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Una jueza investiga el sacrificio de un perro a las 24 horas de ser adoptado

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Alicante, 7 abr (EFE).- Una jueza de Orihuela investiga el sacrificio en una clínica veterinaria de Catral de un perro de dos años a las 24 horas de ser adoptado por una particular por, supuestamente, haber mordido a otro perro de su nueva casa.

La jueza ha requerido a la clínica que aporte la documentación que justifique el sacrificio de la mascota, de nombre ‘Duque’, y que identifique tanto al profesional veterinario que autorizó la muerte como a la particular que llevó al animal, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La decisión se produce a raíz de una denuncia en el juzgado de guardia oriolano por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte presentada por la Federación de Protección Animal de Alicante (Fedanimal), que agrupa a varias decenas de asociaciones de defensa de los derechos de los animales de la provincia.

Fedanimal, que es representada por la abogada Raquel Sánchez Navarro, denunció el pasado noviembre que Duque era un perro sano, fuerte y de complexión musculosa de raza ‘pastor caucásico’ que había sido abandonado por sus dueños tras un proceso de separación en el que inicialmente se había quedado con la mujer.

Sin embargo, ésta no lo quería y posteriormente una residente europea de Catral se ofreció como casa de acogida para dar al perro una nueva familia, pese a lo cual a escasas 24 horas de llevárselo lo sacrificó en una clínica veterinaria de la población «sin causa justificada».

Fedanimal tuvo conocimiento de lo ocurrido por publicarse en una red social (incluidas fotos del sacrificio) y se puso en contacto con la particular, quien adujo al colectivo que «el perro había mordido a otro más pequeño» que había en su domicilio y también «a un familiar», según consta en la denuncia.

La federación considera que el sacrificio infringe el artículo 9 de la normativa autonómica valenciana de tenencia de animales potencialmente peligrosos, que obliga al veterinario a reconocer en dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes al perro que cause heridas de mordeduras a personas o animales.

Del mismo modo, esa norma prevé que el veterinario comunique la mordedura al ayuntamiento donde esté domiciliado el dueño, lo cual al igual que el anterior punto no ocurrió.

Según Fedanimal, también se vulneró la ordenanza municipal de Catral que prohíbe expresamente el sacrificio de animales sin necesidad o causa justificada y, del mismo modo, se pasó por alto el código deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria que, en su artículo 22, regula la eutanasia y las medidas paliativas indicando que los animales no se pueden sacrificar salvo motivos objetivos.

Para el colectivo defendido por la abogada Raquel Sánchez Navarro se ha infringido el artículo 337.3 del Código Penal por un supuesto delito de maltrato animal con resultado de muerte, por lo cual la denuncia se dirige contra la particular que acababa de adoptar y contra el veterinario que causó la muerte «de un animal completamente joven y sano».

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Juzgan al arrendatario de un hotel-discoteca por incendiar el local para cobrar el seguro

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El arrendatario de un hotel-discoteca situada frente a la playa del Postiguet de Alicante es juzgado a partir de este viernes por, supuestamente, organizar el incendio del local para cobrar las indemnización del seguro.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de las 10 horas de este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Además del arrendatario del negocio, se juzga a otros dos hombres, colaboradores, para todos los cuales la fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años de cárcel.

El ministerio público sostiene que el empresario, que gestionaba los negocios desde 2015, comenzó a acumular deudas con proveedores y trabajadores, y que dejó de pagar el alquiler.

Por ello, junto a otro de los encausados, decidió provocar un siniestro en el local para cobrar las correspondientes indemnizaciones de los seguros, cuya cobertura había aumentado en diciembre de 2022.

En enero de 2023 los dos encausados rociaron con gasolina hasta 18 puntos distintos de los locales de la discoteca y del hotel, y desenroscaron una tuerca de la instalación de gas de la cocina para provocar una fuga.

A continuación, pactaron con el tercer encausado que, a cambio de 2.000 euros, prendiera fuego a las instalaciones, lo que realizó el día 23 de madrugada.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas en concurso con un delito de estafa agravada.

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