En la reunión de este martes, el consejo de administración de la APV ha dado luz verde al pliego de bases y al pliego de condiciones para el otorgamiento de una concesión administrativa de ocupación con destino a instalaciones náuticas en la zona, que comprende una superficie de agua de 193.475 m2 y de tierra de 235.097 m2.
Según la APV, responde a los compromisos adquiridos en relación al expediente abierto a España por la Comisión Europea por presunta ayuda estatal al Consorcio Valencia 2007, que cuestionaba la explotación de la Marina en condiciones más ventajosas que otros concesionarios privados.
La redacción de los pliegos ha sido validada por Puertos del Estado y se han tenido en cuenta los criterios aportados por el Ayuntamiento de València.
Las instalaciones náutico-deportivas objeto del concurso se distribuyen en tres dársenas -interior, norte y sur- que actualmente albergan más de 800 amarres para embarcaciones de entre 7 y 170 metros de eslora.
Es un concurso público al que se pretende que opten gestores de marinas con experiencia y solvencia técnica, habida cuenta del alto valor del entorno donde se ubican las instalaciones, según la presidenta de la APV, Mar Chao.
Se pretende que el espacio conserve su esencia y por ello Chao iniciará los trámites necesarios para poner en marcha un órgano de cooperación para la gestión de los bienes demaniales (excepto los destinados a usos náutico-deportivos y náutico-recreativos) y patrimoniales que conforman la Marina de València, atendiendo a la propuesta realizada por el pleno del Ayuntamiento.
El pliego incorpora una cláusula para facilitar que València pueda volver a celebrar la Copa del América -tras las disputadas en sus aguas en 2007 y 2010-, que especifica que la empresa concesionaria colaborará en la realización del campeonato.
Según la cláusula «evento especial Copa América», con independencia de la obligación general de colaborar en la celebración de eventos, la empresa concesionaria colaborará activamente en la realización de la Copa del América (o denominación que le sea asignada posteriormente).
Esta colaboración se traduce en ceder a la Autoridad Portuaria la superficie de tierra y agua necesaria para la celebración de ese evento.
La APV informará a la empresa concesionaria del período de este evento con una antelación mínima de cuatro meses, al objeto de que se pueda planificar el desalojo de las diferentes embarcaciones y superficies, en su caso, y corresponderá a la concesionaria el desalojo a su cargo de estas áreas.
Catalá destaca las oportunidades en La Marina
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que, junto a esta cláusula y la comisión paritaria Ayuntamiento-Puerto, comienzan las decisiones para darle a la Marina «seguridad jurídica, tranquilidad, definición, colaboración» y que no haya «peros» para los inversores.
«El puerto y la ciudad deben trabajar conjuntamente para conseguir espacios de esparcimiento, oportunidades económicas, ocio, cultura y en ello dedicamos nuestros esfuerzos», ha dicho Chao.
El presupuesto para el nuevo muelle
La APV también ha aprobado este martes la actualización de precios del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
El presupuesto de 542,7 millones se formuló utilizando precios de 2020, que ahora se han actualizado hasta los 660,38 millones, IVA incluido.
Por otra parte, la APV desafectará para uso ciudadano el área norte del puerto conocida como Passeig del Moll dels Borja, hasta unos metros previos al cantil; y la Platja de Venècia, que pasará a estar gestionada por la Dirección General de Costas.
También se propiciará para uso ciudadano y para mejora de la interrelación puerto-ciudad los Tinglados Fruteros.
El director general de la APV, Francesc Sánchez, será relevado de este cargo el próximo 31 de diciembre para ocupar la presidencia de la Fundación Valenciaport y la Subdirección de Transformación Digital e Innovación de la Autoridad Portuaria.
Será sustituido por Enrique Belda Esplugues, doctor ingeniero de caminos por la Universitat Politècnica de València, funcionario de carrera y actualmente subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad del Ministerio del Interior.
En el consejo de administración, Francisco Parra, abogado del Estado y vocal, sustituirá en la Secretaría del Consejo a Alicia Paz, quien, a petición propia, regresa a Puertos del Estado.
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