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Valencia

Dos años de cárcel para el expropietario de Marina d’Or por homicidio imprudente en el ahogamiento de una menor

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Marina d'Or por homicidio imprudente
Marina D'Or, en Castellón, en una imagen de archivo. EFE/Pedro ARMESTRE
Castelló, 27 ene (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón ha condenado al ex director general de Marina D’Or en 2015, Jesús Ger, y a otros cinco empleados del complejo hotelero a 2 años de prisión por un delito de homicidio imprudente por la muerte de una menor de 16 años en 2015 cuyo brazo quedó atrapado en un tubo de succión de la piscina del balneario y falleció ahogada.

En la misma resolución, la juez absuelve a dos empleados, un responsable de limpieza y el coordinador de los socorristas a los que también se acusaba del mismo delito.

La menor, de 16 años, falleció el 4 de abril de 2015 sobre las 20.25 horas «a consecuencia de haber quedado atrapado su brazo derecho en un orificio de succión existente en la pared izquierda del vaso principal del complejo Marina D,Or, situado a una altura de unos 30 cm del suelo».

La pequeña caminaba junto a sus hermanos por el interior del vaso de la piscina, en una zona de libre acceso a cualquier usuario, y «se sumergió por debajo de la lámina de agua, quedando su brazo atrapado en una boca con 9 centímetros de diámetro que estaba desprotegida».

Ese orificio de succión «no disponía de rejilla que impidiera el atrapamiento». Los hermanos de la menor intentaron tirar de ella pero no pudieron por lo que pidieron ayuda a los socorristas. Cuatro personas intentaron ayudarla pero no lo consiguieron, por lo que la menor falleció por «anoxial tisular».

La pequeña solo pudo ser rescatada cuando se desconectaron los motores de la bomba, cuyo tubo de succión «debía estar protegido por una rejilla, fijada adecuadamente en la pared».

La sentencia explica que cada año se realizaba una parada técnica en la que todos los jefes de las diferentes secciones estaban presentes para reparar cualquier anomalía o desperfecto y en la de 2015 se constataron anomalías en diferentes rejillas y se repararon aunque «pese a ello, sorprende, la permanencia de ciertas irregularidades» en ellas.

Añade que los socorristas «trataron por todos los medios sacar el brazo de la menor del orificio de succión en el que se había producido el vacío, incluso ayudados por terceras personas, hecho que resultó imposible hasta la parada del motor de las bombas de succión».

La jueza explica que el orificio en el que quedó atrapada la menor «debía estar protegido» y, «de haberse realizado un adecuado mantenimiento, se habría detectado la inexistencia de la rejilla y el resultado no se habría producido».

Cuando se produjo el siniestro «no existía rejilla de protección»; no existía plan de mantenimiento preventivo de las rejillas ni control rutinario de las mismas; y el riesgo de atrapamiento era «cierto», subraya la sentencia.

La responsabilidad de Ger en este caso, radica en «no haber llevado un adecuado control de las acciones encomendadas a sus empleados».

Además, se indica que en el momento del accidente no existía ningún Plan de Seguridad de la piscina del Balneario de Agua Marina que contemplara el riesgo de ahogamiento de los usuarios de la piscina.

Por todo ello se condena a Jesús Ger, al entonces encargado de Recursos Humanos, al responsable de Fontanería y al responsable del departamento de Ingeniería a dos años de prisión, y a los técnicos del balneario -encargados de velar por el cumplimiento de la seguridad- a un año y seis meses de prisión.

Además, deberán indemnizar a 180.000 euros a la familia de la víctima de manera conjunta y solidaria.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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