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Salvador Illa dice que dejará el ministerio cuando comience la campaña calatana

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Barcelona, 3 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, designado en esta semana por el PSC candidato a la presidencia de la Generalitat, asegura que dejará su cartera gubernamental cuando comience formalmente la campaña electoral y no antes, y que «en 15 días» explicitará su oferta electoral.

Illa, en una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, reconoce que abandona el ministerio cuando la pandemia por el coronavirus no ha acabado, pero recuerda que «se ha iniciado la vacunación», lo que supone que «estamos en el principio del fin», y que lo hace para asumir «un nuevo reto», alcanzar la presidencia de la Generalitat.

«Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral -adelanta Illa-. Hasta entonces voy a ocuparme de mis tareas como ministro. En 15 días de campaña hay tiempo para explicar nuestra propuesta a los catalanes».

El ministro, preguntado por si utilizará su cargo para hacer campaña, asegura: «Voy a desempeñar el cargo como he hecho hasta ahora. Haré campaña cuando llegue el momento».

Illa reconoce que habló de su candidatura en las elecciones catalanas en noviembre, pero asegura que «la decisión no se tomó hasta el último momento», por lo que el hecho de que negara esa eventualidad durante semanas no le resta credibilidad como político. «El día antes de hacerlo público yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía a Iceta y dependía de él», puntualiza.

La renuncia de Iceta a encabezar el cartel del PSC es, para Illa, «un acto de generosidad poco habitual en política» y explica que le convenció para ser cabeza de lista el objetivo de los socialistas de no afrontar las elecciones «como unas más», porque «hay que romper la dinámica de resignación».

Argumenta Illa que ese cambio no implica priorizar a su partido frente a la labor de un ministerio, pues cree que «contribuir a ofrecer un gobierno que trabaje para el reencuentro en Cataluña, para mejorar la convivencia, no es un acto partidista sino de servicio público».

El ministro adelanta también que, a pesar de que su gestión de la pandemia desde Sanidad ha sido duramente criticada por la Generalitat, él, como candidato, no va a entrar en la polémica y cuestionar el trabajo del Govern catalán ante la COVID-19.

El ministro pronostica que en verano un 70 por ciento de la población española estará inmunizada «y se podrá pensar en otros escenarios», como dejar de usar la mascarilla, aunque objeta que «también habrá que ver si no debe permanecer en algunos ámbitos».

Illa indica que incluir en una lista a las personas que no se quieran vacunar es necesario para que conste en el historial clínico, pero sostiene, al tiempo, que «la vacunación no puede ser un requisito sin más para acceder a un puesto de trabajo», aunque «sí puede plantearse en determinados ámbitos».

Respecto a la concesión de indultos a los políticos condenados por el «procés», Illa afirma que «todo el mundo tiene derecho a que se planteen y el Gobierno tiene la obligación de tramitarlos». «Abrir una década fructífera para Cataluña y para España -prosigue- requiere aliviar tensiones, favorecer el diálogo y mirar hacia el futuro, siempre con respeto a la ley».

En su calidad de candidato, reitera su rechazo a gobernar con ERC porque «defiende la independencia», mientras que los socialistas creen «que ese no es el horizonte que necesita Cataluña». «No hay posibilidad de formar gobierno con ERC, pero eso no significa que no se pueda llegar a pactos», matiza.

Por ello, no dice «no» a facilitar la investidura del candidato republicano Pere Aragonès, aunque él aspira «a liderar el reencuentro». «No va a haber un gobierno del PSC con ERC ni apoyo a ningún gobierno liderado por nadie que defienda la independencia», subraya.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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