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Se amplía 14 días la prohibición de reunirse más de diez personas en la ciudad de València

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La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha anunciado una prórroga de 14 días para las medidas de control sobre la pandemia que se adoptaron para la ciudad de València. La decisión se adopta tras analizar los informes epidemiológicos sobre la incidencia del virus en la capital.

En concreto, continúan estando vigentes durante dos semanas más la restricción total de visitas y salidas en las residencias de mayores de la ciudad de València, y la obligatoriedad de limitar reuniones familiares o de amigos a un máximo de 10 personas también en València capital.

La decisión se adopta para abundar en la contención y prevención de la transmisión del virus en la ciudad de València, donde se concentra el 33% de los brotes, en su mayoría relacionados con el ámbito comunitario.

Barceló también ha reiterado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública continúa trabajando de forma coordinada con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a fin de crear espacios y contextos para que los menores puedan volver al colegio de una forma segura.

En este sentido, la consellera ha recordado que se están implementando medidas de seguridad en aulas, espacios comunes y transportes y que en los próximos días se activará un número de teléfono al que la comunidad educativa podrá dirigirse para resolver cualquier cuestión o duda que pueda surgir durante el inicio del curso.

«Trabajamos para combinar el derecho a la educación presencial con la seguridad para el profesorado y los alumnos porque sabemos que no iniciar el curso o evitar la presencialidad profundizaría más aún las diferencias sociales entre los niños y sus oportunidades», ha explicado Barceló.

Datos actualizados de incidencia del coronavirus

Durante la comparecencia, la consellera también ha actualizado las cifras diarias de evolución de la pandemia. La Comunitat Valenciana ha registrado desde la última actualización 436 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 22.035 personas. Se trata de un crecimiento sostenido que la consellera ha atribuido a que el sistema tiene mayor capacidad de detección de la covid, como prueba el hecho de que «el 40% de los casos activos son asintomáticos».

Por provincias, la distribución es la siguiente: 41 en Castellón (2.501 en total); 150 en la provincia de Alicante (6.898 en total); y 245 en la provincia de Valencia (12.634 en total). Además, continúa habiendo 2 casos sin asignar.

Por otro lado, se han dado 430 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 24.188: 3.080 en Castellón, 7.693 en Alicante y 13.377 en Valencia. Además, hay 38 altas no asignadas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 332 personas ingresadas: 31 en la provincia de Castellón, con 3 pacientes en UCI; 82 en la provincia de Alicante, 15 de ellos en la UCI; y 219 en la provincia de Valencia, 24 de ellos en UCI.

De esta forma, en estos momentos hay activos 4.849 casos, lo que supone un 15,88% del total de positivos.

Por otro lado, se han registrado 3 fallecimientos por coronavirus, por lo que el total de defunciones asciende a 1.506 personas: 227 en la provincia de Castellón, 519 en la de Alicante y 760 en la de Valencia.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 785.816, de las que 644.911 han sido a través de PCR (10.958 más que ayer) y 140.905 mediante test rápido (502 en la última jornada).

Estas cerca de 11.000 pruebas, en palabras de Barceló, son fruto de «los esfuerzos realizados en el incremento de personal y en la realización de pruebas, que están dando resultado en el control y seguimiento de los casos y en determinar también su trazabilidad, manteniendo los brotes controlados. Podemos decir que ahora llegamos a los casos positivos antes de que ellos lleguen a nosotros».

Actualización de la situación en residencias

En la actualidad hay algún caso positivo en 36 residencias de mayores (3 en la provincia de Castellón, 13 en la provincia de Alicante y 20 en la provincia de Valencia), 8 residencias de personas con diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 5 en la de Valencia) y 4 centros de menores (1 en la provincias de Castellón y 3 en la provincia de Valencia).

– Residentes nuevos positivos: 7

– Trabajadores nuevos positivos: 4

– Residentes fallecidos: 0

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 5 residencias en la Comunitat Valenciana: 0 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 3 en la provincia de Valencia.

Actualización brotes de coronavirus

Nuevos brotes:

· Valencia: 3 casos. Origen social

· Oropesa del Mar: 3 casos. Origen social

· Ontinyent: 8 casos. Origen social

· Benigànim: 15 casos. Origen laboral

· Gandia y Rótova: 4 casos. Origen social

· Valencia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 5 casos. Origen social

· Denia: 4 casos. Origen social

· Sagunto: 5 casos. Origen social

· La Pobla de Vallbona: 3 casos. Origen social

· Beniarjó: 5 casos. Origen social

· Gandia: 6 casos. Origen social

· Valencia: 4 casos. Origen social

· Valencia: 4 casos. Origen social

· Valencia: 3 casos. Origen social

· Valencia: 5 casos. Origen social

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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