ANA CÁNOVAS
La presidenta de la Asociación de Hosteleros de la Costa Cálida (Hostetur), Soledad Díaz, ha cifrado entre 60.000 y 70.000 los alojamientos turísticos «alegales e ilegales» que existen en la Región de Murcia. En concreto, ha arremetido contra estos «mal llamados alojamientos de la economía colaborativa» y que están concentrados, fundamentalmente, en la costa.
Así lo ha hecho saber Díaz en una rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse durante más de una hora y media con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a quien ha trasladado las principales inquietudes de Hostetur, Asociación que reúne a la mayor parte de alojamientos turísticos de la Región.
Concretamente, Hostetur representa al 65 por ciento de las camas hoteleras de toda la Región, así como el 86 por ciento de los apartamentos turísticos reglados y el 50 por ciento de las plazas de campings de la Comunidad. Además, genera más de 1.500 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos, tal y como ha subrayado la propia Díaz.
«Hay muchos alojamientos turísticos alegales e ilegales», según Díaz, quien ha remarcado que ya se están tomando «medidas» en la Región de Murcia para tratar de atajar esta problemática y sacar a la luz a «muchos alojamientos que han pasado a la legalidad, que es como deben de estar». No obstante, ha considerado que «hay que seguir trabajando en ello».
Asimismo, cree que los medios humanos «no siempre son suficientes» y ha recordado que todas las comunidades autónomas y las propias empresas del sector están haciendo un seguimiento de los portales de Internet. «Las propias administraciones tienen la potestad para cruzar los consumos de agua o luz con el fin de aflorar este tipo de alojamientos», afirmaba Díaz.
La presidenta de Hostetur ha remarcado que a la administración también le interesa «tener controladas a las personas que pululan» por sus calles. Y es que «en un hotel o en un alojamiento reglado, los clientes están localizados», ya que los establecimientos están obligados a hacer una inscripción vía telemática en la Dirección General de Seguridad, dependiente del Gobierno central.
En los alojamientos «ilegales», en cambio, estas personas «están fuera de control», según Díaz, quien ha destacado que a la administración también le interesa tener controladas a estas personas por el «dinero» que deja de recibir en sus arcas.
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