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Simón pide cuidado ante «desescaladas rápidas» porque si están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio

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Madrid, 11 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, ha reclamado este jueves tener «mucho cuidado» con las desescaladas, porque si son «rápidas» y están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio.

En alguna autonomía se podrían relajar medidas, pero «ni todas, ni todas a la vez», ha afirmado Simón, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

El director del CCAES ha hecho esta advertencia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya señalado este jueves el riesgo de levantar restricciones en España con una alta incidencia de covid.

La transmisión del coronavirus está descendiendo, pero España tiene aún una «situación muy complicada», con seis comunidades por encima de la incidencia acumulada media -de 540 casos por cada cien mil habitantes- y otras cercanas a este baremo, ha señalado el director del CCAES.

«Algunas medidas de control muy drástico», que algunas autonomías aplican desde hace «mucho tiempo», pueden irse modificando, pero hay que intentar que las restricciones en vigor se «cumplan bien», por ejemplo con el buen uso de la mascarilla o evitando el contacto con no convivientes.

Otro factor a la hora de controlar el contagio son las variantes pues, con la británica, que es la que está ocupando «espacio» en España, podríamos ver «incrementos más rápidos que en otras olas, o como en la tercera» si las medidas se relajan.

Simón ha argumentado además, preguntado por el verano, que «nos equivocamos si planteamos los objetivos en cuanto a fechas» pues la clave está en el nivel de transmisión, y si su reducción se consigue «pronto» no habrá que esperar al verano para rebajar «medidas estrictas».

Aunque, mostrando el mapa de España, en color granate oscuro, ha advertido: “la situación sigue siendo de este color, no es ni verde ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado, estamos en medio del proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”.

Y es que España no tiene “niveles de transición suficientemente bajos”, ni “niveles de vacunación demasiado altos como para poder relajar”.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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