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Simón confirma una cuarta ola tras Semana Santa: «No podemos frenar lo que ya pasó»

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Madrid, 12 abr (EFE).- España ha sumado 78.862 nuevos contagios desde el 1 de abril, inicio de Semana Santa, la presión en las ucis ha pasado del 18,4 % al 21,5 %, y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días ha aumentado en 45,3 puntos, hasta 199.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado ester lunes en rueda de prensa que «estamos en la cuarta ola de la pandemia» y ha lamentado que «no podemos frenar lo que ya pasó», en referencia a los contagios que se registran desde este lunes y hasta la semana próxima generados durante la Semana Santa.

Los datos del Ministerio de Sanidad de hoy, que empiezan a reflejar el efecto de la Semana Santa, debido al aumento de la movilidad y de los contactos durante las fiestas, indican que ha habido 22.744 nuevos positivos desde el viernes y 197 muertes más.

Siguen en riesgo extremo (por encima de 250 casos) cinco territorios: Navarra (425), Madrid (336), País Vasco (320), Ceuta (498) y Melilla (537), y solo la Comunidad Valenciana sigue en nueva normalidad (menos de 50), con 36,3 casos.

Además, en las unidades de cuidados intensivos hay 2.163 enfermos de covid (113 más que el viernes), lo que eleva la presión al 21,5 %, mientras que la ocupación en planta, con 10.246 pacientes (887 más), asciende al 8,1 %.

Desde el inicio de la pandemia se han notificado 76.525 muertes y 3.3370.256 contagios.

SIMÓN: «NO PODEMOS FRENAR LO QUE YA PASÓ»

Así, Fernando Simón ha reconocido que la pandemia tiene una progresión ascendente – «es algo más lenta debido a la vacunación», ha dicho-, aunque sin la velocidad registrada en otras olas.

Además, ha explicado que la progresión ascendente se centra principalmente «en dos o tres comunidades», aunque ha advertido del efecto del fin de semana en los datos de hoy, por lo que habrá que esperar a ver cómo se consolidan en los próximos días.

«No podemos frenar lo que ya pasó, pero sí lo que pase de ahora en adelante», ha asegurado Simón, quien, tras augurar que la incidencia seguirá creciendo en los próximos días, su control dependerá de las medidas que se adopten en las próximas semanas.

Para Simón es muy preocupante la ocupación en las ucis, con el 21, 6 % de las camas ocupadas, lo que pone «en alto riesgo la presión hospitalaria».

También ha dicho que la cifra más dolorosa es la de los fallecidos (248 en siete días) y la ha calificado de no deseable.

INCIDENCIA ACUMULADA

La incidencia acumulada comenzó a crecer en nuestro país el pasado 15 de marzo, cuando estaba en 127,8 casos por cada 100.000 habitantes, en las jornadas previas al puente de San José, y tan solo ha experimentado un ligero receso el pasado sábado 3 de abril. Este lunes se sitúa a niveles de finales de febrero.

Además, la incidencia a 7 días también asciende desde 90,7 casos por cada 100.000 habitantes a 112,2.

Una semana después de que se iniciaran las vacaciones de Semana Santa, además de los cinco territorios en riesgo extremo, hay ocho autonomías en riesgo alto (entre 150 y 250 casos): Andalucía, con 225,1; Aragón, con 218,5; Asturias, con 163,1; Cantabria, con 161; Castilla y León, con 196; Castilla-La Mancha, con 161; Cataluña, con 227 y La Rioja, con 211.

Además, son cinco las regiones en riesgo medio (entre 50 y 150 casos): Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y Galicia; y tan solo la Comunidad Valenciana se mantiene en nueva normalidad, con menos de 50 casos (36,3), aunque sube tres décimas respecto a ayer.

En las últimas 24 horas la incidencia acumulada en 14 días ha subido en todas las comunidades, excepto en Baleares, Canarias y Murcia.

FALLECIMIENTOS

De los 248 fallecidos en las últimos siete días, 48 han tenido lugar en Madrid, 31 en Andalucía, 26 en Aragón, 22 en Cataluña y 20 en Castilla y León.

OCUPACIÓN EN HOSPITALES Y UCIS

Según el «semáforo» de Sanidad, hay cinco territorios en riesgo extremo (con la ocupación de sus ucis por encima del 25 % de enfermos de covid): Madrid, que pasa del 39,2 % al 40,9 %; Cataluña, que pasa del 39,6 % al 39,7 %; La Rioja, con 39,2 (37,7 % el viernes); País Vasco, con 27,2 % (23 % el viernes) , y Navarra, con 27 % (22,6 % el viernes).

Además, en riesgo medio (entre 15 y 25 %) están Aragón (20,2 %), Asturias (20,5 %), Canarias (18,2 %), Castilla-La Mancha (18 %); Castilla y León (24,9 %); Ceuta (23,5 %), y Melilla (también 23,5 %).

Galicia sigue siendo la comunidad con menos pacientes de coronavirus en estas unidades (3,4 %), seguida de Murcia (6,1 %), Baleares (7,5 %), Comunidad Valenciana (7,6 %), Extremadura (8 %), y Cantabria (14,1 %).

En las últimas 24 horas se han registrado 404 altas de enfermos de covid, frente a 894 ingresos.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Sanidad ha comunicado además que entre el 2 y el 8 de abril se han efectuado 704.142 pruebas diagnósticas que arrojan una tasa media de positividad del 7,7 %, dos décimas más que el jueves.

Del total de pruebas, 452.955 fueron PCR y 251.187 test de antígenos, y la positividad más elevada se sigue dando en Aragón (12,4 %), Melilla (11,4 %), Ceuta (10,7 %), Madrid (10,3 %), Andalucía (10,1 %), y Castilla-La Mancha (10 %).

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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