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¿Un anciano o la cajera de supermercado? Un estudio afirma que vacunar primero a los más vulnerables es un error

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Hoy se ha conocido el plan de vacunación del Gobierno contra la COVID-19, un plan que cómo aconseja la mayoría de los expertos priorizará a los grupos de más riesgo. En el caso de España, serán las personas en residencias y sus cuidadores los primeros en recibir la vacuna, a los que seguirá el personal sanitario.

Pero un estudio publicado en la revista medRxiv, aún pendiente de evaluación por otros científicos, intenta demostrar que esta estrategia no sólo no es la adecuada, si no que puede llevar a un numero mayor de fallecimientos. «Los resultados indican en todos los casos, para todos los valores de efectividad y cobertura de la vacuna evaluados, que los criterios de prioridad de vacunación grupal no deben ser aquellos con mayor mortalidad, sino aquellos con el mayor número de interacciones diarias entre personas», concluye el estudio.

Dos ingenieros españoles y un epidemiólogo colombiano de la Universidad de Khalifa (Emiratos Árabes Unidos) son los autores de una investigación que ha utilizado datos demográficos y epidemiológicos de España. Se ha clasificado la población en grupos en función de la edad y de comportamientos de riesgo, entre los que están  las personas que más interacciones diarias tienen.

Según los resultados, vacunar primero al grupo que más interactúa con otras personas sería mucho más efectivo y reduciría los contagios y las muertes. «La planificación de la vacunación por grupos prioritarios puede lograr reducciones drásticas en el total de muertes (más del 70% en algunos casos) en comparación con la ausencia de priorización», apuntan los autores del estudio.

En declaraciones al diario El País, el ingeniero químico Jorge Rodríguez, director de la investigación, ha puesto un ejemplo para explicar el resultado: «Si tenemos 10 vacunas y 30 personas, la mitad de ellas mayores, ¿a quién vacunamos primero? ¿Al señor de 90 años que pasa la mayor parte del tiempo en su casa y se protege? ¿O a la chica de 26 que trabaja de cajera en el supermercado donde atiende al anciano, a mi madre y a otros vecinos?», ha defendido el director del estudio.

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Hacienda aplaza a 2027 la entrada en vigor de Verifactu para pymes y autónomos

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Hacienda mayores 65 años

La Agencia Tributaria ha confirmado el aplazamiento de la obligación de usar Verifactu, el sistema de verificación de facturas para empresas, pymes y autónomos, hasta 2027. La medida afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, cuya obligación comenzará en enero de 2027, y al resto de empresas y autónomos, que deberán cumplirla a partir de julio de 2027.

Qué es Verifactu y por qué se implementa

Verifactu es un software obligatorio de facturación que digitaliza y estandariza los procesos de emisión de facturas. Su objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos, facilitando además la vigilancia de Hacienda sobre las operaciones económicas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.

Según datos del Observatorio TeamSystem, solo un 8% de las pymes y autónomos ha implementado Verifactu hasta mediados de noviembre, mientras que un 15% está en proceso de hacerlo.

Motivo del aplazamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Rac1 que el aplazamiento forma parte de un real decreto ley para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y promover la digitalización de los procesos de facturación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que la medida es especialmente relevante para pymes y autónomos, quienes habían solicitado más tiempo para adaptarse al sistema.

Reacciones del sector

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, celebró la medida en la red social X: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.

Expertos como Gonzalo de Luis recuerdan que Verifactu no altera la fiscalidad vigente, sino que permite a Hacienda conocer todos los ingresos de los profesionales, reducir la morosidad, acelerar cobros y profesionalizar la gestión de los negocios.

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