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Zaplana y González declaran este lunes ante el juez como testigos por la caja B del PP

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(EFE).- El exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González como testigos ante el juez que investiga la caja B del PP acerca de los presuntos pagos de comisiones al partido de los que hablaron en una conversación pinchada en Lezo poco antes a que estallase este caso.

Los exdirigentes del PP no son los únicos en comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también ha citado como testigos al empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel (ambos imputados en Lezo) y al presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Sus citaciones se producen a raíz de la incorporación a la causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.

González y Zaplana -que al estar citados como testigos deben contestar a todas las partes y están obligados a decir verdad- deberán dar explicaciones sobre el contenido de la conversación que les fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, por el que este pasó seis meses en prisión preventiva.

En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel «le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)» diciendo que «le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy».

De Miguel le facilitó esa grabación a Ariza, quien después «se fue a ver a Mariano a chantajearle», siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana cuando el expresidente madrileño era ya consciente de que estaba siendo investigado por haber recibido un soplo.

Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente «le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo».

Con estas citaciones, De la Mata trata de «verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas» o «contabilidad B» del PP, aparentemente efectuada por «Gre. (Rafael P)», «R. Palenc», «Rafa Palencia» y «Rafael Palencia» en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.

En concreto, quiere saber «si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA» e intenta «contrastar la veracidad y el alcance de las declaraciones de (Francisco) Correa», que en el juicio de Gürtel habló del pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

De la Mata ya ha tomado declaración a varios empresarios vinculados con Degremont Iberia, entre ellos a su expresidente José del Castillo, que negó que su predecesor en el cargo, Rafael Palencia, hiciera pagos al PP tal y como se refleja en los llamados papeles de Bárcenas.

En su declaración como imputado, Palencia, que supuestamente afirmó en otra grabación que había pagado comisiones ilegales al PP, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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