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Valencia

La jueza de la DANA incorpora la grabación clave del Cecopi realizada por el jefe de Aemet

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Aemet dana 29 octubre
El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo (d), y el jefe de Climatología, José Angel Nuñez, durante la presentación del resumen climático del otoño, el avance del resumen anual de 2024 y la predicción estacional para el invierno 2024-2025. EFE/Kai Försterling

El audio, registrado por José Ángel Núñez, recoge un momento crucial sobre la alerta a la población durante la DANA del 29 de octubre y será prueba en la causa judicial.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha admitido como prueba en la investigación por la gestión de la DANA del 29 de octubre una grabación de más de un minuto realizada por el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El contenido del audio, ya de difusión pública a través de la Cadena SER, recoge un instante relevante de la reunión celebrada en plena emergencia climática, en el que se debate el envío del mensaje ES-Alert a la ciudadanía. En la conversación participan la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y un técnico.

La jueza considera lícita la grabación

Según el auto judicial, el audio fue realizado por uno de los participantes oficiales en la reunión, por lo que no vulnera ni el derecho al secreto de las comunicaciones ni el derecho a la intimidad, dado que no se trata de conversaciones privadas sino de actuaciones administrativas documentables en una situación de emergencia pública. La magistrada subraya que el contenido no afecta al ámbito íntimo de los interlocutores, por lo que puede ser incorporado íntegramente, incluso con imágenes.

De hecho, señala que la aportación de imágenes fue incluso aceptada por la defensa de la investigada Salomé Pradas, quien ya aportó a la causa una fotografía del Cecopi. No hubo objeción por parte del otro investigado, Emilio Argüeso, ex número dos de Pradas.

La jueza añade que la grabación se considera una prueba esencial para analizar cómo se gestionaron las medidas de alerta a la población durante la riada, que dejó graves consecuencias en la Comunitat Valenciana, especialmente en la comarca de l’Horta Sud.

La jueza rechaza un examen forense del testigo de Aemet

En un segundo auto, la instructora deniega la solicitud de un examen psiquiátrico a José Ángel Núñez, presentada por la defensa de Argüeso, que alegaba “lagunas de memoria” y anunciaba posibles acciones contra el testigo. La jueza tacha esta solicitud de «despropósito absoluto» y defiende la coherencia, precisión y valor técnico del testimonio del jefe de Aemet.

Asimismo, critica duramente que se pretenda desacreditar al testigo por su estado mental sin base científica ni hechos concretos, y alerta del riesgo de estigmatización de las enfermedades mentales como táctica legal. Según indica, esta estrategia refleja «la impotencia de la defensa para rebatir los hechos con datos y argumentos».

La instrucción del caso sigue adelante con la declaración de nuevos testigos y la aportación de pruebas que esclarezcan la toma de decisiones durante la DANA del 29 de octubre, en una investigación que pone el foco en la posible negligencia en la activación de protocolos de emergencia por parte de responsables políticos y técnicos.


 

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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