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Valencia

La defensa de Alfonso Grau: «Si las empresas pagaron gastos del PP, no hay malversación»

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Alfonso Grau caso Imelsa
El exvicealcalde de València Alfonso Grau (3 i), durante el juicio en la Audiencia de Valencia por la pieza A del caso Imelsa. EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 13 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- El abogado del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha sostenido este martes en su informe final que «si fue el dinero de la empresas el que pagó los gastos electorales de un partido (PP), eso no tiene nada que ver con la malversación de caudales públicos», al tiempo que ha pedido la libre absolución del que fue mano derecha de Rita Barberá durante cerca de 20 años.

El letrado Jesús Bonet ha leído su informe final en la última sesión del juicio por la pieza A del caso Imelsa, en la que están procesados Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.

Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental en relación a supuestas corruptelas para engordar la ‘caja B’ del partido y financiar con ella las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011.

Ya fue condenado por cohecho (9 meses y 1 día de prisión) por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.

La defensa de Alfonso Grau en el Caso Imelsa

La defensa de Grau ha criticado la inclusión al final del juicio de la acusación de falsedad documental. «El fiscal piensa en que se ha falseado algo para dar cobertura a la malversación, que no se sostiene», ya que a juicio de este letrado las fundaciones que supuestamente derivaron fondos para las campañas del PP no pertenecían al sector público.

Para sostener esta tesis, Bonet ha citado varios párrafos de la sentencia del caso Nóos, en el que Grau -presidente de Turismo Valencia- fue absuelto.

«Si son las aportaciones empresariales (de empresas adjudicatarias del Consistorio) las que motivan el delito, estaríamos ante un supuesto de financiación ilegal», ha manifestado el letrado en referencia a un delito que no se incorporó al Código Penal hasta 2015.

«Seguimos sin saber cuál es el elemento del cohecho»

Sobre la acusación de cohecho, ha afirmado: «seguimos sin saber cuál es el elemento del cohecho, cómo se cifra o canaliza, y eso que se han investigado cuentas bancarias. Si hubiese elementos indiciarios los tendríamos en la sala, y no hay nada. ¿Qué dinero se quedó Grau, cómo lo hizo?».

El abogado ha defendido la declaración contradictoria del que fue asesor de Grau y empleado de Laterne, Jesús Gordillo.

«Podría parecer una casualidad, pero parece causalidad», que Gordillo se incorporase como economista a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de València en 2017, ha afirmado Bonet.

«Alguien quizá conocía su necesidad, estaba en paro. Su aparición en la causa -entregando documentación que permitió ampliar la investigación a 2007- se produce cuando se consideraron prescritos estos hechos por el juez instructor, y gracias a su intervención se reaviva la investigación, es terriblemente extraño».

«¿Alguien se ha preguntado por qué hizo Gordillo lo que hizo? ¿Nadie se ha planteado que a lo mejor le pesó en la conciencia lo que había hecho con quien menos se lo merecía? Si hubiese sido al revés su declaración hubiese sido bienvenida, pero parece que la figura de los arrepentidos sólo es válida si juega a favor de las acusaciones», ha lamentado.

Por último, ha abundado en la «inexistente capacidad de decisión atribuida a Grau» tanto en el Consistorio como en las fundaciones que intervienen en esta causa, y en las dudas que existían sobre su pertenencia al sector público o privado porque, como ha subrayado en varias ocasiones «la malversación no puede ser imprudente, ha de ser dolosa».

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Valencia

Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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