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Simón pide cuidado ante «desescaladas rápidas» porque si están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio

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Madrid, 11 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, ha reclamado este jueves tener «mucho cuidado» con las desescaladas, porque si son «rápidas» y están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio.

En alguna autonomía se podrían relajar medidas, pero «ni todas, ni todas a la vez», ha afirmado Simón, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

El director del CCAES ha hecho esta advertencia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya señalado este jueves el riesgo de levantar restricciones en España con una alta incidencia de covid.

La transmisión del coronavirus está descendiendo, pero España tiene aún una «situación muy complicada», con seis comunidades por encima de la incidencia acumulada media -de 540 casos por cada cien mil habitantes- y otras cercanas a este baremo, ha señalado el director del CCAES.

«Algunas medidas de control muy drástico», que algunas autonomías aplican desde hace «mucho tiempo», pueden irse modificando, pero hay que intentar que las restricciones en vigor se «cumplan bien», por ejemplo con el buen uso de la mascarilla o evitando el contacto con no convivientes.

Otro factor a la hora de controlar el contagio son las variantes pues, con la británica, que es la que está ocupando «espacio» en España, podríamos ver «incrementos más rápidos que en otras olas, o como en la tercera» si las medidas se relajan.

Simón ha argumentado además, preguntado por el verano, que «nos equivocamos si planteamos los objetivos en cuanto a fechas» pues la clave está en el nivel de transmisión, y si su reducción se consigue «pronto» no habrá que esperar al verano para rebajar «medidas estrictas».

Aunque, mostrando el mapa de España, en color granate oscuro, ha advertido: “la situación sigue siendo de este color, no es ni verde ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado, estamos en medio del proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”.

Y es que España no tiene “niveles de transición suficientemente bajos”, ni “niveles de vacunación demasiado altos como para poder relajar”.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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