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Puig se muestra crítico con el «portazo» a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado

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VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 da un nuevo «portazo» a la Comunitat Valenciana, que este año tendría que recibir «334 millones de euros más para alcanzar la media» estatal.

Puig ha realizado estas declaraciones tras analizar los PGE, unos presupuestos que según ha criticado «ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunitat Valenciana», de modo que «en 2018 un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. Nos faltan 67 euros más. En 2017 nos faltaban 66, o sea, este año nos falta aún un euro más», ha subrayado.

La Comunitat «está maltratada», ha insistido, y este año «muy especialmente» la provincia de Alicante, a la que le faltan 117 euros por habitante para alcanzar la media, ha remarcado. De hecho, de los 334 millones de euros que le faltan a la Comunitat para alcanzar la media, «dos tercios son de la provincia de Alicante, le faltarían 271 millones», ha precisado.

En este sentido, el jefe del Consell advertido que «el problema es la tendencia y la cronificación de la infrainversión» en la Comunitat Valenciana que en los años en los que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno «ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros, lo que traducido en empleo ha supuesto perder más de 31.000 empleos, solo este año 3.900».

A su entender, los nuevos PGE «confirman la tendencia de lo que ha sido el Gobierno de Rajoy respecto a la Comunitat Valenciana dejándola en el furgón de cola de inversión por habitante». Siendo el 10,6% de la población, recibe el 6,3% de la inversión, ha apuntado.

Se trata de algo «escandaloso», ha alertado, y «más escandaloso si cabe si se compara con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. De este modo, la inversión real supone el 5% de las inversiones de toda España. Desde 2012 a 2016, el estado de ejecución es del 5,04%, con lo que «no solo es pésima la concepción presupuestaria sino que lo que es terrible es la ejecución», ha incidido.

«¿CUÁL ES LA OTRA VÍA?»
De este modo, Puig ha criticado la «discriminación activa» a la Comunitat Valenciana, a la que «no se respeta» y ha cuestionado que «frente a la lealtad de la Generalitat y la lealtad de la Comunitat Valenciana, la pedagogía aplicada por el señor Rajoy, nos lleve a una situación de infrainversión e infrainversión activa y permanente».

«Si nosotros que estamos en las tesis del diálogo y del acuerdo, de la utilización de las instituciones, recibimos un portazo detrás de otro, ¿cuál es la otra vía?», se ha preguntado.

Para Puig, la actitud del Gobierno central es «difícil de comprender», sobre todo porque «los valencianos estamos diciendo existe el problema valenciano y hay que resolverlo pero no están en ninguna vía de ruptura».

Así, ha hecho un llamamiento para «devolver a la agenda» la reforma del sistema de financiación, una cuestión que a su juicio «parece que se quiere quitar de la agenda».

El presidente de la Generalitat, ha hecho notar que es el Gobierno el que «ha incumplido la Constitución» al presentar los PGE a mitad del ejercicio y es «responsabilidad del Gobierno sentarse a negociar con los partidos los PGE porque estos no sirven».

1.500 MILLONES PARA IGUALARSE A LA MEJOR FINANCIADA
Además, Puig ha ido más allá para señalar que la autonomía española con la autonomía que mejor inversión recibirá dispondrá de 319 euros por habitante, «si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe este año recibiría 1.500 millones de euros más», ha calculado.

Si el pasado mes de marzo, la Comunitat lideró la creación de empleo, ha resaltado, «con la financiación adecuada y la inversión adecuada la Comunitat crecería alrededor de un punto más del PIB, lo que supondría miles de puestos de trabajo», ha asegurado.

Sin embargo, los PGE para 2018 «solidifican la marginación a los valencianos» y «a pesar del esfuerzo de nuestras empresas y trabajadores, el Ministerio de Hacienda vuelve a distribuir de manera absolutamente arbitraria» la financiación con una «profunda deslealtad institucional y hacia los intereses generales de los ciudadanos».

«NULA SENSIBILIDAD DE FOMENTO»
Puig ha lamentado la «nula sensibilidad» del Ministerio de Fomento que ha dejado sin subvención a la Autoridad de Transporte Metropolitano, algo a su entender «inasumible» frente a la dotación que sí ha dado a otras ciudades.

También en materia ferroviaria se ha preguntado «dónde está la prioridad» del Corredor Mediterráneo o de la red de Cercanías, mientras en carreteras ha criticado que «se alargan las obras, algunas interminables y el grueso de las inversiones quedan para anualidades posteriores». En este punto, ha alertado del descenso en el presupuesto para seguridad vial en un momento en el que aumentan los accidentes de tráfico es una enorme irresponsabilidad».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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