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Se amplía 14 días la prohibición de reunirse más de diez personas en la ciudad de València

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La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha anunciado una prórroga de 14 días para las medidas de control sobre la pandemia que se adoptaron para la ciudad de València. La decisión se adopta tras analizar los informes epidemiológicos sobre la incidencia del virus en la capital.

En concreto, continúan estando vigentes durante dos semanas más la restricción total de visitas y salidas en las residencias de mayores de la ciudad de València, y la obligatoriedad de limitar reuniones familiares o de amigos a un máximo de 10 personas también en València capital.

La decisión se adopta para abundar en la contención y prevención de la transmisión del virus en la ciudad de València, donde se concentra el 33% de los brotes, en su mayoría relacionados con el ámbito comunitario.

Barceló también ha reiterado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública continúa trabajando de forma coordinada con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a fin de crear espacios y contextos para que los menores puedan volver al colegio de una forma segura.

En este sentido, la consellera ha recordado que se están implementando medidas de seguridad en aulas, espacios comunes y transportes y que en los próximos días se activará un número de teléfono al que la comunidad educativa podrá dirigirse para resolver cualquier cuestión o duda que pueda surgir durante el inicio del curso.

«Trabajamos para combinar el derecho a la educación presencial con la seguridad para el profesorado y los alumnos porque sabemos que no iniciar el curso o evitar la presencialidad profundizaría más aún las diferencias sociales entre los niños y sus oportunidades», ha explicado Barceló.

Datos actualizados de incidencia del coronavirus

Durante la comparecencia, la consellera también ha actualizado las cifras diarias de evolución de la pandemia. La Comunitat Valenciana ha registrado desde la última actualización 436 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 22.035 personas. Se trata de un crecimiento sostenido que la consellera ha atribuido a que el sistema tiene mayor capacidad de detección de la covid, como prueba el hecho de que «el 40% de los casos activos son asintomáticos».

Por provincias, la distribución es la siguiente: 41 en Castellón (2.501 en total); 150 en la provincia de Alicante (6.898 en total); y 245 en la provincia de Valencia (12.634 en total). Además, continúa habiendo 2 casos sin asignar.

Por otro lado, se han dado 430 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 24.188: 3.080 en Castellón, 7.693 en Alicante y 13.377 en Valencia. Además, hay 38 altas no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 332 personas ingresadas: 31 en la provincia de Castellón, con 3 pacientes en UCI; 82 en la provincia de Alicante, 15 de ellos en la UCI; y 219 en la provincia de Valencia, 24 de ellos en UCI.

De esta forma, en estos momentos hay activos 4.849 casos, lo que supone un 15,88% del total de positivos.

Por otro lado, se han registrado 3 fallecimientos por coronavirus, por lo que el total de defunciones asciende a 1.506 personas: 227 en la provincia de Castellón, 519 en la de Alicante y 760 en la de Valencia.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 785.816, de las que 644.911 han sido a través de PCR (10.958 más que ayer) y 140.905 mediante test rápido (502 en la última jornada).

Estas cerca de 11.000 pruebas, en palabras de Barceló, son fruto de «los esfuerzos realizados en el incremento de personal y en la realización de pruebas, que están dando resultado en el control y seguimiento de los casos y en determinar también su trazabilidad, manteniendo los brotes controlados. Podemos decir que ahora llegamos a los casos positivos antes de que ellos lleguen a nosotros».

Actualización de la situación en residencias

En la actualidad hay algún caso positivo en 36 residencias de mayores (3 en la provincia de Castellón, 13 en la provincia de Alicante y 20 en la provincia de Valencia), 8 residencias de personas con diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 5 en la de Valencia) y 4 centros de menores (1 en la provincias de Castellón y 3 en la provincia de Valencia).

– Residentes nuevos positivos: 7

– Trabajadores nuevos positivos: 4

– Residentes fallecidos: 0

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 5 residencias en la Comunitat Valenciana: 0 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 3 en la provincia de Valencia.

Actualización brotes de coronavirus

Nuevos brotes:

· Valencia: 3 casos. Origen social

· Oropesa del Mar: 3 casos. Origen social

· Ontinyent: 8 casos. Origen social

· Benigànim: 15 casos. Origen laboral

· Gandia y Rótova: 4 casos. Origen social

· Valencia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 5 casos. Origen social

· Denia: 4 casos. Origen social

· Sagunto: 5 casos. Origen social

· La Pobla de Vallbona: 3 casos. Origen social

· Beniarjó: 5 casos. Origen social

· Gandia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 4 casos. Origen social

· Valencia: 4 casos. Origen social

· Valencia: 3 casos. Origen social

· Valencia: 5 casos. Origen social

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb
Airbnb

Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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