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Simón pide cuidado ante «desescaladas rápidas» porque si están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio

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Madrid, 11 feb (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, ha reclamado este jueves tener «mucho cuidado» con las desescaladas, porque si son «rápidas» y están «mal hechas» conducen a nuevas olas de contagio.

En alguna autonomía se podrían relajar medidas, pero «ni todas, ni todas a la vez», ha afirmado Simón, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

El director del CCAES ha hecho esta advertencia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya señalado este jueves el riesgo de levantar restricciones en España con una alta incidencia de covid.

La transmisión del coronavirus está descendiendo, pero España tiene aún una «situación muy complicada», con seis comunidades por encima de la incidencia acumulada media -de 540 casos por cada cien mil habitantes- y otras cercanas a este baremo, ha señalado el director del CCAES.

«Algunas medidas de control muy drástico», que algunas autonomías aplican desde hace «mucho tiempo», pueden irse modificando, pero hay que intentar que las restricciones en vigor se «cumplan bien», por ejemplo con el buen uso de la mascarilla o evitando el contacto con no convivientes.

Otro factor a la hora de controlar el contagio son las variantes pues, con la británica, que es la que está ocupando «espacio» en España, podríamos ver «incrementos más rápidos que en otras olas, o como en la tercera» si las medidas se relajan.

Simón ha argumentado además, preguntado por el verano, que «nos equivocamos si planteamos los objetivos en cuanto a fechas» pues la clave está en el nivel de transmisión, y si su reducción se consigue «pronto» no habrá que esperar al verano para rebajar «medidas estrictas».

Aunque, mostrando el mapa de España, en color granate oscuro, ha advertido: “la situación sigue siendo de este color, no es ni verde ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado, estamos en medio del proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos”.

Y es que España no tiene “niveles de transición suficientemente bajos”, ni “niveles de vacunación demasiado altos como para poder relajar”.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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