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Puig se muestra crítico con el «portazo» a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado

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VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 da un nuevo «portazo» a la Comunitat Valenciana, que este año tendría que recibir «334 millones de euros más para alcanzar la media» estatal.

Puig ha realizado estas declaraciones tras analizar los PGE, unos presupuestos que según ha criticado «ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunitat Valenciana», de modo que «en 2018 un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. Nos faltan 67 euros más. En 2017 nos faltaban 66, o sea, este año nos falta aún un euro más», ha subrayado.

La Comunitat «está maltratada», ha insistido, y este año «muy especialmente» la provincia de Alicante, a la que le faltan 117 euros por habitante para alcanzar la media, ha remarcado. De hecho, de los 334 millones de euros que le faltan a la Comunitat para alcanzar la media, «dos tercios son de la provincia de Alicante, le faltarían 271 millones», ha precisado.

En este sentido, el jefe del Consell advertido que «el problema es la tendencia y la cronificación de la infrainversión» en la Comunitat Valenciana que en los años en los que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno «ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros, lo que traducido en empleo ha supuesto perder más de 31.000 empleos, solo este año 3.900».

A su entender, los nuevos PGE «confirman la tendencia de lo que ha sido el Gobierno de Rajoy respecto a la Comunitat Valenciana dejándola en el furgón de cola de inversión por habitante». Siendo el 10,6% de la población, recibe el 6,3% de la inversión, ha apuntado.

Se trata de algo «escandaloso», ha alertado, y «más escandaloso si cabe si se compara con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. De este modo, la inversión real supone el 5% de las inversiones de toda España. Desde 2012 a 2016, el estado de ejecución es del 5,04%, con lo que «no solo es pésima la concepción presupuestaria sino que lo que es terrible es la ejecución», ha incidido.

«¿CUÁL ES LA OTRA VÍA?»
De este modo, Puig ha criticado la «discriminación activa» a la Comunitat Valenciana, a la que «no se respeta» y ha cuestionado que «frente a la lealtad de la Generalitat y la lealtad de la Comunitat Valenciana, la pedagogía aplicada por el señor Rajoy, nos lleve a una situación de infrainversión e infrainversión activa y permanente».

«Si nosotros que estamos en las tesis del diálogo y del acuerdo, de la utilización de las instituciones, recibimos un portazo detrás de otro, ¿cuál es la otra vía?», se ha preguntado.

Para Puig, la actitud del Gobierno central es «difícil de comprender», sobre todo porque «los valencianos estamos diciendo existe el problema valenciano y hay que resolverlo pero no están en ninguna vía de ruptura».

Así, ha hecho un llamamiento para «devolver a la agenda» la reforma del sistema de financiación, una cuestión que a su juicio «parece que se quiere quitar de la agenda».

El presidente de la Generalitat, ha hecho notar que es el Gobierno el que «ha incumplido la Constitución» al presentar los PGE a mitad del ejercicio y es «responsabilidad del Gobierno sentarse a negociar con los partidos los PGE porque estos no sirven».

1.500 MILLONES PARA IGUALARSE A LA MEJOR FINANCIADA
Además, Puig ha ido más allá para señalar que la autonomía española con la autonomía que mejor inversión recibirá dispondrá de 319 euros por habitante, «si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe este año recibiría 1.500 millones de euros más», ha calculado.

Si el pasado mes de marzo, la Comunitat lideró la creación de empleo, ha resaltado, «con la financiación adecuada y la inversión adecuada la Comunitat crecería alrededor de un punto más del PIB, lo que supondría miles de puestos de trabajo», ha asegurado.

Sin embargo, los PGE para 2018 «solidifican la marginación a los valencianos» y «a pesar del esfuerzo de nuestras empresas y trabajadores, el Ministerio de Hacienda vuelve a distribuir de manera absolutamente arbitraria» la financiación con una «profunda deslealtad institucional y hacia los intereses generales de los ciudadanos».

«NULA SENSIBILIDAD DE FOMENTO»
Puig ha lamentado la «nula sensibilidad» del Ministerio de Fomento que ha dejado sin subvención a la Autoridad de Transporte Metropolitano, algo a su entender «inasumible» frente a la dotación que sí ha dado a otras ciudades.

También en materia ferroviaria se ha preguntado «dónde está la prioridad» del Corredor Mediterráneo o de la red de Cercanías, mientras en carreteras ha criticado que «se alargan las obras, algunas interminables y el grueso de las inversiones quedan para anualidades posteriores». En este punto, ha alertado del descenso en el presupuesto para seguridad vial en un momento en el que aumentan los accidentes de tráfico es una enorme irresponsabilidad».

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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