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Sentencia de los ERE: 6 años de prisión para Griñán y 9 años de inhabilitación para Chaves
Publicado
hace 6 añosen

Sevilla, 19 nov. – Un total de 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía está acusados en la conocida causa como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Entre ellos, se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Todos ellos han conocido la sentencia este martes en la misma sala judicial, donde han sido citados junto a sus procuradores, para hacerles entrega de un ‘pen drive’ con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel. No estarán presentes los magistrados que han enjuiciado el caso sino que será una funcionaria la que les entregará uno a uno la sentencia.
En concreto, a estos 21 ex altos cargos la Fiscalía les acusaba de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas «totalmente opaco» al margen «de los ciudadanos» y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha notificado este martes la sentencia del caso de los ERE, que condena a 19 de los 21 acusados y absuelve a los otros dos.
En la resolución, los magistrados consideren que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, en la redacción vigente durante el período enjuiciado.
Así pues, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial en la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.
Finalmente, la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, ha condenado a Chaves por un delito continuado de prevaricación, y a Griñán por el mismo supuesto en concurso medial con un delito continuado de malversación.
LAS CONDENAS: UNA A UNA
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación.
Los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción pedía para dichos tres exconsejeros ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación a cada uno.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Por su parte, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha sido condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez ha sido condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación. La Fiscalía solicitaba para él hasta ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Asimismo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro, y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano han sido condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos. La Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
También ha sido condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación por los que la Fiscalía interesaba para él una pena total de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenados por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.
En concreto, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado han sido condenados, cada uno de ellos, a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y han sido absueltos del supuesto continuado de malversación.
Por su parte, a Lourdes Medina y Jacinto Cañete se les impone en cada caso una condena de ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras quedan absueltos del delito continuado de malversación que les atribuía a cada uno la Fiscalía.
SOLO DOS ABSUELTOS
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla; en concreto, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez –para quien la Fiscalía pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación continuadas– y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, que se enfrentaba a una pena solicitada por el Ministerio Público de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación.
Este ‘macrojuicio’, que se inició en enero de 2011, quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.
La instrucción finalizó en 2016 y el juez de refuerzo Álvaro Martín elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo «un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar»
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Santos Cerdán, a prisión sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Publicado
hace 20 horasen
30 junio, 2025
El Tribunal Supremo (TS) ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, conocida como el ‘caso Koldo’. Se le atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, debido a su supuesta posición de liderazgo dentro de la red corrupta.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, sostiene en el auto —al que ha tenido acceso Europa Press— que Cerdán se encargaba personalmente de reclamar a las constructoras favorecidas las cantidades pactadas de forma irregular, recaudarlas y hacerlas llegar a José Luis Ábalos y Koldo García. Según el juez, existía entre ellos una relación «vertical», donde Cerdán ejercía un papel de preeminencia en la distribución de los beneficios ilícitos obtenidos por la organización.
Así serán los primeros cinco días de Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real tras ser encarcelado por el caso Koldo
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha ingresado oficialmente en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid V) tras la decisión del Tribunal Supremo de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza, por su presunta implicación en la trama de comisiones ilegales conocida como el caso Koldo.
Durante sus primeros cinco días en prisión, Cerdán permanecerá en el departamento de ingresos, una fase clave para todos los reclusos preventivos en la que será evaluado por los distintos técnicos del centro penitenciario antes de que se le asigne una celda definitiva.
Evaluación médica, social y psicológica: el protocolo de ingreso penitenciario
Según establece el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, todos los internos recién llegados pasan por un proceso de evaluación integral. Cerdán será examinado a la mayor brevedad posible por el médico del centro y entrevistado por un educador y un trabajador social, quienes detectarán sus posibles necesidades sociales, personales o psicológicas. Esta evaluación inicial también ayudará a determinar su inclusión en programas de tratamiento o intervención específicos.
El objetivo de este procedimiento es ofrecer un modelo individualizado de intervención y velar tanto por su salud como por su seguridad y adaptación al entorno penitenciario.
La celda definitiva y el informe técnico
Durante estos días, los profesionales de Soto del Real emitirán un primer informe de clasificación interior conforme al artículo 99 del Reglamento Penitenciario, que determinará su ubicación definitiva dentro del centro. Esta fase puede incluir una propuesta de separación interior, inclusión en módulos específicos o incluso, en casos puntuales, el traslado a otro centro penitenciario si así se considera oportuno.
Solo se podrá prolongar esta fase inicial más allá de los cinco días por motivos sanitarios o de seguridad, debiendo ser notificado al juez de vigilancia penitenciaria.
Además, la prisión planificará desde el primer momento las actividades educativas, socioculturales, deportivas y de desarrollo personal en las que podrá participar el exdirigente socialista.
El papel de la Junta de Tratamiento
Una vez finalizado el ingreso, la Junta de Tratamiento del centro valorará factores como su ocupación laboral previa, nivel de estudios, formación profesional y situación familiar para definir un modelo de intervención adaptado. Todo ello respetando el principio de presunción de inocencia, dado que Cerdán se encuentra en calidad de investigado y no condenado.
Las acusaciones del Tribunal Supremo: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias
El ingreso en prisión de Santos Cerdán se produce tras un auto firmado por el magistrado Leopoldo Puente, que lo considera pieza clave en la presunta red de adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones, conocida como el caso Koldo. El Supremo atribuye a Cerdán delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Según el juez, Cerdán habría actuado con un papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama, encargándose de reclamar las cantidades pactadas a las constructoras beneficiadas, para después distribuir esos fondos ilícitos entre José Luis Ábalos y Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Soto del Real, la cárcel de referencia para presos políticos y mediáticos
Soto del Real es una prisión tipo ubicada al norte de la Comunidad de Madrid y ha sido en los últimos años centro de ingreso habitual para figuras relevantes envueltas en causas judiciales. Desde políticos hasta grandes empresarios o celebridades mediáticas, este centro penitenciario ha adquirido un perfil altamente visible en causas de impacto nacional.
La adjudicación de obras, clave en la presunta trama
El juez detecta un patrón común en los presuntos amaños de contratos públicos: todas las obras fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que operaba en UTE con otras empresas más pequeñas. Llama la atención que, en ninguno de los casos, la adjudicataria presentó la mejor oferta económica, siendo favorecida sistemáticamente por criterios de valoración subjetivos.
La clave: los audios grabados por Koldo
Uno de los puntos más relevantes de la investigación es la existencia de grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, en las que figuran conversaciones directas con Cerdán y Ábalos. El juez considera estas pruebas como «notabilísimos indicios», subrayando que son conversaciones explícitas protagonizadas por los propios implicados, lo que les otorga un alto valor probatorio.
El magistrado descarta que estas grabaciones hayan sido manipuladas o que Koldo actuase como agente encubierto. Asegura que fueron encontradas en poder del propio García, lo que refuerza su autenticidad.
Declaración de Cerdán: niega los hechos y habla de «persecución política»
Durante su declaración, que ha durado aproximadamente una hora, Cerdán solo respondió a preguntas de su abogado. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el exdirigente socialista ha negado su implicación en los hechos y ha asegurado que todo responde a una cacería política, afirmando ser el «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla de medidas cautelares. En ella, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión, argumentando que Cerdán era el jefe de la organización criminal. A esta petición se sumaron también las acusaciones populares, lo que no ocurrió en su momento con Ábalos y García.
Riesgo de destrucción de pruebas
Aunque el magistrado instructor no considera que exista riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, sí identifica un peligro fundado de que Cerdán pueda destruir o manipular pruebas relevantes de cara al juicio. Por este motivo, ha ordenado su ingreso inmediato en prisión sin posibilidad de fianza.
Posibles nuevos delitos: malversación y fraude fiscal
Durante la vistilla, la Fiscalía Anticorrupción también apuntó a posibles delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, aunque el juez Puente ha indicado que «no es ahora el momento de profundizar» en estos extremos. No obstante, no se descarta que estas acusaciones se sumen en el futuro a la causa.
El Supremo sospecha que más personas podrían haberse lucrado en la trama del ‘caso Koldo’ y cifra el botín en 5 millones de euros
El Tribunal Supremo considera que en la trama del ‘caso Koldo’, por la que ha sido enviado a prisión Santos Cerdán, más personas físicas o jurídicas podrían haber participado y obtenido beneficios económicos ilícitos. Así lo ha señalado el magistrado Leopoldo Puente en el auto por el que acuerda prisión provisional sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE.
Según detalla el instructor, el «botín» de los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública ascendería a 5 millones de euros, muy por encima del millón que habrían recibido José Luis Ábalos y Koldo García, según los indicios recogidos.
El papel de Santos Cerdán en la supuesta red corrupta
El auto judicial establece que Cerdán era el encargado de reclamar a las constructoras favorecidas las comisiones pactadas, supuestamente obtenidas a cambio de adjudicaciones públicas, y posteriormente repartía esas cantidades entre los miembros clave de la trama. La investigación sostiene que existía un patrón organizado que podría implicar a más beneficiarios de lo que inicialmente se creía.
En palabras del magistrado, “el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”. Calcula que si se hubiese aplicado un 1 % de comisión sobre el valor total de las obras adjudicadas, el beneficio económico superaría los 5 millones de euros, “una cantidad varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García”.
Más personas implicadas: una posibilidad abierta
Para el juez instructor, esta diferencia entre el supuesto monto total y lo recibido por los principales investigados sugiere que podría haber más implicados en la trama de corrupción: “refuerza así, siempre en los términos indiciarios, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones”.
A pesar de que todavía no hay imputaciones formales adicionales, el magistrado no descarta nuevas investigaciones en función de cómo evolucionen las diligencias y el análisis de las pruebas obtenidas.
Cerdán niega su implicación y habla de «cacería política»
Durante su comparecencia, Santos Cerdán ha negado cualquier relación con la trama corrupta, rechazando también la existencia de pagos al PSOE. Ha asegurado que su implicación en la causa responde a una persecución política motivada por su papel como «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla para valorar las medidas cautelares, en la que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza, al considerar que Cerdán es el jefe de la organización criminal. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha sido tajante al asegurar que las pruebas y mensajes son lo suficientemente explícitos como para justificar la gravedad de las medidas adoptadas.
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