la red de cercanías de la Comunitat Valenciana, después de que se negara la transferencia de esta competencia al Consell para mejorar la gestión de este servicio y convertirlo, así, en una red «de calidad y digna».

Actualmente todavía no se ha ejecutado el Plan de Cercanías 2010-2020 y, a pesar de que el Gobierno valenciano estima que se necesitarían aproximadamente 3.000 millones de euros para adecuar y ampliar esta red «que utilizan cada año más de veinte millones de valencianos y valencianas», como ha recordado la consellera, en los PGE de 2017 únicamente se han presupuestado 300.000 euros para realizar estudios de actuación en la provincia de Alicante y 100.000 más para la provincia de Valencia.

Además, Salvador ha lamentado que el Gobierno central prevé destinar 9 millones de euros a estaciones de Valencia y Alicante, una inversión que no supone «ninguna mejora en la red ferroviaria». «Estamos a años luz de las mejoras que en materia de cercanías necesita la Comunitat Valenciana» ha apostillado.

Por otro lado, el President y la consellera de Obras Públicas han abordado la falta de subvención para el transporte metropolitano en el área de València, puesto que en los actuales presupuestos no se ha previsto ninguna inversión para la Autoridad Metropolitana del Transporte, mientras que ciudades como Madrid y Barcelona recibirán, respectivamente, 126 y 108 millones de euros.

«Desde el Gobierno valenciano se han hecho los deberes, desarrollando un plan de movilidad sostenible para el área metropolitana de València y creando el ente que se exigía. Ya no había excusas para el Gobierno de España», ha denunciado Salvador. En este mismo sentido se ha pronunciado el President, que ha insistido en que la subvención al transporte metropolitano de València es una cuestión que «no admite ningún tipo de discusión». «Ya no había excusa posible», ha zanjado.

En lo que respecta a Metrovalencia, tampoco se ha presupuestado una inversión para finalizar la futura línea T2, paralizada desde 2011 por falta de financiación. En cambio, los Presupuestos Generales del Estado 2017 sí que reflejan la dotación de recursos para el transporte metropolitano de otras ciudades, como Sevilla o Málaga.

«Se invierte en el metro de Sevilla y el metro de Málaga, por lo que también consideramos de justicia que, ante la situación de infrafinanciación y la deuda de la Comunitat Valenciana, se aporten los cien millones necesarios para finalizar la obra civil de la línea T2», ha reclamado la consellera Salvador.

Red de carreteras

En la red viaria, la consellera Salvador ha denunciado que la inversión que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 baja un 12% respecto al presupuesto establecido el año pasado, y que el peso de dicha inversión respecto al conjunto de España es de un 6,3%. Desde el Gobierno valenciano se observa una «constante repetición» de las diferentes actuaciones en la red de carreteras, que se produce año tras año, sin que nunca se lleguen a licitar o ejecutar.

Por otro lado, las anualidades más importantes de inversión contempladas por el Gobierno central figuran en obras «que llevan años en ejecución,» según ha indicado Salvador, que se ha referido como ejemplo el tramo de la A-3 a su paso por La Font de la Figuera, cuyas obras se pararon hace diez años y todavía no se han retomado pese a que quedan 12,5 kilómetros para finalizar esta vía. Otras obras que llevan años en ejecución son el acceso sur al puerto de Gandia o la variante de Cullera y Favara de la N-332.

Asimismo, la titular de Obras Públicas ha explicado que los PGE de 2017 también contemplan anualidades para obras que se licitaron en 2016, pero que todavía no han empezado a acometerse, como la variante de la N-232 en el puerto de Querol o la variante de Benissa de la N-332.

Finalmente, Salvador ha hecho referencia a «obras que se presupuestaron en 2016 pero no fueron licitadas y han pasado a estar presupuestadas en 2017 de forma reiterativa», como el tercer carril de la V-21 entre Carraixet y València, la duplicación de la variante de Torrevieja, el acceso al aeropuerto de Alicante, el acceso al aeropuerto de València por la N-220 y la ampliación a tercer carril de la Autovía del Mediterráneo de la A-7 en el tramo de Crevillente y el enlace Orihuela-Beniferri.