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Valencia

Alfonso Grau pagó más de medio millón en efectivo para la compra de viviendas

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Alfonso Grau
València, 28 abr (EFE).- El exvicealcalde de València y número dos del Consistorio durante la etapa de Rita Barberá, Alfonso Grau, abonó más de medio millón de euros en efectivo en varias operaciones de compraventa de bienes inmuebles, según recoge el sumario del caso Azud.

Grau, que está procesado en este caso como uno de los principales cabecillas de una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas, tuvo un incremento patrimonial de origen injustificado por importe de 728.051 euros, parte del cual se correspondería con el pago en afectivo de viviendas.

Así, para la compra de un inmueble en la plaza Porta de la Mar de València pagó en efectivo 315.230 euros, mientras que para la compra de un local comercial en la avenida Fernando el Católico de esta ciudad, Grau desembolsó también en efectivo 108.182 euros.

En 2008 compró otra vivienda en Callosa d’En Sarrià, su localidad natal, en una operación en la que volvió a abonar cerca de 30.000 euros en efectivo, según consta en diversos informes en el sumario al que ha tenido acceso EFE.

Además, los investigadores dejan patente que desconocen la forma en la que abonó ciertas cargas fiscales, entregas anticipadas y reformas en dichos inmuebles.

Otro de los considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta, el exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa) José Luis Vera, abonó más de 400.000 euros con fondos provenientes de las empresas del empresario Jaime María Febrer para pagar varios inmuebles que adquirió en Valencia y Dos Aguas, así como sus reformas.

Tras conocer estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclamó al juzgado el decomiso de todas esas propiedades, además de cualquier producto financiero de su propiedad e incluso los vehículos de los procesados, entre los que se encuentran un buen número de coches de lujo.

Junto a estas medidas de “aseguramiento patrimonial”, también reclamó el fiscal que los coches decomisados fuesen destinados al uso por parte de unidades policiales porque “son varios modelos de vehículos de diferentes marcas los que facilitan la labor policial de actuación y seguimiento” y para que “no se queden en un depósito sin más, con la depreciación que ello supone, ya que si son utilizados tienen un mejor grado de conservación”.

ARCHIVOS DE FEBRER: FITUR Y RENIONES CON BELLVER

En el registro del domicilio social de la mayor parte de las mercantiles que conformaron el denominado Grupo Axis se intervinieron documentos relativos a reuniones, como las mantenidas entre Jaime Febrer y José Luis Vera.

La primera de ellas habría tenido lugar en abril de 2006, y en los «temas a tratar» aparece la anotación manuscrita «Rubio-VPO», que según el sumario podría vincular al ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafael Rubio con el desarrollo de vivienda protegida que pretendía efectuar el Grupo Axis (que finalmente fue adjudicatario de varios concursos sobre vivienda protegida).

Sobre otra reunión mantenida en febrero de 2007, en las notas aparecen referencias a «colegios» y a un PAI de Xixona, y se incluye la frase «Despacho Marqués de Sotelo. A cuenta. Este viernes 100.000€ sobre«, de la que la UCO indica que esa es la dirección del despacho de la mercantil Vera Llorens.

Otros archivadores intervenidos llevan epígrafes como «Reuniones Jorge Bellver. Reuniones ayuntamiento Moncada», a lo que se suma un lápiz de memoria o «pendrive» de dos gigas serigrafiado como «Fitur Comunitat Valenciana» o un archivo en el ordenador llamado «Luxemburger financer».

DINERO EN EFECTIVO EN CASA DE LAS HIJAS DE GRAU

Durante el registro de los domicilios de una de las hijas de Alfonso Grau se intervinieron, en una caja fuerte dentro de un mueble del salón, un sobre con 3.500 euros (dos billetes de 500 y 50 de 50), que afirmó que era suyo, y otro sobre con 16.000 euros (320 billetes de 50), que indicó que eran de su padre.

El hecho de que se localizasen en su caja fuerte fondos en efectivo propiedad de su padre, junto con el intento de esta de abrir una cuenta bancaria en Francia con la intención de ingresar fondos de origen ilícito, son a juicio de la UCO indicativo del papel jugado en relación al patrimonio supuestamente ilícito del ex vicealcalde.

En el registro domiciliario de otra de las hijas de Grau se intervinieron 3.350 euros en efectivo, mientras que en el caso del exvicealcalde no consta que se interviniera dinero en efectivo, pero sí documentación, contratos y varios discos duros.

PATRIMONIO EN TERCEROS PAÍSES

La UCO ha detectado indicios de que varios investigados tienen masas patrimoniales en terceros países, como Jaime Febrer (al que se vincula con una mercantil radicada en Luxemburgo) y la empresaria Mónica Montoro (con patrimonio en Suiza y que en un correo electrónico intervenido expone su intención de transferir 7 millones de euros a una entidad bancaria con sede en Ginebra).

Otro de los investigados que podría tener bienes en el extranjero es Joaquín Pastor, quien fue detenido en el aeropuerto de Madrid a su llegada de un vuelo procedente de Chile, sobre quien según la AEAT consta «una salida de invisibles» por importe de 100.000 euros, materializado desde uno de sus productos bancarios y con destino a Chile.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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