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València, segunda ciudad de España mejor valorada en movilidad sostenible

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Transporte en València Día de Todos los Santos

València es la segunda ciudad de España mejor valorada en movilidad sostenible, con una puntuación de un 6,6 sobre 10, ligeramente por detrás de Bilbao (6,9) y a una décima de Barcelona (6,5), según el ‘Ranking de Movilidad Urbana’ encargado por la organización Greenpeace.

El análisis evalúa el grado de compromiso de 12 ayuntamientos (Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, València y Zaragoza) con respecto a sus propios planes de movilidad. Para ello, compara indicadores relacionados con su oferta de transporte público, su red de vías ciclistas y calles peatonales o su nivel de contaminación y ruido, entre otros.

La capital vizcaína es la ciudad mejor valorada en movilidad con una puntuación de 6,9 sobre 10. Le siguen la del Túria (6,6) en segundo puesto y en tercer lugar Barcelona (6,5). «Las tres ciudades destacan por una apuesta decidida por los modos sostenibles, con medidas de gran calado que están permitiendo reducir el uso del coche y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía», valora la ONG ecologista.

En el caso de València, tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España, cuenta con una densidad de 5.877 habitantes por kilómetro cuadrado y un índice de motorización de casi 610 vehículos por cada mil habitantes.

De partida, el informe destaca que València presenta unas características territoriales «muy positivas», con una estructura típica mediterránea y una alta densidad de usos y funciones en el territorio. Su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se publicó en 2016, aunque su redacción data de 2013, con 210,2 millones de euros y horizonte a corto, medio y largo plazo.

En concreto, el estudio repasa las medidas ejecutadas, como los seis grandes itinerarios de preferencia peatonal, la implantación de caminos escolares, la continuación del desarrollo de la red de vías ciclistas o la reordenación y nuevo diseño de la red de autobuses EMT València.

Otras acciones están en estudio, como la definición de ejes multifuncionales y estructuración de ‘supermanzanas’, las actuaciones contra el robo de bicicletas o la integración efectiva del ‘MetroBús’ en la ciudad. Y en proceso están la jerarquización y reordenación del tráfico, la intermodalidad con la bicicleta, la reorganización del espacio de estacionamiento o la actuación en puntos de déficit de plazas de carga y descarga.

 

EL USO DEL BUS BAJA CASI DOS PUNTOS DESDE 2012

Por medios de transporte, el informe constata la evolución del reparto de 2012 a 2018, con un aumento de la movilidad peatonal al pasar del 48,2 al 50,5%. En estos seis años, el uso de la bici ha subido ligeramente del 4,7 al 4,8%, mientras el del autobús ha bajado del 23,4 al 21,8% y el del coche del 23,6 al 21,5%.

Estas cifras ponen de relieve una evolución positiva de la movilidad peatonal, algo que el análisis achaca a la creación de 33.000 metros cuadrados de zonas peatonales entre 2015 y 2018. También destaca que «la apuesta por la bicicleta está dando sus frutos», con la ejecución de 156 kilómetros de vías ciclistas en calzada y 45 de compartidas bici-coche, junto a la disminución del uso del vehículo privado.

De cara al futuro, el estudio recuerda que en València recientemente se ha aprobado una ordenanza de movilidad «con gran polémica». Establece hasta 630 kilómetros de calles ’30’ (limitadas a 30 kilómetros por hora), que supondrán el 64,3% de la red viaria, y prevé 18 kilómetros de ‘ciclocalles’ y 89 de vías peatonales.

Paralelamente, pone en valor los experimentos activos de puntos de concentración de carga para la distribución urbana de mercancías y que València «empieza a posicionarse como ‘smart city’, al igual que Málaga». También resalta su transporte público colectivo «relativamente bueno y completo en sistemas ferroviarios, asimilable a ciudades como Bilbao. Y como aspecto a mejorar, la dotación actual de aparcamientos regulados.

 

CINCO CIUDADES SUSPENSAS

Tras el podio se encuentran Sevilla y Madrid, que obtienen una puntuación intermedia de 5,9 puntos. La ciudad andaluza destaca por sus «buenos índices en los desplazamientos a pie y en bicicleta», mientras que Madrid ha lanzado lo que consideran «buenas medidas», como el protocolo anticontaminación o ‘Madrid Central’. Por detrás están Zaragoza (5,5) y Málaga (5,2) donde «se observan avances en la buena dirección aunque requieren medidas más contundentes para mejorar».

Ya en suspenso está Murcia (4,8), Pamplona (4,6) y Palma (4,6), donde el uso del coche sigue siendo mayoritario pese a los esfuerzos realizados. Las peores posiciones son para Santiago de Compostela (4,4) y Albacete (3,7), dos ciudades que «aunque ofrecen condiciones favorables para los viajes de proximidad, carecen de Planes de Movilidad suficientemente precisos». «En estas ciudades pequeñas es donde se abusa del coche para trayectos cortos, que serían fácilmente realizables andando o en bicicleta», recoge el estudio

«Las ciudades deben asumir los retos planteados en materia de movilidad sostenible tomando medidas valientes que pongan a los peatones –y no a los coches– en el centro de sus políticas, tal y como describen en sus propios Planes de Movilidad Urbana», declara el responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández.

Por todo ello, la ONG ecologista demanda que las ciudades sean pioneras en la movilidad urbana sostenible y, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, exige responsabilidad a los grupos políticos.

Fuente: Europa Press

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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