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Salvador Illa dice que dejará el ministerio cuando comience la campaña calatana

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Barcelona, 3 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, designado en esta semana por el PSC candidato a la presidencia de la Generalitat, asegura que dejará su cartera gubernamental cuando comience formalmente la campaña electoral y no antes, y que «en 15 días» explicitará su oferta electoral.

Illa, en una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, reconoce que abandona el ministerio cuando la pandemia por el coronavirus no ha acabado, pero recuerda que «se ha iniciado la vacunación», lo que supone que «estamos en el principio del fin», y que lo hace para asumir «un nuevo reto», alcanzar la presidencia de la Generalitat.

«Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral -adelanta Illa-. Hasta entonces voy a ocuparme de mis tareas como ministro. En 15 días de campaña hay tiempo para explicar nuestra propuesta a los catalanes».

El ministro, preguntado por si utilizará su cargo para hacer campaña, asegura: «Voy a desempeñar el cargo como he hecho hasta ahora. Haré campaña cuando llegue el momento».

Illa reconoce que habló de su candidatura en las elecciones catalanas en noviembre, pero asegura que «la decisión no se tomó hasta el último momento», por lo que el hecho de que negara esa eventualidad durante semanas no le resta credibilidad como político. «El día antes de hacerlo público yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía a Iceta y dependía de él», puntualiza.

La renuncia de Iceta a encabezar el cartel del PSC es, para Illa, «un acto de generosidad poco habitual en política» y explica que le convenció para ser cabeza de lista el objetivo de los socialistas de no afrontar las elecciones «como unas más», porque «hay que romper la dinámica de resignación».

Argumenta Illa que ese cambio no implica priorizar a su partido frente a la labor de un ministerio, pues cree que «contribuir a ofrecer un gobierno que trabaje para el reencuentro en Cataluña, para mejorar la convivencia, no es un acto partidista sino de servicio público».

El ministro adelanta también que, a pesar de que su gestión de la pandemia desde Sanidad ha sido duramente criticada por la Generalitat, él, como candidato, no va a entrar en la polémica y cuestionar el trabajo del Govern catalán ante la COVID-19.

El ministro pronostica que en verano un 70 por ciento de la población española estará inmunizada «y se podrá pensar en otros escenarios», como dejar de usar la mascarilla, aunque objeta que «también habrá que ver si no debe permanecer en algunos ámbitos».

Illa indica que incluir en una lista a las personas que no se quieran vacunar es necesario para que conste en el historial clínico, pero sostiene, al tiempo, que «la vacunación no puede ser un requisito sin más para acceder a un puesto de trabajo», aunque «sí puede plantearse en determinados ámbitos».

Respecto a la concesión de indultos a los políticos condenados por el «procés», Illa afirma que «todo el mundo tiene derecho a que se planteen y el Gobierno tiene la obligación de tramitarlos». «Abrir una década fructífera para Cataluña y para España -prosigue- requiere aliviar tensiones, favorecer el diálogo y mirar hacia el futuro, siempre con respeto a la ley».

En su calidad de candidato, reitera su rechazo a gobernar con ERC porque «defiende la independencia», mientras que los socialistas creen «que ese no es el horizonte que necesita Cataluña». «No hay posibilidad de formar gobierno con ERC, pero eso no significa que no se pueda llegar a pactos», matiza.

Por ello, no dice «no» a facilitar la investidura del candidato republicano Pere Aragonès, aunque él aspira «a liderar el reencuentro». «No va a haber un gobierno del PSC con ERC ni apoyo a ningún gobierno liderado por nadie que defienda la independencia», subraya.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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