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Zaplana y González declaran este lunes ante el juez como testigos por la caja B del PP

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(EFE).- El exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González como testigos ante el juez que investiga la caja B del PP acerca de los presuntos pagos de comisiones al partido de los que hablaron en una conversación pinchada en Lezo poco antes a que estallase este caso.

Los exdirigentes del PP no son los únicos en comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también ha citado como testigos al empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel (ambos imputados en Lezo) y al presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Sus citaciones se producen a raíz de la incorporación a la causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.

González y Zaplana -que al estar citados como testigos deben contestar a todas las partes y están obligados a decir verdad- deberán dar explicaciones sobre el contenido de la conversación que les fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, por el que este pasó seis meses en prisión preventiva.

En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel «le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)» diciendo que «le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy».

De Miguel le facilitó esa grabación a Ariza, quien después «se fue a ver a Mariano a chantajearle», siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana cuando el expresidente madrileño era ya consciente de que estaba siendo investigado por haber recibido un soplo.

Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente «le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo».

Con estas citaciones, De la Mata trata de «verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas» o «contabilidad B» del PP, aparentemente efectuada por «Gre. (Rafael P)», «R. Palenc», «Rafa Palencia» y «Rafael Palencia» en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.

En concreto, quiere saber «si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA» e intenta «contrastar la veracidad y el alcance de las declaraciones de (Francisco) Correa», que en el juicio de Gürtel habló del pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

De la Mata ya ha tomado declaración a varios empresarios vinculados con Degremont Iberia, entre ellos a su expresidente José del Castillo, que negó que su predecesor en el cargo, Rafael Palencia, hiciera pagos al PP tal y como se refleja en los llamados papeles de Bárcenas.

En su declaración como imputado, Palencia, que supuestamente afirmó en otra grabación que había pagado comisiones ilegales al PP, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

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Elisa Mouliaá solicita 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual continuado

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Elisa Mouliaá

La actriz Elisa Mouliaá ha dado un paso importante en el ámbito judicial al presentar formalmente su solicitud para que se abra un juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de un delito continuado de abuso sexual. Según la petición de la actriz, se solicita una condena de tres años de prisión.


Detalles del caso

El caso, que ha generado gran repercusión mediática, gira en torno a alegaciones de abuso sexual continuado, un tipo de delito que, de confirmarse, puede tener implicaciones penales significativas. La acusación formal presentada por Mouliaá implica que la Fiscalía y los tribunales analicen el caso y determinen si procede abrir juicio.

El contexto del procedimiento incluye:

  • La presentación de la denuncia por parte de la víctima

  • La solicitud de apertura de juicio oral

  • La reclamación de pena de prisión específica, en este caso de tres años


Implicaciones legales de la acusación

Un delito continuado de abuso sexual se caracteriza por la comisión reiterada de actos sexuales no consentidos hacia la víctima. En España, este tipo de acusación puede derivar en penas que combinan prisión, medidas de protección a la víctima y restricciones de acercamiento o comunicación.

Si los tribunales aceptan la apertura del juicio, se dará inicio a un proceso legal en el que:

  • Se analizarán todas las pruebas aportadas por la acusación

  • Se permitirá a la defensa presentar su versión de los hechos

  • Se dictará sentencia en función de la evidencia y la normativa vigente


Repercusiones públicas y mediáticas

El caso ha captado atención en medios nacionales y redes sociales, dado que involucra a un personaje público del ámbito político. La repercusión incluye debates sobre:

  • La protección de las víctimas de abuso sexual

  • La responsabilidad de figuras públicas

  • La importancia de un juicio justo y transparente


Próximos pasos en el proceso judicial

De aceptarse la solicitud de Mouliaá, el tribunal competente evaluará la evidencia y decidirá si se abre juicio oral. Durante este proceso, se podrán presentar testigos, pruebas documentales y peritajes psicológicos para determinar la veracidad de las alegaciones.

Los pasos principales incluyen:

  1. Estudio preliminar de la denuncia

  2. Decisión sobre la apertura del juicio

  3. Presentación de pruebas y alegatos de ambas partes

  4. Sentencia final y posibles recursos


Conclusión

El caso entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón resalta la relevancia de los procesos judiciales en situaciones de abuso sexual, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Mientras el sistema legal determina la veracidad de las acusaciones, se mantiene la importancia de garantizar un juicio justo, la protección de la víctima y la transparencia en el proceso.

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