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Voto en blanco, voto nulo y abstención: ¿A quién favorece cada uno?

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voto en blanco y voto nulo

Voto en blanco, voto nulo y abstención: estas son tres opciones para aquellas personas que opten por no dar su apoyo a ninguna de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales del 23J. Pero, ¿cuáles son las diferencias y a quién beneficia cada una de ellas?

Voto en blanco y voto nulo

El voto nulo se produce cuando no se usan papeletas oficiales, se meten dos de candidaturas distintas o se incluyen en el sobre otros objetos. La acción se considera un acto de protesta. De este modo, ese voto no se da por válido y sale del recuento oficial.

El voto en blanco se produce cuando dentro del sobre no hay nada. El significado de esta acción está relacionado con una persona con interés por la política pero sin ningún partido que realmente le convenza para darle su apoyo. En este caso, los votos en blanco sí se suman al recuento oficial. De manera que teniendo en cuenta que es necesario un mínimo del 5% de las papeletas para obtener representación tanto en la Asamblea como en los ayuntamientos, los votos en blanco pueden perjudicar a las formaciones más pequeñas. Un ejemplo práctico de un ayuntamiento menor: se recogen 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos. Oficialmente para el recuento serían 1.200 votos válidos. Aplicando ese 5%, harían falta 60 papeletas para lograr un concejal, sin los votos en blanco, solo 50.

Abstención

Y en cuanto a la abstención, al no haber voto, al igual que con el nulo, no se suma. La abstención no beneficia a nadie.

El sufragio universal, que está reflejado en el artículo 23 de la Constitución, es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, y dentro de este derecho está también el derecho a no ir a votar. La abstención se contabiliza, ya que sabemos tanto el total del censo electoral como la cantidad de gente que finalmente vota, y basta con restar a una cifra la otra.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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