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Zaplana y González declaran este lunes ante el juez como testigos por la caja B del PP

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(EFE).- El exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González como testigos ante el juez que investiga la caja B del PP acerca de los presuntos pagos de comisiones al partido de los que hablaron en una conversación pinchada en Lezo poco antes a que estallase este caso.

Los exdirigentes del PP no son los únicos en comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también ha citado como testigos al empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel (ambos imputados en Lezo) y al presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Sus citaciones se producen a raíz de la incorporación a la causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.

González y Zaplana -que al estar citados como testigos deben contestar a todas las partes y están obligados a decir verdad- deberán dar explicaciones sobre el contenido de la conversación que les fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, por el que este pasó seis meses en prisión preventiva.

En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel «le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)» diciendo que «le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy».

De Miguel le facilitó esa grabación a Ariza, quien después «se fue a ver a Mariano a chantajearle», siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana cuando el expresidente madrileño era ya consciente de que estaba siendo investigado por haber recibido un soplo.

Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente «le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo».

Con estas citaciones, De la Mata trata de «verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas» o «contabilidad B» del PP, aparentemente efectuada por «Gre. (Rafael P)», «R. Palenc», «Rafa Palencia» y «Rafael Palencia» en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.

En concreto, quiere saber «si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA» e intenta «contrastar la veracidad y el alcance de las declaraciones de (Francisco) Correa», que en el juicio de Gürtel habló del pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

De la Mata ya ha tomado declaración a varios empresarios vinculados con Degremont Iberia, entre ellos a su expresidente José del Castillo, que negó que su predecesor en el cargo, Rafael Palencia, hiciera pagos al PP tal y como se refleja en los llamados papeles de Bárcenas.

En su declaración como imputado, Palencia, que supuestamente afirmó en otra grabación que había pagado comisiones ilegales al PP, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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