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Zaplana y González declaran este lunes ante el juez como testigos por la caja B del PP

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(EFE).- El exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González como testigos ante el juez que investiga la caja B del PP acerca de los presuntos pagos de comisiones al partido de los que hablaron en una conversación pinchada en Lezo poco antes a que estallase este caso.

Los exdirigentes del PP no son los únicos en comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que también ha citado como testigos al empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel (ambos imputados en Lezo) y al presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Sus citaciones se producen a raíz de la incorporación a la causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.

González y Zaplana -que al estar citados como testigos deben contestar a todas las partes y están obligados a decir verdad- deberán dar explicaciones sobre el contenido de la conversación que les fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II, por el que este pasó seis meses en prisión preventiva.

En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel «le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)» diciendo que «le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy».

De Miguel le facilitó esa grabación a Ariza, quien después «se fue a ver a Mariano a chantajearle», siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana cuando el expresidente madrileño era ya consciente de que estaba siendo investigado por haber recibido un soplo.

Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente «le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo».

Con estas citaciones, De la Mata trata de «verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados «papeles de Bárcenas» o «contabilidad B» del PP, aparentemente efectuada por «Gre. (Rafael P)», «R. Palenc», «Rafa Palencia» y «Rafael Palencia» en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.

En concreto, quiere saber «si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA» e intenta «contrastar la veracidad y el alcance de las declaraciones de (Francisco) Correa», que en el juicio de Gürtel habló del pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.

De la Mata ya ha tomado declaración a varios empresarios vinculados con Degremont Iberia, entre ellos a su expresidente José del Castillo, que negó que su predecesor en el cargo, Rafael Palencia, hiciera pagos al PP tal y como se refleja en los llamados papeles de Bárcenas.

En su declaración como imputado, Palencia, que supuestamente afirmó en otra grabación que había pagado comisiones ilegales al PP, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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