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Valencia

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València, 9 oct (EFE).- La procesión cívica de la Senyera, el acto más representativo de València en la festividad del 9 d’Octubre, se ha desarrollado en un ambiente distendido, con un trazado nuevo, una mayor distancia de seguridad durante el recorrido, menos gente en la calle y todo el mundo con la mascarilla puesta.

El nuevo recorrido (la ida por las calles Barcas y Pintor Sorolla y la vuelta por Colón y Roger de Lauria) ha venido impuesto por las obras de reforma que el Ayuntamiento realiza en la plaza de la Reina y la calle de la Paz, mientras que la mayor distancia de seguridad se ha traducido en menos espacio físico para la ciudadanía en todo el recorrido, especialmente en la plaza del Ayuntamiento y en el Parterre, donde solo ha entrado la comitiva oficial.

Todo ello ha contribuido a una menor asistencia de público, que en los lugares clave se ha agrupado detrás de las vallas sin guardar la distancia reglamentaria.

Por seguridad sanitaria para prevenir contagios de la covid-19, este año se ha limitado también la participación del número de representes de instituciones, partidos políticos y entidades de la sociedad civil valenciana, aunque a la cita no han faltado una nutrida representación de dirigentes y cargos públicos como el president de la Generalitat, Ximo Puig; el presidente de Les Corts, Enric Morera; y la delegada del Gobierno, Gloria Calero, además del alcalde, Joan Ribó, y todos los concejales del consistorio.

Otros integrantes de la comitiva han sido diputados nacionales, autonómicos y provinciales, y miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Valencià de Cultura y la fallera mayor de València, Consuello Llobell, y su corte de honor, además de representantes de otras entidades cívicas y culturales.

Fotos: Toni Cortés

A las 12 horas, a los acordes de la marcha de la ciudad y con puntualidad suiza, la Senyera ha bajado desde el balcón del consistorio en perfecta verticalidad y, a pie de calle, ha sido recibida por la concejal Pilar Bernabé (PSPV-PSOE), que era este año la encargada de llevarla durante toda la procesión cívica.

La marcha ha discurrido en medio de un ambiente festivo (con la presencia de charangas de músicos) y con toques de pluralidad (con presencia de alguna bandera Lgtbi), con aplausos generalizados al paso de la Senyera y con pitos recurrentes contra las autoridades locales y autonómicas en diversos puntos del trayecto.

En el Parterre y a los pies de la estatua ecuestre de Jaime I se ha realizado la ofrenda de coronas de laurel por parte del Tribunal de las Aguas, el Ateneo Mercantil, la Sociedad Coral El Micalet, Lo Rat Penat y el Ayuntamiento de València, en este último caso ofrecidas por Joan Ribó y Ximo Puig.

Tras este acto, Ribó ha manifestado que con la procesión cívica no solo se recuerda el origen de los valencianos, sino que sirve también para reivindicar una financiación justa, exigir unas infraestructuras ferroviarias adecuadas, tanto en Cercanías como en el Corredor Mediterráneo, y reclamar una área metropolitana con buenas infraestructuras, pues en ella viven 1,5 millones de habitantes.

A lo largo del recorrido, tanto la Policía Local como la Nacional han desplegado centenares de agentes (algunos con material antidisturbios) para garantizar la seguridad ciudadana.

Pese a este operativo policial, Compromís per València ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno al entender que «la Policía Nacional ha impedido hacer el recorrido de la procesión del 9 d’Octubre a Compromís, PSOE y Podemos, mientras que ha puesto todas las facilidades para hacer el recorrido a PP, Ciudadanos y al partido de ultraderecha Vox, además de otros grupúsculos de extrema derecha».

«Se trata de una situación intolerable, que ataca de lleno los derechos democráticos fundamentales de nuestra sociedad y que no se puede tolerar de ninguna de las maneras», ha indicado Compromís, que ha reivindicado que el 9 d’Octubre «es un día de encuentro, de celebración, de unión, de solidaridad, cooperación y empatía, todo lo contrario de lo que se ha producido hoy al impedir la Policía Nacional la participación de los partidos de izquierda».

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a EFE que, en un momento determinado de la procesión, militantes de diversos partidos se han citado en una parte de la plaza del Ayuntamiento donde para acceder tenían que levantar una valla, y se les ha indicado que debían acceder por otro lugar ya que se debía respetar el perímetro vallado, como había establecido la organización del acto.

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Valencia

Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor

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Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor
 Castelló, 16 oct (EFE).- La Audiencia de Castellón acoge desde el próximo lunes el juicio del conocido como «caso Castor», donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor, clausurada desde 2017.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

Las sesiones comenzarán este lunes a las 10 horas con la declaración de los dos acusados, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. También consta como acusación la propia mercantil como persona jurídica.

Habrá sesiones igualmente los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, peritos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente «con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500.

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio, según fuentes jurídicas.

Un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), ambos pertenecientes al CSIC, desveló los mecanismos que produjeron los seísmos que tuvieron lugar tras la inyección de gas en el almacén Castor en 2013 y que condujeron a su cierre cuatro años más tarde.

La inyección de gas produjo, según este estudio, una «sobrepresión y un efecto de flotación de gas que movió la falla de Amposta, que a su vez desestabilizó a otra más profunda, desconocida hasta ahora, causando los sismos de mayor magnitud percibidos por la población».

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