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Valencia

Ximo Puig sobre el escándalo de su hermano: «Es una cuestión que no afecta al president»

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OFFICIAL PRESS/EFE El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado este martes sobre el escándalo que relaciona a su hermano tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la empresa de Francis Puig que es una cuestión que «no le afecta para nada» al president de la Generalitat.

Puig se ha pronunciado así preguntado sobre la petición del PP de que comparezca en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia valenciana a cuatro empresas de comunicación, entre ellas la del hermano del president, Comunicacions dels Ports, por actuar «como un cártel» en una licitación pública.

Ha señalado que «sorprende» que el Partido Popular haga esa petición de comparecencia, entre otras cosas porque la Administración ha funcionado «con absoluta normalidad» y este asunto no le afecta «para nada».

«Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede o aceptarla o recurrirla, es un funcionamiento absolutamente normal», ha manifestado Puig.

Según ha señalado el president, lo que corresponde ahora es que «continúe ese procedimiento», y después, en el futuro, «aquellos que sean responsables tendrán que dar cuenta, si corresponde».

Puig ha insistido en que respeta «absolutamente» el funcionamiento de la Administración y el funcionamiento de las empresas, y que cuando haya un conflicto se dirima «de una manera razonable, como dice la administración y como dice la justicia», por lo que no tiene «nada que decir».

Francis Puig, multado por amañar precios en un concurso público

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía ha resuelto sancionar con hasta 26.103 euros a productoras vinculadas a Francis Puig y sus socios por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en ‘A Punt’, la entidad que puso estos hechos en conocimiento de esta administración.

La Subsecretaría de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo incoó en diciembre de 2019 expediente sancionador a cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación en las que participa Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, al observar «indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia».

Ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia ha dictado la resolución, en la que considera que se ha acreditado una «infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia.

Así, sanciona con 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, cuyo responsable es Francis Puig; multa con 26.103 euros a Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, solidariamente por aplicación de la doctrina sobre unidad de empresa; y a Visualiza con 3.337 euros, en el marco de un concurso de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG, corresponsalías en determinadas zonas de la Comunitat.

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Valencia

Los taxistas convocan paros y manifestaciones en la Comunitat Valenciana el 4 de noviembre ante la “dejación” del Consell

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huelga de taxis en valencia
Taxis de Valencia secundando una huelga en protesta por el alto precio de los carburantes. Archivo/EFE/J.C.CARDENAS.

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha anunciado una jornada de paros y manifestaciones para el próximo 4 de noviembre. La decisión llega como respuesta a lo que el sector considera una “dejación total” por parte de la Conselleria de Transportes, a la que acusan de inacción ante el incremento de irregularidades en los servicios de transporte con conductor (VTC).


El sector denuncia falta de control y competencia desleal

Según la Confederación, la Conselleria de Transportes “no ha incoado expedientes sancionadores contra las multinacionales que incumplen la normativa en la Comunitat Valenciana”, pese a contar —afirman— con sentencias que lo demuestran. Además, denuncian que se han concedido cientos de licencias VTC “sin cumplir requisitos esenciales”.

Los representantes del taxi también acusan al departamento autonómico de no facilitar información esencial sobre los procesos de concesión y de permitir la actividad irregular de VTC de otras comunidades autónomas que “operan de forma ilegal” en territorio valenciano.


“Más de 7.000 familias afectadas por la falta de control”

La Confederación advierte que esta situación pone en riesgo el sustento de más de 7.000 familias que viven del taxi en la Comunitat Valenciana, frente a lo que consideran “el beneficio de cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España”.

Asimismo, critican que “la mayoría de localidades valencianas carecen de un Servicio de Inspección formado y dotado adecuadamente”, lo que impide garantizar el cumplimiento de las normas y agrava la competencia desleal y el intrusismo profesional que el sector denuncia desde hace años.


El taxi estudia posibles acciones legales

En un tono más contundente, la Confederación no descarta presentar querellas penales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si la situación no cambia “de manera inmediata”.

El colectivo exige una actuación firme por parte del Consell para frenar lo que califican como una situación insostenible que “pone en jaque el futuro del servicio público del taxi y el equilibrio del transporte urbano en la Comunitat Valenciana”.


Paros y concentraciones el 4 de noviembre en toda la Comunitat Valenciana

Como medida de protesta, los taxistas convocan paros, manifestaciones y concentraciones simultáneas en todas las áreas de prestación de la Comunitat Valenciana durante la mañana del lunes 4 de noviembre.

Además, está prevista una concentración frente a la Conselleria de Transportes en València, donde representantes del sector reclamarán una mayor regulación, inspección y control sobre las VTC y una política de transporte “justa y equilibrada” que proteja al taxi valenciano como servicio público esencial.


Un nuevo pulso entre el sector del taxi y la administración autonómica

La convocatoria del 4 de noviembre supone un nuevo episodio de tensión entre el sector del taxi y la Generalitat Valenciana, tras varios años de reivindicaciones sin respuesta efectiva, según denuncian los profesionales.

Los taxistas esperan que estas protestas sirvan para abrir un diálogo real con la administración y poner en marcha medidas que garanticen la igualdad de condiciones frente a las plataformas de transporte privado y el respeto a la normativa vigente.


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