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Puig se muestra crítico con el «portazo» a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado

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VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 da un nuevo «portazo» a la Comunitat Valenciana, que este año tendría que recibir «334 millones de euros más para alcanzar la media» estatal.

Puig ha realizado estas declaraciones tras analizar los PGE, unos presupuestos que según ha criticado «ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunitat Valenciana», de modo que «en 2018 un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. Nos faltan 67 euros más. En 2017 nos faltaban 66, o sea, este año nos falta aún un euro más», ha subrayado.

La Comunitat «está maltratada», ha insistido, y este año «muy especialmente» la provincia de Alicante, a la que le faltan 117 euros por habitante para alcanzar la media, ha remarcado. De hecho, de los 334 millones de euros que le faltan a la Comunitat para alcanzar la media, «dos tercios son de la provincia de Alicante, le faltarían 271 millones», ha precisado.

En este sentido, el jefe del Consell advertido que «el problema es la tendencia y la cronificación de la infrainversión» en la Comunitat Valenciana que en los años en los que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno «ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros, lo que traducido en empleo ha supuesto perder más de 31.000 empleos, solo este año 3.900».

A su entender, los nuevos PGE «confirman la tendencia de lo que ha sido el Gobierno de Rajoy respecto a la Comunitat Valenciana dejándola en el furgón de cola de inversión por habitante». Siendo el 10,6% de la población, recibe el 6,3% de la inversión, ha apuntado.

Se trata de algo «escandaloso», ha alertado, y «más escandaloso si cabe si se compara con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. De este modo, la inversión real supone el 5% de las inversiones de toda España. Desde 2012 a 2016, el estado de ejecución es del 5,04%, con lo que «no solo es pésima la concepción presupuestaria sino que lo que es terrible es la ejecución», ha incidido.

«¿CUÁL ES LA OTRA VÍA?»
De este modo, Puig ha criticado la «discriminación activa» a la Comunitat Valenciana, a la que «no se respeta» y ha cuestionado que «frente a la lealtad de la Generalitat y la lealtad de la Comunitat Valenciana, la pedagogía aplicada por el señor Rajoy, nos lleve a una situación de infrainversión e infrainversión activa y permanente».

«Si nosotros que estamos en las tesis del diálogo y del acuerdo, de la utilización de las instituciones, recibimos un portazo detrás de otro, ¿cuál es la otra vía?», se ha preguntado.

Para Puig, la actitud del Gobierno central es «difícil de comprender», sobre todo porque «los valencianos estamos diciendo existe el problema valenciano y hay que resolverlo pero no están en ninguna vía de ruptura».

Así, ha hecho un llamamiento para «devolver a la agenda» la reforma del sistema de financiación, una cuestión que a su juicio «parece que se quiere quitar de la agenda».

El presidente de la Generalitat, ha hecho notar que es el Gobierno el que «ha incumplido la Constitución» al presentar los PGE a mitad del ejercicio y es «responsabilidad del Gobierno sentarse a negociar con los partidos los PGE porque estos no sirven».

1.500 MILLONES PARA IGUALARSE A LA MEJOR FINANCIADA
Además, Puig ha ido más allá para señalar que la autonomía española con la autonomía que mejor inversión recibirá dispondrá de 319 euros por habitante, «si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe este año recibiría 1.500 millones de euros más», ha calculado.

Si el pasado mes de marzo, la Comunitat lideró la creación de empleo, ha resaltado, «con la financiación adecuada y la inversión adecuada la Comunitat crecería alrededor de un punto más del PIB, lo que supondría miles de puestos de trabajo», ha asegurado.

Sin embargo, los PGE para 2018 «solidifican la marginación a los valencianos» y «a pesar del esfuerzo de nuestras empresas y trabajadores, el Ministerio de Hacienda vuelve a distribuir de manera absolutamente arbitraria» la financiación con una «profunda deslealtad institucional y hacia los intereses generales de los ciudadanos».

«NULA SENSIBILIDAD DE FOMENTO»
Puig ha lamentado la «nula sensibilidad» del Ministerio de Fomento que ha dejado sin subvención a la Autoridad de Transporte Metropolitano, algo a su entender «inasumible» frente a la dotación que sí ha dado a otras ciudades.

También en materia ferroviaria se ha preguntado «dónde está la prioridad» del Corredor Mediterráneo o de la red de Cercanías, mientras en carreteras ha criticado que «se alargan las obras, algunas interminables y el grueso de las inversiones quedan para anualidades posteriores». En este punto, ha alertado del descenso en el presupuesto para seguridad vial en un momento en el que aumentan los accidentes de tráfico es una enorme irresponsabilidad».

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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”

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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.


“El fiscal general me había destrozado públicamente”

Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.

“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.

El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.


De una negociación fiscal a un caso mediático

Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.

“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.

A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.


El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.

Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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