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Valencia

Ximo Puig sobre el escándalo de su hermano: «Es una cuestión que no afecta al president»

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OFFICIAL PRESS/EFE El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado este martes sobre el escándalo que relaciona a su hermano tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la empresa de Francis Puig que es una cuestión que «no le afecta para nada» al president de la Generalitat.

Puig se ha pronunciado así preguntado sobre la petición del PP de que comparezca en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia valenciana a cuatro empresas de comunicación, entre ellas la del hermano del president, Comunicacions dels Ports, por actuar «como un cártel» en una licitación pública.

Ha señalado que «sorprende» que el Partido Popular haga esa petición de comparecencia, entre otras cosas porque la Administración ha funcionado «con absoluta normalidad» y este asunto no le afecta «para nada».

«Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede o aceptarla o recurrirla, es un funcionamiento absolutamente normal», ha manifestado Puig.

Según ha señalado el president, lo que corresponde ahora es que «continúe ese procedimiento», y después, en el futuro, «aquellos que sean responsables tendrán que dar cuenta, si corresponde».

Puig ha insistido en que respeta «absolutamente» el funcionamiento de la Administración y el funcionamiento de las empresas, y que cuando haya un conflicto se dirima «de una manera razonable, como dice la administración y como dice la justicia», por lo que no tiene «nada que decir».

Francis Puig, multado por amañar precios en un concurso público

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía ha resuelto sancionar con hasta 26.103 euros a productoras vinculadas a Francis Puig y sus socios por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en ‘A Punt’, la entidad que puso estos hechos en conocimiento de esta administración.

La Subsecretaría de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo incoó en diciembre de 2019 expediente sancionador a cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación en las que participa Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, al observar «indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia».

Ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia ha dictado la resolución, en la que considera que se ha acreditado una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia.

Así, sanciona con 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, cuyo responsable es Francis Puig; multa con 26.103 euros a Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, solidariamente por aplicación de la doctrina sobre unidad de empresa; y a Visualiza con 3.337 euros, en el marco de un concurso de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG, corresponsalías en determinadas zonas de la Comunitat.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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