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El Ayuntamiento aprueba el cambio de nombre de 51 calles y modifica 4 denominaciones

Publicado

hace 8 años

en

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València ha aprobado el cambio del nombre de 51 calles en función de las determinaciones de la Ley de Memoria Histórica. Además, de las denominaciones propuestas, se han modificado 4 de ellas, y todo ello ha salido adelante con los votos a favor del Gobierno de la Nau (Compromís, PSPV y València en Comú) y Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Los cambios propuestos responden al estudio e informe realizado por el Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València, concretamente al equipo de investigadores y especialistas coordinado por el profesor Antonio Morant, que ha acompañado a la concejala en la presentación de la iniciativa. Durante aproximadamente 5 meses, el equipo investigador ha analizado los expedientes y los acuerdos específicos que llevaron a cambiar el nombre de determinadas vías públicas entre el 1 de abril de 1939 (fecha en que Valencia fue tomada por las tropas sublevadas) hasta la primera Corporación de la Democracia, en 1979.

En total, son 51 las calles propuestas para su cambio de denominación, y otras 4 las que mantendrán su nombre pero se cambiará la argumentación y motivos que dieron origen a éste.

Official Press ya adelantó los cuáles serán los nombres de las nuevas calles, y a ellas hay que añadir las siguientes modificaciones:
– La Plaza Eduardo Marquina no se llamará Joan Fuster como se proponía, sino que finalmente será Pere Maria Orts
– La Calle Grupo Antonio Rueda será la que reciba el nombre de Joan Fuster
– La calle General Ibáñez Alonso, iba a llamarse Solidaritat, pero por petición vecinal se llamará Carrer Baix de Massarrojos
– La Plaza Federico Mayo, cuya propuesta era Plaza del Profesor José Ballester Gozalvo, pasará finalmente a ser Plaza del Arquitecto Javier Goerlich.

Asimismo, en la lista de propuestas se ha corregido un error, pues el nombre de Elena Just Castrillo en realidad es Castillo.

Según explicó la concejala Glòria Tello, los cambios propuestos se refieren a aquellas vías urbanas cuya denominación “contradice la Ley de Memoria Histórica, y específicamente su artículo 15, que establece que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Por ello, ha añadido la delegada, se ha impulsado esta acción “desde el máximo respeto a la ley, y desde el convencimiento de que la ciudadanía tiene derecho a que las vías públicas sean lugar de encuentro y no de enfrentamiento o agravio”. Todo el procedimiento se ha realizado con el máximo rigor y profesionalidad, bajo la asesoría de la Universitat de València.

Con la transversalidad y la participación como bases, los criterios para renombrar las calles se asientan sobre 7 pilares, ha explicado la concejala de Cultura: en primer lugar, la recuperación de denominaciones antiguas, como es el caso de la avenida del Baró de Càrcer, que recupera el nombre que aún reconoce y utiliza buena parte de la población: avenida de l’Oest.

En segundo lugar, se han adoptado las propuestas emitidas por el Consell Municipal de la Dona dirigidas a dar visibilidad al papel histórico y actual de las mujeres en el callejero urbano, dado el reducido porcentaje actual de calles con nombre de mujer. Así, se incorporarán vías como por ejemplo Manuela Solís (reconocida ginecóloga), o Jerònima Galés (impresora de relevancia), entre otras.

También se han tenido en cuenta antiguos dictámenes de la Comisión de Cultura o mociones aprobadas en las Juntas de Distrito en legislaturas anteriores, que no se habían implantado nunca. Es el caso, por ejemplo, de la calle dedicada al activista vecinal Félix del Río, aprobada en la Junta de Distrito de Trànsits hace años, que será el nuevo nombre de la calle Doctor Marco Merenciano. El cuarto criterio recoge las peticiones obrantes y aún no atendidas en el Servicio Municipal de Recursos Culturales por parte de la ciudadanía. “Hemos querido dar respuesta a estas iniciativas”, ha señalado la concejala, con ejemplos como las calles dedicadas al fotógrafo Agustí Centelles (en sustitución de Gual Villalbí) o al profesor Higinio Noja (por Samuel Ros).

También se incorporan nombres de personas o agrupaciones que han contribuido a la proyección cultural de la ciudad y a su engrandecimiento artístico y científico, como las nuevas calles dedicadas al Equip Crònica (para la plaza Francisco Bosch i Ariño), o Javier Goerlich, arquitecto (para la calle Francisco Dolz). En esta misma línea, se ha optado por poner nombres de conceptos relacionados con la cultura y el saber en general, como las calles de la Poesia (por calle Damián Adalid), calle de la Fotografia (calle Carmen Tronchoni) o calle de la Literatura (por José María Osset). El séptimo criterio utilizado ha sido el de fomentar los valores universales y dignos de reconocimiento general, y como ejemplo se puede citar la nueva calle dedicada a la Democràcia, en sustitución de la calle Castán Tobeñas.

Además de los 51 nombres de calles a cambiar, se “resignificarán” otras 4: las plazas de Amèrica y de Galícia, la avenida de Portugal, y la calle de Belchite, que mantendrán su nombre, pero en cuyos expedientes se cambiarán las razones de la denominación (inicialmente, en las cuatro se argumentaban motivos de apoyo y exaltación de la sublevación militar, la guerra o la dictadura).

UN AÑO DE PLAZO PARA EVITAR LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA

La concejala de Cultura ha adelantado la decisión del Equipo de Gobierno de mantener la convivencia del nuevo nombre de las vías urbanas con el antiguo para evitar las molestias a la ciudadanía, así como a los comercios y empresas radicados en ellas. Asimismo, Glòria Tello ha agradecido el apoyo y la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos “por su predisposición a participar y la ayuda prestada en todo momento”.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

Publicado

hace 13 horas

en

19 mayo, 2025

De

Airbnb
Airbnb

Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».

Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.

Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.

Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.

Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.

Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».

¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.

Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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