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Ximo Puig propone una «alianza» catalano-valenciana para «reinventar» España

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Barcelona, 1 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto este martes en Barcelona que Cataluña abandone el «bloqueo» que ha supuesto el proceso independentista y «regrese a todos los tableros donde se juega el futuro», tejiendo una «alianza» catalano-valenciana para «reinventar» España.

De visita a la capital catalana, donde esta tarde se verá con el vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès, Puig ha inaugurado el ciclo de debate con el título «España en el contexto geopolítico de la post-pandemia», organizado por el Círculo de Economía en Barcelona.

Una conferencia en la que ha exhibido la «vía valenciana» como un modelo político y económico de éxito y en la que ha propuesto liderar junto a Cataluña una «Commonwealth mediterránea para tender hacia una «España catalana» y una «España de las Españas».

El dirigente socialista ha resumido esa vía valenciana como la del «acuerdo», porque «es hora de puentes, no de trincheras»: «Mientras otros territorios han hecho del caos, la confrontación y la fractura su respuesta irresponsable ante el coronavirus, en la sociedad valenciana ha imperado la serenidad, la estabilidad y la confianza».

Es por ese motivo que ha tendido la mano a Cataluña y ha propuesto «tejer alianzas», como históricamente han hecho ambas comunidades «desde hace siglos», pero dando ahora «un nuevo impulso en el siglo XXI», porque «vivir de espaldas es una estupidez».

«Asumamos una premisa: que nadie puede defender sus intereses en Europa de forma individual, ni Cataluña, ni la Comunidad Valenciana, ni Madrid, aunque sus élites piensen lo contrario. Valencianos y catalanes compartimos intereses y retos en España y Europa, en una economía global», ha señalado.

Porque, ha advertido, el «bloqueo catalán» del proceso independentista ha supuesto la «desaparición práctica de las relaciones institucionales» entre ambas comunidades, algo que la suya «vive con dolor» emocional, también «por haber perdido desde hace años un aliado fundamental en la petición de un nuevo sistema de financiación» o el corredor mediterráneo.

«Los valencianos necesitamos una Cataluña fuerte y los catalanes necesitan un país de los valencianos más visible. Pero lo primero que urge, desde el máximo respeto, es que Cataluña vuelva a todos los tableros en que se juega el futuro», ha apuntado.

Puig ha expresado que el «trellat» valenciano necesita el «seny» catalán -en alusión a ambas expresiones que significan «cordura» y «sentido común- y ha destacado que esa alianza puede ser el camino para «reinventar España», a través de una «reforma territorial profunda, hacia una España de las Españas».

Una España que necesita de cinco grandes cambios, entre ellos acabar con la «deriva centralista» y «excepción fiscal» de la Comunidad de Madrid, respecto a lo que ha calificado de «desleal, injusto e insultante» que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «presuma» del «dumping fiscal» de su comunidad.

También ha urgido a frenar la «hemorragia demográfica» de la España interior, una herida que «no se cura con mapas ni himnos»; abandonar la mirada «uniforme» del país y atender a la diversidad de la España «invisible», dando protagonismo a las periferias; o apostar por una España «cooperadora y equitativa», que solucione las desigualdades y redistribuya recursos y poder.

Y, por último, ha reivindicado una «España catalana», que «recomponga afectos con Cataluña» en nombre de la «reconciliación y el interés general», para superar «el bloqueo».

«España ha de hacer un paso grande, pero Cataluña también tiene una responsabilidad tras años de deriva unilateral y camino a ningún lugar. Debe salir del callejón y dejar de mirarse en un espejo deformado que refleja una imagen que pocos reconocen», ha explicado.

Y ha alertado al independentismo: «Los maximalismos abocan a los maxifracasos y estos generan maxifracturas. No se puede dar la espalda a la mitad de la población, sea como sea».

Aunque ha reconocido que la campaña de las elecciones catalanas del próximo febrero «no es terreno sólido sobre el que edificar», ha recordado que el actual es un momento «clave», pues «en los próximos meses está en juego el futuro de una década y quizá de las próximas generaciones», con los fondos europeos en el horizonte.

Pero «tras años de colapso», ha admitido que es «esperanzador escuchar palabras como cooperación, cogobernanza y cooperación mediterránea» y, a la espera de una reforma constitucional, ha abogado por un «federalismo práctico», pues «es la hora de los ingenieros de puentes y no de los técnicos de demolición».

En ese sentido, ha subrayado la importancia de la experiencia «positiva» de las conferencias de presidentes convocadas durante la pandemia, que han servido, por ejemplo, para «empatizar» y para que otros dirigentes autonómicos «vieran que el presidente de Cataluña no era un demonio, que podían coincidir con él y no pasa nada».

Pero sí ha reclamado que esas conferencias presidenciales o las sectoriales deberían estar «reguladas» y no solo celebrarse cuando el Gobierno decida. «Tienen que tener una periodicidad, normativa, orden del día y secretariado, como en Alemania», ha planteado.

Y ha finalizado pidiendo «audacia y coraje» a los políticos para cambiar la situación política y afrontar el conflicto territorial más allá de «identitarismos de confrontación», porque «no se trata de ganar una batalla contra nadie», sino «reinventar España». «Así no podemos continuar y así no vamos bien», ha sentenciado.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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