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Valencia

Alfonso Grau pagó más de medio millón en efectivo para la compra de viviendas

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Alfonso Grau
València, 28 abr (EFE).- El exvicealcalde de València y número dos del Consistorio durante la etapa de Rita Barberá, Alfonso Grau, abonó más de medio millón de euros en efectivo en varias operaciones de compraventa de bienes inmuebles, según recoge el sumario del caso Azud.

Grau, que está procesado en este caso como uno de los principales cabecillas de una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas, tuvo un incremento patrimonial de origen injustificado por importe de 728.051 euros, parte del cual se correspondería con el pago en afectivo de viviendas.

Así, para la compra de un inmueble en la plaza Porta de la Mar de València pagó en efectivo 315.230 euros, mientras que para la compra de un local comercial en la avenida Fernando el Católico de esta ciudad, Grau desembolsó también en efectivo 108.182 euros.

En 2008 compró otra vivienda en Callosa d’En Sarrià, su localidad natal, en una operación en la que volvió a abonar cerca de 30.000 euros en efectivo, según consta en diversos informes en el sumario al que ha tenido acceso EFE.

Además, los investigadores dejan patente que desconocen la forma en la que abonó ciertas cargas fiscales, entregas anticipadas y reformas en dichos inmuebles.

Otro de los considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta, el exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa) José Luis Vera, abonó más de 400.000 euros con fondos provenientes de las empresas del empresario Jaime María Febrer para pagar varios inmuebles que adquirió en Valencia y Dos Aguas, así como sus reformas.

Tras conocer estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclamó al juzgado el decomiso de todas esas propiedades, además de cualquier producto financiero de su propiedad e incluso los vehículos de los procesados, entre los que se encuentran un buen número de coches de lujo.

Junto a estas medidas de “aseguramiento patrimonial”, también reclamó el fiscal que los coches decomisados fuesen destinados al uso por parte de unidades policiales porque “son varios modelos de vehículos de diferentes marcas los que facilitan la labor policial de actuación y seguimiento” y para que “no se queden en un depósito sin más, con la depreciación que ello supone, ya que si son utilizados tienen un mejor grado de conservación”.

ARCHIVOS DE FEBRER: FITUR Y RENIONES CON BELLVER

En el registro del domicilio social de la mayor parte de las mercantiles que conformaron el denominado Grupo Axis se intervinieron documentos relativos a reuniones, como las mantenidas entre Jaime Febrer y José Luis Vera.

La primera de ellas habría tenido lugar en abril de 2006, y en los «temas a tratar» aparece la anotación manuscrita «Rubio-VPO», que según el sumario podría vincular al ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafael Rubio con el desarrollo de vivienda protegida que pretendía efectuar el Grupo Axis (que finalmente fue adjudicatario de varios concursos sobre vivienda protegida).

Sobre otra reunión mantenida en febrero de 2007, en las notas aparecen referencias a «colegios» y a un PAI de Xixona, y se incluye la frase «Despacho Marqués de Sotelo. A cuenta. Este viernes 100.000€ sobre«, de la que la UCO indica que esa es la dirección del despacho de la mercantil Vera Llorens.

Otros archivadores intervenidos llevan epígrafes como «Reuniones Jorge Bellver. Reuniones ayuntamiento Moncada», a lo que se suma un lápiz de memoria o «pendrive» de dos gigas serigrafiado como «Fitur Comunitat Valenciana» o un archivo en el ordenador llamado «Luxemburger financer».

DINERO EN EFECTIVO EN CASA DE LAS HIJAS DE GRAU

Durante el registro de los domicilios de una de las hijas de Alfonso Grau se intervinieron, en una caja fuerte dentro de un mueble del salón, un sobre con 3.500 euros (dos billetes de 500 y 50 de 50), que afirmó que era suyo, y otro sobre con 16.000 euros (320 billetes de 50), que indicó que eran de su padre.

El hecho de que se localizasen en su caja fuerte fondos en efectivo propiedad de su padre, junto con el intento de esta de abrir una cuenta bancaria en Francia con la intención de ingresar fondos de origen ilícito, son a juicio de la UCO indicativo del papel jugado en relación al patrimonio supuestamente ilícito del ex vicealcalde.

En el registro domiciliario de otra de las hijas de Grau se intervinieron 3.350 euros en efectivo, mientras que en el caso del exvicealcalde no consta que se interviniera dinero en efectivo, pero sí documentación, contratos y varios discos duros.

PATRIMONIO EN TERCEROS PAÍSES

La UCO ha detectado indicios de que varios investigados tienen masas patrimoniales en terceros países, como Jaime Febrer (al que se vincula con una mercantil radicada en Luxemburgo) y la empresaria Mónica Montoro (con patrimonio en Suiza y que en un correo electrónico intervenido expone su intención de transferir 7 millones de euros a una entidad bancaria con sede en Ginebra).

Otro de los investigados que podría tener bienes en el extranjero es Joaquín Pastor, quien fue detenido en el aeropuerto de Madrid a su llegada de un vuelo procedente de Chile, sobre quien según la AEAT consta «una salida de invisibles» por importe de 100.000 euros, materializado desde uno de sus productos bancarios y con destino a Chile.

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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