Los retos del primer año de Legislatura, por Paco Villena

francisco Villena

Francisco Villena

 

Aunque Mariano Rajoy ejerza con prestancia, dada su flema y experiencia, la presidencia del Gobierno, lo bien cierto es que ni el Gobierno, ni su presidente, ni casi nadie que observe el hemiciclo del Congreso, puede ignorar la situación de precariedad parlamentaria del Ejecutivo. La legislatura ha arrancado pero un gobierno sin una mayoría sólida, en solitario o en coalición, en el Legislativo no puede sostenerse por mucho tiempo por estar siempre al albur de apoyos puntuales, que unas veces vienen y otras no. Este lógico desgaste va haciendo mella en la tarea de gobierno y en la opinión pública, en los objetivos y programas de gobierno que, o acaban desdibujados por las aportaciones y condiciones de los coyunturales socios del Gobierno, o acaban en la nada. Aunque Rajoy manifieste, casi todos los días, que su deseo y objetivo es que la legislatura dure los cuatro años, es inimaginable tal predicción si no logra, como mínimo, que el Congreso apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Un gobierno al que no le aprueban los presupuestos en el Congreso, en cualquier democracia occidental, se vería obligado a disolver el Parlamento con la convocatoria de nuevas elecciones, y ahora estamos con prórroga de los presupuestos de 2016 y de los de 2017 ni se sabe cuando los va a presentar el Gobierno, ¿o hay que esperarse al Congreso del PSOE?. Una situación tan atípica como insostenible por muchos meses.

Evitar unas terceras elecciones y posibilitar una gobernabilidad para el país llevó al partido socialista a abstenerse, aunque de modo traumático, en favor de la investidura de Rajoy. Esta “oposición colaboracionista” del PSOE, como algunos le han llamado, que se ha alcanzado en algunos temas importantes no parece que extienda sus efectos a los presupuestos, con independencia del candidato de primarias socialista que llegue a la secretaría general este próximo verano. Las encuestas, el nuevo secretario general del PSOE con su concepción de la Legislatura y de su labor de oposición al PP y las posibles alianzas con Podemos y otras fuerzas parlamentarias serán, por este orden, las que precipiten, o no, una nueva convocatoria de elecciones que el Gobierno no desea pero que sin presupuestos aprobados es muy difícil de justificar.

El propio Rajoy, en su larga presidencia en funciones, ya vaticinaba desde el principio de su interinidad que sin el apoyo/abstención del PSOE al PP íbamos a segundas, terceras y sucesivas elecciones. Y el propio Rajoy sabe perfectamente, aunque no lo diga, que sin la “oposición colaboracionista” del PSOE no se sostiene la Legislatura pues el auxilio de Ciudadanos es insuficiente y el de los nacionalistas vascos, de haberlo, sería excesivamente exigente o gravoso. Qué duda cabe que el resultado de las primarias y posterior Congreso del PSOE (mayo-junio de este año) va a ser determinante para el porvenir de la presente Legislatura. En definitiva, el PSOE en su labor de oposición al PP tiene la llave para acelerar, o no, la disolución de las Cortes. Pero hay otro hecho fundamental para España que condiciona todo lo anteriormente expuesto que es la cuestión catalana. Sin ningún género de dudas el principal problema de nuestro país de nuestra historia reciente, de nuestra democracia.

Hacer frente al desafío separatista, a la convocatoria por segunda vez de un referéndum secesionista y anticonstitucional exige el acuerdo y la unidad de criterio y de acción de los principales partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos. Si el gobierno de la Generalitat convoca para noviembre, como dicen, el referéndum, hará falta algo más que interponer recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno como viene haciendo por sistema, quizá haya que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución y la posterior intervención de la comunidad autónoma catalana. En cualquier caso, sin la unidad de los partidos constitucionalistas y sin un gobierno respaldado en las medidas a adoptar no es posible hacer valer como corresponde el Estado de Derecho frente al órdago separatista. La cuestión catalana obliga a posponer estrategias partidistas, al menos para los que tienen clara la unidad territorial de España y el que la soberanía nacional reside en el pueblo español y no es divisible.