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Puig se muestra crítico con el «portazo» a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado

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VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 da un nuevo «portazo» a la Comunitat Valenciana, que este año tendría que recibir «334 millones de euros más para alcanzar la media» estatal.

Puig ha realizado estas declaraciones tras analizar los PGE, unos presupuestos que según ha criticado «ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunitat Valenciana», de modo que «en 2018 un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. Nos faltan 67 euros más. En 2017 nos faltaban 66, o sea, este año nos falta aún un euro más», ha subrayado.

La Comunitat «está maltratada», ha insistido, y este año «muy especialmente» la provincia de Alicante, a la que le faltan 117 euros por habitante para alcanzar la media, ha remarcado. De hecho, de los 334 millones de euros que le faltan a la Comunitat para alcanzar la media, «dos tercios son de la provincia de Alicante, le faltarían 271 millones», ha precisado.

En este sentido, el jefe del Consell advertido que «el problema es la tendencia y la cronificación de la infrainversión» en la Comunitat Valenciana que en los años en los que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno «ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros, lo que traducido en empleo ha supuesto perder más de 31.000 empleos, solo este año 3.900».

A su entender, los nuevos PGE «confirman la tendencia de lo que ha sido el Gobierno de Rajoy respecto a la Comunitat Valenciana dejándola en el furgón de cola de inversión por habitante». Siendo el 10,6% de la población, recibe el 6,3% de la inversión, ha apuntado.

Se trata de algo «escandaloso», ha alertado, y «más escandaloso si cabe si se compara con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. De este modo, la inversión real supone el 5% de las inversiones de toda España. Desde 2012 a 2016, el estado de ejecución es del 5,04%, con lo que «no solo es pésima la concepción presupuestaria sino que lo que es terrible es la ejecución», ha incidido.

«¿CUÁL ES LA OTRA VÍA?»
De este modo, Puig ha criticado la «discriminación activa» a la Comunitat Valenciana, a la que «no se respeta» y ha cuestionado que «frente a la lealtad de la Generalitat y la lealtad de la Comunitat Valenciana, la pedagogía aplicada por el señor Rajoy, nos lleve a una situación de infrainversión e infrainversión activa y permanente».

«Si nosotros que estamos en las tesis del diálogo y del acuerdo, de la utilización de las instituciones, recibimos un portazo detrás de otro, ¿cuál es la otra vía?», se ha preguntado.

Para Puig, la actitud del Gobierno central es «difícil de comprender», sobre todo porque «los valencianos estamos diciendo existe el problema valenciano y hay que resolverlo pero no están en ninguna vía de ruptura».

Así, ha hecho un llamamiento para «devolver a la agenda» la reforma del sistema de financiación, una cuestión que a su juicio «parece que se quiere quitar de la agenda».

El presidente de la Generalitat, ha hecho notar que es el Gobierno el que «ha incumplido la Constitución» al presentar los PGE a mitad del ejercicio y es «responsabilidad del Gobierno sentarse a negociar con los partidos los PGE porque estos no sirven».

1.500 MILLONES PARA IGUALARSE A LA MEJOR FINANCIADA
Además, Puig ha ido más allá para señalar que la autonomía española con la autonomía que mejor inversión recibirá dispondrá de 319 euros por habitante, «si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe este año recibiría 1.500 millones de euros más», ha calculado.

Si el pasado mes de marzo, la Comunitat lideró la creación de empleo, ha resaltado, «con la financiación adecuada y la inversión adecuada la Comunitat crecería alrededor de un punto más del PIB, lo que supondría miles de puestos de trabajo», ha asegurado.

Sin embargo, los PGE para 2018 «solidifican la marginación a los valencianos» y «a pesar del esfuerzo de nuestras empresas y trabajadores, el Ministerio de Hacienda vuelve a distribuir de manera absolutamente arbitraria» la financiación con una «profunda deslealtad institucional y hacia los intereses generales de los ciudadanos».

«NULA SENSIBILIDAD DE FOMENTO»
Puig ha lamentado la «nula sensibilidad» del Ministerio de Fomento que ha dejado sin subvención a la Autoridad de Transporte Metropolitano, algo a su entender «inasumible» frente a la dotación que sí ha dado a otras ciudades.

También en materia ferroviaria se ha preguntado «dónde está la prioridad» del Corredor Mediterráneo o de la red de Cercanías, mientras en carreteras ha criticado que «se alargan las obras, algunas interminables y el grueso de las inversiones quedan para anualidades posteriores». En este punto, ha alertado del descenso en el presupuesto para seguridad vial en un momento en el que aumentan los accidentes de tráfico es una enorme irresponsabilidad».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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